La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar el programa Volver al Trabajo —continuador del antiguo Potenciar Trabajo— no solo implica un cambio de política social: abre un escenario de fuerte incertidumbre para cerca de 900 mil personas que, desde abril, dejarán de percibir un ingreso mensual de $78.000 en un contexto económico todavía marcado por la fragilidad.
El anuncio, formalizado por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, confirma la baja masiva del programa y su reemplazo por un sistema de vouchers orientados a la capacitación laboral. La narrativa oficial plantea una transición desde la asistencia directa hacia la «empleabilidad». Sin embargo, detrás de ese cambio discursivo se acumulan dudas concretas: ¿qué pasa con quienes pierden el ingreso hoy? ¿cuánto tardará en traducirse esa capacitación en trabajo real? ¿y qué ocurre si ese empleo nunca llega?
Durante más de dos años, el monto del programa se mantuvo congelado en $78.000, en medio de una inflación acumulada superior al 280%. Es decir, el propio Estado fue licuando el poder adquisitivo del beneficio hasta volverlo cada vez más insuficiente. Ahora, directamente, lo elimina. La pregunta que queda flotando es si esta decisión responde a una estrategia de inserción laboral o, más bien, a una lógica de ajuste fiscal con impacto directo en los sectores más vulnerables.
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El nuevo sistema introduce condiciones más estrictas: quien abandone la capacitación pierde el beneficio sin posibilidad de reingreso. En un país donde la informalidad laboral supera ampliamente el 40% y donde el acceso al empleo depende de factores que exceden la capacitación individual, la medida puede transformarse en un filtro más que en una solución.
La incertidumbre crece también por la forma de implementación. Los beneficiarios serán notificados por correo electrónico o a través de plataformas digitales, lo que abre interrogantes sobre el acceso real a esa información en sectores que, muchas veces, enfrentan dificultades de conectividad o alfabetización digital. En paralelo, no hay precisiones sobre el monto de los vouchers, su duración ni su equivalencia frente al ingreso que se elimina.
Otro punto crítico es el desfasaje temporal: mientras el ingreso se corta en abril, la transición hacia el nuevo esquema no parece garantizar una cobertura inmediata. En términos concretos, esto implica que miles de personas podrían quedar, al menos por un tiempo, sin ingresos ni alternativas claras.
El Gobierno también destaca el ahorro fiscal —estimado en decenas de miles de millones de pesos mensuales— y su eventual redireccionamiento hacia el sistema educativo. Pero incluso si esos recursos se reinvierten, el efecto es de mediano o largo plazo, mientras que el impacto social del recorte es inmediato.
En ese sentido, la medida parece inscribirse en una lógica más amplia de la gestión de Milei: reducción del gasto público, eliminación de intermediaciones y apuesta por el mercado como ordenador central. El problema es que, en el terreno social, esas transformaciones no ocurren en abstracto, sino sobre realidades concretas marcadas por la desigualdad, la precarización y la falta de oportunidades.
El universo afectado —personas entre 18 y 49 años en situación de vulnerabilidad— no es homogéneo. Incluye trabajadores informales, changarines, mujeres con responsabilidades de cuidado y personas con trayectorias laborales intermitentes. Para muchos, ese ingreso representaba una base mínima de subsistencia. Su eliminación, sin una red de contención clara, puede profundizar situaciones ya críticas.
En paralelo, el discurso oficial de «capacitación para el trabajo» pone el foco en habilidades técnicas específicas —carpintería, plomería, electricidad— que, si bien son valiosas, no garantizan por sí solas la inserción laboral. Sin demanda efectiva, sin políticas productivas que generen empleo y sin un mercado dinámico que absorba esa mano de obra, la formación puede terminar siendo una promesa vacía.
Así, el cierre de Volver al Trabajo no solo redefine una política pública: expone una tensión de fondo sobre el rol del Estado frente a la pobreza. Por ahora, lo único concreto es que, desde abril, 900 mil personas dejarán de cobrar un ingreso mensual. Todo lo demás —la capacitación, el empleo futuro, la movilidad social— permanece en el terreno de la incertidumbre. Y es justamente en ese margen de incertidumbre donde crece la preocupación.
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