La crisis que enfrenta el sistema de atención a personas con discapacidad no muestra señales de mejora. A pesar de los anuncios oficiales y de algunos avances parciales en los pagos, el escenario sigue marcado por demoras prolongadas, cierre de instituciones y una preocupación creciente en las familias. Según los afectados, la situación combina problemas estructurales con decisiones de gestión que profundizan el deterioro.
Cabe señalar que, aunque la Justicia federal ya dejó sin efecto el decreto que suspendía la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno Nacional continúa sin acatar lo establecido por la normativa. Como consecuencia, los pagos siguen sin concretarse desde diciembre del año pasado.
Subejecución y demoras
Para fines de marzo, el Gobierno Nacional había utilizado apenas el 1,48% de los fondos destinados a la atención médica de personas con pensiones no contributivas. En definitiva, se habían abonado $16.846 millones de un total asignado de $1,13 billones. Pero, desde el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad sostienen que “las prestaciones están garantizadas” y que no existe una decisión de recortar coberturas. También aseguran que se comenzó a avanzar en el pago de deudas correspondientes a octubre y noviembre de 2025, y que se trabaja en coordinación con el área de Economía para regularizar la situación.
Sin embargo, en el territorio, prestadores, profesionales y familias cuentan que hay un atraso en los pagos de entre 3 y 6 meses que hacen inviable sostener servicios básicos. Instituciones que durante años brindaron atención a personas con discapacidad se ven obligadas a reducir prestaciones, endeudarse para pagar salarios o, directamente, cerrar sus puertas.
RECHAZADO el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Ahora viene al Senado! Vamos a insistir. LUCHAR SIRVE, fuerte abrazo a todas las familias que se hicieron escuchar. https://t.co/KYUS00usKZ pic.twitter.com/jSgUqu95v0
— Mariano Recalde (@marianorecalde) August 20, 2025
Instituciones en riesgo y un sistema que se achica
La situación es común a casi todo el país. Hoy en día asociaciones con décadas de trayectoria tienen dificultades para sostener hogares y centros de día donde residen personas con discapacidad sin redes familiares de contención. Con esta problemática económica esas personas que dependen de estas instituciones para vivir no saben qué van a hacer mañana sin ellas.
En paralelo, el atraso en los pagos de obras sociales y programas nacionales como Incluir Salud agrava el cuadro. Prestadores denuncian que, aun cuando existen aranceles definidos, la demora en el cobro que puede superar los 90 días, licúa cualquier actualización frente a una inflación que sigue existiendo.
Según el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los incrementos otorgados por el Gobierno resultan insuficientes y están calculados sobre bases desactualizadas, lo que profundiza el desfasaje entre costos reales y financiamiento.
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Tampoco pueden protestar
La crisis también se manifiesta en el plano de la protesta social. En las últimas semanas, familiares y trabajadores del sector intentaron visibilizar la situación mediante manifestaciones frente a la Casa Rosada. En una de esas jornadas, la Policía Federal impidió un acampe en Plaza de Mayo. La situación derivó en empujones y forcejeos entre la policía y las personas con discapacidad y sus acompañantes.
A esto se suma el trasfondo judicial. A comienzos de año, un fallo obligó al Ejecutivo a implementar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad en un plazo determinado, bajo apercibimiento de sanciones. Sin embargo, organizaciones del sector advierten que la aplicación de la norma sigue siendo parcial y que los incumplimientos siguen.
Sostener lo insostenible
En Misiones el Centro de Atención a la Diversidad Funcional (CADIFU) enfrenta una deuda de hasta 7 meses por parte del programa Incluir Salud y otras obras sociales nacionales. La institución cuenta con sedes en Candelaria y San Javier, atiende a 150 personas y emplea a 70 trabajadores. Ahora está en riesgo de perder su continuidad. Su responsable, Amanda Álvarez, viajó a Buenos Aires en busca de respuestas y le contestaron que no hay fechas concretas de pago ni certezas sobre la regularización de la deuda. Mientras tanto, el centro se sostiene a partir de endeudamiento personal y ayuda externa, para intentar evitar interrumpir los tratamientos.
En muchos casos, además de los servicios terapéuticos, las instituciones garantizan transporte, alimentación y contención diaria. Según explican desde el centro, para algunos de los concurrentes esas prestaciones representan la única comida del día. La eventual suspensión de actividades implicaría la pérdida de tratamientos, pero también harían más graves sus condiciones de vulnerabilidad.
En Misiones varios prestadores optaron por continuar operando a pesar de las dificultades. Sin embargo, advierten que el margen de sostenibilidad es cada vez más estrecho. “Ya no hay más para aguantar”, señalan desde el sector. A medida que la situación se prolonga, crece la preocupación por las consecuencias a largo plazo. La falta de atención temprana, la discontinuidad de tratamientos y el cierre de instituciones no solo afectan el presente de las personas con discapacidad, sino que también pueden generar mayores costos sociales y sanitarios en el futuro.
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