En un movimiento de alto impacto político y judicial, el presidente Javier Milei ordenó mediante un decreto (87/26) retirar al Estado como querellante en la causa que investiga el controversial crédito por USD 57.100 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Mauricio Macri en 2018 y 2019. La decisión, tomada en la noche del jueves, se produce en un contexto de fuertes controversias sobre el destino de esos fondos y favorece directamente a dos de sus principales ministros: Luis «Toto» Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), quienes fueron actores clave en la negociación y manejo de aquel préstamo durante la gestión macrista.
La medida llega apenas 72 horas después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti –designada en su cargo por Macri y con conocidos contactos en el PRO– resolviera el archivo de la investigación. Sin embargo, ese fallo no estaba firme, ya que el fiscal federal Franco Picardi lo apeló de manera contundente, argumentando que la magistrada realizó una «evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial» de las pruebas.
El contenido del decreto y el objetivo declarado
El artículo 2° del decreto presidencial instruye a la Procuración del Tesoro «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019», caratulada «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros». Según averiguaciones del medio «La Política Online», sostuvieron que el objetivo de Milei no sería directamente favorecer a Mauricio Macri, sino a sus colaboradores más cercanos, Caputo y Sturzenegger, integrando así un frente político y judicial común.
Este giro marca una inversión total en el discurso público de Milei, quien antes de asumir la presidencia fue un crítico feroz del megacrédito del FMI gestionado por Macri y Caputo, calificándolo de negligente y oneroso para el país.
La causa y los argumentos a favor y en contra
La investigación, iniciada en 2021 durante el Gobierno de Alberto Fernández, se centraba en dos ejes principales: la presunta vulneración de la Constitución y las leyes al no consultar al Congreso Nacional para contraer una deuda de semejante magnitud, y la acusación de que los fondos no se usaron para fortalecer las reservas –como se argumentó oficialmente– sino para financiar una fuga de capitales y ofrecer un seguro de cambio a inversores especulativos.
En su fallo de archivo, la jueza Capuchetti argumentó que no existía una norma que impusiera un «destino obligatorio y preciso» a los recursos, por lo que las conductas no podrían calificarse como delito de malversación. Sin embargo, el fiscal Picardi, en su apelación, sostuvo que se contrajo la deuda «vulnerando la Constitución Nacional» y que se destinaron las sumas «de manera ruinosa» al «financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados».
La decisión de Milei desactiva la capacidad del Estado para apelar y llevar adelante la acción penal, debilitando significativamente la causa en un momento crítico. Esto ocurre mientras Argentina enfrenta pagos por más de USD 57.000 millones de deuda en los próximos 18 meses, gran parte de ella heredada de aquel préstamo.
La movida es interpretada en el ámbito político como una consolidación de la alianza entre La Libertad Avanza y sectores del PRO, y un intento de cerrar definitivamente una investigación que pondría en evidencia no sólo a la gestión de Macri, sino también a figuras claves del actual Gobierno.
Con información de La Política Online (LPO)
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