El sector textil argentino atraviesa una de sus etapas más críticas de los últimos años. Lejos de mostrar señales de recuperación, la actividad encadena meses de caída sostenida en las ventas, con un impacto cada vez más visible en la producción, el empleo y la cadena de pagos entre empresas.
Según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las ventas registraron una baja interanual del 8,4% en el primer bimestre de 2026. El dato no es aislado: en 12 de los últimos 13 relevamientos bimestrales se observaron retrocesos, lo que consolida un escenario de contracción prolongada que ya lleva casi dos años.
Este deterioro se da en un contexto de fuerte debilitamiento del mercado interno, marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el ajuste económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei. A esto se suma la apertura de importaciones, que incrementa la competencia para la producción local en un momento de alta fragilidad.
Uno de los indicadores más alarmantes es el desplome en la utilización de la capacidad instalada. En enero, el sector operó apenas al 23,7%, muy por debajo del 33,9% registrado en el mismo mes del año anterior, según datos del INDEC. La caída en la producción también es contundente: la fabricación de tejidos se retrajo 33,7%, mientras que la de hilados de algodón cayó 33,1%.
La falta de demanda aparece como el principal problema. Ocho de cada diez empresas la señalan como su mayor preocupación, reflejando el impacto directo del enfriamiento del consumo. En paralelo, el 63% de las firmas reportó una baja en su nivel de actividad, lo que profundiza el círculo de contracción.
Este escenario empieza a trasladarse con fuerza a la cadena de pagos. El 80% de las empresas presenta dificultades financieras, con un aumento significativo de atrasos en los compromisos. En apenas un bimestre, las compañías sin problemas de pago cayeron del 40% al 21%, mientras se duplicaron los casos de incumplimientos ocasionales.
Detrás de este fenómeno hay una combinación de factores que agravan la situación: caída de ventas, aumento de costos y escasa capacidad para trasladar esos incrementos a los precios finales. De hecho, la mitad de las empresas no logró ajustar sus precios en línea con los costos, mientras que otro 43% solo pudo hacerlo parcialmente.
A esto se suma un problema creciente de sobrestock. El 50% de las firmas reconoce tener niveles excesivos de mercadería acumulada, el valor más alto desde mediados de 2024. Este fenómeno refleja una demanda que no logra reactivarse, mientras las empresas intentan sostener su producción en un contexto adverso.
El impacto social de esta crisis ya es evidente. En el plano laboral, las empresas comenzaron a ajustar sus plantillas: el 25% optó por no reemplazar renuncias, mientras que los despidos alcanzan al 21% de las decisiones sobre personal, en aumento respecto de meses anteriores. La pérdida de empleo se convierte así en una consecuencia directa del derrumbe de la actividad.
En paralelo, la caída del salario real profundiza el problema. Aunque las paritarias muestran incrementos nominales, estos no logran compensar la inflación acumulada. Según relevamientos privados, el poder adquisitivo de los trabajadores se ubica más de un 5% por debajo de períodos anteriores, lo que impacta directamente en el consumo de bienes como la indumentaria.
El panorama hacia adelante tampoco es alentador. Las expectativas empresarias continúan deteriorándose: solo el 16% de las compañías prevé una mejora en sus ventas en el corto plazo, mientras que una de cada cuatro anticipa nuevas caídas. La mayoría, en tanto, espera un escenario de estancamiento.
Así, el sector textil se convierte en un reflejo del momento económico general: caída del consumo, deterioro productivo y creciente fragilidad financiera. Sin señales claras de reactivación del mercado interno, la crisis amenaza con profundizarse, dejando a su paso más empresas en dificultades y un mercado laboral cada vez más golpeado.
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