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Procesados por la causa ANDIS: funcionarios, empresarios y sombras que llegan hasta la Casa Rosada

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y otras 18 personas por un entramado de sobreprecios, sobornos y fraude al Estado. La causa, que involucra a hombres de confianza del gobierno de Javier Milei, puso al descubierto cómo una agencia destinada a proteger a personas con discapacidad fue convertida en una máquina de enriquecimiento ilícito.
3%

La resolución del juez Casanello, de más de 300 páginas, describe con precisión quirúrgica la manera en que la ANDIS fue vaciada por dentro. No se trató de irregularidades aisladas ni de funcionarios descuidados: la investigación acreditó la existencia de una organización criminal con roles definidos, jerarquías claras y una metodología sostenida en el tiempo. El corazón de la maniobra estuvo en la manipulación del sistema informático de compras del organismo, que permitía aparentar transparencia mientras las adjudicaciones ya estaban resueltas de antemano.

Cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— se alternaban para presentar ofertas en una puesta en escena que simulaba competencia. En realidad, todas estaban vinculadas entre sí, habían sido dadas de alta como prestadoras el mismo día y respondían a pedidos urgentes de autoridades del organismo. Los sobreprecios detectados alcanzaron cifras escandalosas: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas identificó un perjuicio de casi 6 mil millones de pesos solo en una muestra de medicamentos e insumos.

Los cuatro jefes de la banda

Spagnuolo, exabogado personal del presidente Milei, fue señalado como el máximo responsable dentro del organismo. Junto a él fueron procesados como jefes su segundo, Daniel Garbellini, y dos operadores externos: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Estos últimos, con historial en el negocio farmacéutico y vínculos políticos, habrían controlado la ANDIS desde afuera, digitando compras millonarias hacia droguerías amigas y aprovechando declaraciones de emergencia para eludir licitaciones abiertas.

La prueba recabada es contundente: una máquina de contar billetes fue hallada en el domicilio de Spagnuolo, evidencia de que el dinero debía circular en efectivo para ocultar la ilicitud. Los investigadores también documentaron visitas de Calvete a la casa del exdirector, pagos a través de intermediarios y hasta el financiamiento de muebles y reformas en viviendas particulares sufragados por empresas del entramado.

El vínculo con el gobierno libertario

La causa tiene una dimensión política sensible que la Justicia no ignora. En chats recuperados de los teléfonos de los acusados aparece mencionada Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como una figura clave a la que el grupo buscaba acceder. Los audios que dieron origen a la denuncia, atribuidos a Spagnuolo, hacían referencia a comisiones del 3% con destino a la hermana del presidente. Si bien esas grabaciones no fueron utilizadas como prueba directa, la Justicia logró acreditar los hechos a través de expedientes, testimonios e intercambios de mensajes.

El juez también señaló que el esquema podría tener «otro nivel de complicidades» aún no explorado, y ordenó nuevas indagatorias. Entre los citados figura Eduardo «Lule» Menem, asesor cercano a Karina Milei, cuyo nombre apareció en audios como destinatario de información sensible. El Gobierno negó cualquier involucramiento, pero la investigación sigue avanzando.

El rostro humano del escándalo: 80 mil pensiones suspendidas

Detrás de los números millonarios hay personas de carne y hueso. Mientras la cúpula de la ANDIS desviaba fondos públicos, el organismo simultáneamente ejecutaba una auditoría masiva sobre el padrón de pensiones por discapacidad que derivó en la suspensión de al menos 80 mil beneficiarios. Uno de los procesados, Eduardo «Pino» González, estuvo a cargo de ese proceso. Su apodo entre los integrantes de la banda era revelador: «el terror de los rengos«.

Las consecuencias fueron visibles en todo el país. Personas ciegas, sordas, usuarias de sillas de ruedas o con discapacidad intelectual se agolparon durante semanas frente a las oficinas de la ANDIS para conocer su situación. En localidades del interior, los beneficiarios debían recorrer cientos de kilómetros para asistir a las auditorías. Muchos intendentes debieron fletar micros para que sus vecinos no perdieran la prestación. Cerca de 400 mil personas estuvieron a punto de quedar sin la pensión porque el propio gobierno no fue capaz de notificarlas correctamente: la mitad de las cartas documento enviadas nunca llegaron a destino, según reconoció el entonces jefe de Gabinete ante el Congreso.

Una causa que recién empieza

Los 19 procesados permanecerán en libertad, pero enfrentan embargos millonarios y prohibición de salida del país. El embargo sobre los bienes de Spagnuolo supera los 202 mil millones de pesos. Casanello, además, ordenó la pericia de los servidores y dispositivos electrónicos de la droguería Suizo Argentina —otro actor bajo la lupa— y citó a indagatoria a las personas jurídicas de cuatro firmas farmacéuticas.

Lo que quedó expuesto es un esquema de corrupción estructural que convirtió una política pública esencial en un negocio privado. El Estado, que debía proteger a los más vulnerables, fue usado para enriquecer a quienes debían cuidarlo. La investigación, según los propios magistrados, recién está en su primera etapa. El fondo del pozo todavía no tiene fondo visible.

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