Con la entrada en vigencia del Decreto 84/2026, que reglamenta la Ley de Emergencia en Discapacidad Nº 27.793, se activó un nuevo marco normativo que redefine el sistema de pensiones por discapacidad, el rol del CUD y la situación económica de los prestadores de servicios.
La norma busca fortalecer la protección social y dar previsibilidad a un sistema que venía atravesando fuertes tensiones, tanto por los recortes proyectados como por el atraso en los aranceles. En el siguiente se podrá tener acceso al decreto 84/2026 de Reglamentación de la Ley de Emergencia de Discapacidad.
Nuevo régimen de Pensiones por Discapacidad
Uno de los ejes centrales de la Ley de Emergencia es la creación del Régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, que reemplaza el enfoque limitado a la invalidez laboral por una mirada más amplia de la discapacidad.
Este nuevo esquema garantiza un ingreso equivalente al 70% de la jubilación mínima, destinado a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. Para acceder, los ingresos personales no deberán superar dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, sin considerar los ingresos del grupo familiar.
¿Hay que hacer trámites para seguir cobrando?
Desde el Gobierno aclararon que quienes ya perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral o por Vejez no deberán realizar ningún trámite. En esos casos, la conversión al nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social será automática.
En cambio, quienes deseen solicitar la pensión por primera vez deberán aguardar los lineamientos operativos que emitirá la Secretaría Nacional de Discapacidad, ex ANDIS.
Certificado Único de Discapacidad (CUD) y su impacto
En relación al Certificado Único de Discapacidad (CUD), la reglamentación establece que todas las personas que cuenten con este certificado quedarán incorporadas al nuevo sistema de pensiones, bajo el criterio de protección social.
Según estimaciones oficiales, en los próximos años podrían incorporarse al menos 400 mil nuevas pensiones, una cifra que contrasta con el recorte de 200 mil beneficios que el Ejecutivo tenía proyectado. El Gobierno ratificó que continuarán las auditorías sobre el sistema.
La Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, dictará, previa intervención del Consejo Federal de Discapacidad, los lineamientos y criterios relativos a la certificación de la discapacidad y al CUD.
Actualización de aranceles para prestadores
Otro punto clave de la Ley de Emergencia es la actualización de los aranceles para prestadores de servicios a personas con discapacidad, en el marco de la Ley Nº 24.901, una demanda histórica del sector.
El decreto también contempla:
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Condonación de intereses de deudas impositivas y previsionales.
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Financiamiento del capital adeudado ante ARCA (ex AFIP).
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Fortalecimiento del Sistema Único de Prestaciones.
Además, se crea una compensación de emergencia que deberá ser financiada por el Estado para cubrir el desfase entre inflación y aranceles, junto con mecanismos de actualización automática.
Un nuevo escenario para la política de discapacidad
Con la reglamentación ya en marcha, la Emergencia en Discapacidad dejó de ser solo una declaración política para convertirse en un esquema operativo concreto. El desafío ahora será la implementación efectiva, el control del sistema de pensiones y la capacidad del Estado para sostener derechos en un contexto de restricciones fiscales y alta demanda social.
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