El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y su reemplazo por la nueva OSFA, con el argumento de contener el deterioro operativo y financiero del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La decisión se formalizó este martes a través de un decreto que establece la división definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La medida apunta a enfrentar una crisis financiera, con una deuda auditada cercana a los 200.000 millones de pesos. Desde el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete sostienen que el esquema anterior era inviable debido a irregularidades de administraciones previas y a un desbalance estructural que ponía en riesgo la cobertura de más de 500.000 beneficiarios.
La nueva OSFA funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, y contará con personería jurídica propia para administrar la cobertura sanitaria del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus familias. En tanto, la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad y tendrá a su cargo la atención de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.
El detrás de escena de la disolución
La disolución del IOSFA se produce tras un deterioro acelerado de su situación económica. La obra social de las Fuerzas Armadas pasó, en menos de dos años, de exhibir superávit a arrastrar una deuda millonaria que distintas estimaciones ubican entre los $126.000 y los $250.000 millones. Al cierre de 2023, el balance oficial mostraba un resultado positivo de $2.960 millones.
Según documentación oficial y denuncias internas, la crisis se profundizó a partir de la toma de deuda, contrataciones cuestionadas y recortes en prestaciones esenciales. En 2024, durante la gestión de Milei, el Directorio autorizó un préstamo por $40.000 millones ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), una decisión resistida internamente y que, según expedientes, se utilizó para cancelar pasivos previos.
El impacto en los afiliados fue inmediato, con suspensión y reprogramación de cirugías, faltantes de medicamentos para tratamientos críticos y demoras en reintegros en distintas provincias. Al mismo tiempo, salieron a la luz gastos polémicos en compras y servicios que alimentaron los cuestionamientos a la gestión. La situación se agravó en un contexto de inestabilidad institucional: el IOSFA tuvo tres presidentes en 18 meses, lo que profundizó la crisis de gobernanza. Este escenario de colapso financiero y desmanejo fue utilizado por el Gobierno como principal argumento para avanzar en la disolución del organismo y la creación de las nuevas obras sociales.
Uno de los puntos clave del decreto es la protección de los fondos. La norma fija un esquema de distribución obligatorio para ambas obras sociales:
- 80% de los ingresos: destinado únicamente a prestaciones médico-asistenciales.
- Hasta 8%: para gastos administrativos y operativos.
- 12% restante: podrá utilizarse en otras prestaciones sociales, siempre que esté asegurada la cobertura de salud.
Con el fin de evitar problemas similares a los registrados en el IOSFA, el Gobierno estableció exigencias de idoneidad técnica para quienes integren los directorios. Los funcionarios deberán demostrar experiencia en gestión y en el área de salud, en el sector público o privado. Asimismo, ambas obras sociales estarán bajo auditoría permanente de la SIGEN y sujetas a un régimen estricto de incompatibilidades.
Con información de El Destape
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