El gobierno nacional confirmó que abril será el último mes en que los 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo cobrarán los $78.000 mensuales que recibían como asignación. A partir de mayo, el esquema se transforma: en lugar de una transferencia directa, el Estado ofrecerá vouchers para que los beneficiarios se capaciten en oficios. Para el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, «la cuestión dineraria se termina».
Para Fernanda Miño, diputada nacional por Patria Grande y una de las principales impulsoras históricas del salario social complementario, se termina mucho más que eso. «Hay familias enteras, y más familias en las provincias, que viven de esos 78.000 pesos«, advirtió Miño en diálogo con NEA HOY. «Es un golpe más para las familias pobres de la Argentina».
Un programa que nunca despegó del todo
Los propios números del gobierno desnudan una contradicción en el argumento oficial. Según el informe número 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso, a junio de 2025 —última información disponible— el programa había logrado la inserción laboral efectiva de apenas 1.500 personas sobre un universo de 900.000 beneficiarios. Es decir, el 0,17%. Otros 55.000 participaron en actividades de formación profesional, el 6,1% del total.
Si el programa no logró insertar laboralmente ni al 1% de sus beneficiarios en más de dos años, la promesa de que los vouchers de capacitación sí lo harán merece, cuanto menos, una explicación detallada. El gobierno, por ahora, no la da, ni a la población ni siquiera a los supuestos beneficiados, que se enteraron a través de las noticias y las organizaciones sociales que desde abril dejarían de recibir el plan.
El NEA, entre los despidos y el almacén de la esquina
Fernanda Miño fue contundente respecto al impacto regional de esta decisión: «Un compañero o una compañera que cobra ese salario en Misiones no lo va a gastar en Buenos Aires, no lo va a gastar en shoppings. Compra en el almacén de la esquina, compra en el kiosco, compra en los mercados de cercanía«. La diputada señaló que se trata de una plata que deja de circular en las propias provincias, profundizando una crisis que ya golpea fuerte en el norte argentino.
Y los datos le dan la razón. En los últimos meses, la planta de calzados DASS en Eldorado confirmó 43 despidos. En Corrientes, la textil Alal cerró sus puertas dejando a 260 familias sin ingresos, en el marco de lo que los propios empresarios de la Unión Industrial describen como una sangría que no para.
«A corto plazo se esperan más cierres. Vamos a tener un año muy difícil«, sintetizó el titular de esa cámara. La encuesta permanente de hogares mostró que la desocupación nacional trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, con el NEA entre las regiones más castigadas. En ese contexto, ¿a qué mercado laboral se supone que llevarán los vouchers de capacitación?
El trabajo invisible de los barrios
Uno de los puntos más salientes de la entrevista con Fernanda Miño fue su defensa del trabajo concreto que sostenía ese ingreso en los barrios populares. «Las compañeras que recibían ese ingreso lo hacían a cambio de una contraparte de trabajo que ya hacían en los barrios«, explicó.
Ollas populares, acompañamiento a familias atravesadas por el narcotráfico, espacios comunitarios donde muchas veces se servía «el único plato caliente del día«. Todo eso fue financiado, en buena medida, con esos $78.000 que el gobierno llama simplemente «transferencia directa«. «Fue una conquista que conseguimos en las calles y la transformamos en ley«, dijo Miño. «Y hoy a este gobierno le importa absolutamente nada el dolor de los pobres«.
¿Capacitaciones para qué y en manos de quién?
Pero quizás la pregunta más incómoda no es sobre los beneficiarios, sino sobre los prestadores. El gobierno anunció que las capacitaciones se realizarán en el Centro de Formación Capital Humano y en centros adheridos en todo el país, con convenios firmados con empresas e instituciones privadas. El mecanismo concreto para determinar quién dictará esos cursos, a qué precio y con qué criterios de calidad no fue explicado con claridad.
Y el antecedente no ayuda. En las últimas semanas se conoció que la esposa del ministro Federico Sturzenegger, María Josefina Rouillet, recibió un contrato de Cancillería por más de $114 millones para capacitaciones en inglés a través de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa que ella dirige. El caso derivó en dos denuncias penales. En paralelo, la consultora de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni habría facturado más de seis millones de pesos en capacitaciones a una empresa con contratos estatales.
Dos casos, dos esposas de funcionarios, dos contratos millonarios para «capacitar«. El patrón obliga a una pregunta legítima: ¿es posible que la eliminación del pago directo a 900.000 familias no sea el fin del gasto, sino su redirección hacia un circuito más opaco, más concentrado y más cercano al poder?
Fernanda Miño lo planteó sin rodeos: «Es una manipulación más. Un retroceso en los derechos de los que menos tienen, disfrazado para que el tiempo se olvide”. Por ahora, el tiempo corre. El 9 de Abril será el último pago, después, silencio.
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