Todas las relaciones suelen tener una etapa de mayor afecto y comprensión que con el tiempo y las actitudes va cambiando. Ese es el caso de los gobernadores dialoguistas, que no se sabe si están dando por finalizada la luna de miel con el Gobierno Nacional o están en una etapa rebelde por las novedades del Presupuesto 2025.
Los gobernadores opositores también mostraron preocupación, pero lo que llama la atención es que el reciente Pacto de Mayo, que se firmó en julio, parece estar desmoronándose. Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) han comenzado a expresar sus reclamos y disconformidades con el Presidente y su gestión.
Las condiciones del Pacto de Mayo
El Pacto de Mayo es un documento diseñado por el Gobierno de Javier Milei de 10 políticas esenciales.
La primera propuesta fue la “inviolabilidad de la propiedad privada”, respaldada por la Constitución.
En segundo lugar, se enfatizó el “equilibrio fiscal innegociable”, destacando que el gobierno logró superávits primarios y financieros en sus primeros meses, principalmente a través de recortes en jubilaciones y gastos de capital.
Además, se plantea una reforma laboral para promover el empleo formal y una reforma previsional que garantice la sostenibilidad del sistema de jubilaciones. Sin embargo, la opción de suscribirse a un sistema privado fue eliminada. Finalmente, el pacto aboga por una apertura al comercio internacional.
Una de las metas más ambiciosas del pacto, y tal vez la parte donde los gobernadores debían prestar más atención, es reducir el gasto público al 25% del Producto Bruto Interno (PBI). El pacto, además, incluye la revisión de la coparticipación federal.
Pullaro, Llaryora y Weretilneck, quienes se alinearon inicialmente con el Gobierno Nacional (junto a otros 14 gobernadores y el jefe de gobierno porteño), ahora se encuentran leyendo la letra chica.
Los reclamos de Santa Fe
El Gobernador Maximiliano Pullaro expresó su desconcierto ante los lineamientos del presupuesto 2025 anunciados por el presidente. Pullaro reconoció que las variables presentadas por el presidente obligaron a su equipo a reformular aspectos del proyecto provincial, que debería enviarse a la Legislatura antes del 30 de septiembre, aunque se pedirá una prórroga de 30 días.
El discurso presidencial propuso una inflación anual del 18%, pero el gobernador santafesino había previsto cifras más altas para el 2025. Esto generó la necesidad de ajustar la proyección de gastos y recursos provinciales.
Desde la Casa Gris, Pullaro exigió el cumplimiento de compromisos asumidos por la Nación, específicamente en relación a la obra pública y el pago de deudas. El gobernador señaló que la ausencia de obras en el presupuesto es inaceptable, sobre todo tras el acuerdo firmado con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“El acueducto Gran Rosario, la planta de Aguas Santafesinas, y otras obras fundamentales no pueden ser ignoradas”, afirmó Pullaro, quien también ha instado al gobierno nacional a saldar la deuda que tiene con Santa Fe. “La Nación no puede pretender renegociar lo que ya está establecido por ley”, añadió, subrayando la necesidad de que se honren los compromisos anteriores al pacto.
La incertidumbre de Río Negro
Alberto Weretilneck, en Río Negro, también se quejó. Su crítica al presupuesto 2025 fue contundente, señalando que el discurso de Milei representa un ajuste “tremendo” que podría llevar a una crisis en las provincias. “El gobierno nacional se retira de muchas responsabilidades, y eso no se puede trasladar a las provincias sin un plan claro de financiamiento”, afirmó.
Entre las preocupaciones más grandes de Weretilneck están las rutas de Vaca Muerta y el retraso de fondos para obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El gobernador busca afinar su estrategia para conseguir beneficios en su gestión y pelear junto al gobernador neuquino, Rolando Figueroa, por el control de rutas petroleras y pasos internacionales.
El reclamo por el traspaso de rutas se complica con la necesidad de obtener financiamiento para proyectos de agua y cloacas en localidades clave, que aún dependen de créditos internacionales. A pesar de la urgencia (y pacto firmado), el clima económico actual sugiere que las transferencias para obras desde la Casa Rosada serán mínimas o nulas.
Desde su asunción, Weretilneck ha movilizado esfuerzos para asegurarse recursos, incluyendo reclamos para la construcción de terminales de ómnibus y proyectos de saneamiento en varias localidades, todos pendientes de financiamiento. Tanto es así que el Gobernador apoyó por completo la Ley Bases con un polémico reclamo.
Con el nuevo contexto político y económico, su administración se enfrenta a un panorama incierto. Más aún ahora que Petronas declinó la participación en la planta de GNL que Milei decidió, a último momento, mover de Buenos Aires a Río Negro.
Las deudas de Córdoba
Por su parte, Martín Llaryora, Gobernador de Córdoba, comenzó a alzar la voz. En una reciente reunión con Francos, Llaryora presentó una lista de 25 obras por un total de $135.000 millones, que reclama sean incluidas en el presupuesto. De las 25 obras propuestas, 10 están casi completadas, mientras que otras están en fases iniciales, y algunas, como la provisión de agua en Achiras, son de alta relevancia social.
La Vicegobernadora Myrian Prunotto y otros funcionarios han establecido los temas prioritarios, como convenios para autovías, rutas, desagües y fondos para la Caja de Jubilaciones. El gobernador también busca un fallo judicial que corrija un déficit de $450.000 millones que afecta a la provincia.
“No se puede aceptar un ajuste que perjudique a los ciudadanos de Córdoba”, advirtió. Estos dichos reflejan una creciente frustración entre los gobernadores que, a pesar de haber firmado acuerdos, ahora sienten que están en una posición vulnerable ante un gobierno que prioriza el ajuste fiscal sobre el desarrollo provincial.
El problema del presupuesto 2025
El contexto del presupuesto 2025 es crítico. Milei ha solicitado un ajuste de $60.000 millones de dólares del que se tendrían que hacer cargo las provincias. Los gobernadores sostienen que esta medida no sólo es inviable, sino que también compromete la capacidad de las provincias para cumplir con sus obligaciones en salud, educación y seguridad.
Pullaro insiste en que Santa Fe no puede realizar un aporte mayor al que ya contribuye, argumentando que recibe 3 veces menos de lo que aporta al Estado nacional. Llaryora, por su parte, enfatizó la necesidad de que la Casa Rosada cumpla con sus promesas de financiamiento, mientras que Weretilneck se centró en la crítica a un ajuste que considera desmedido.
Todas las justificaciones son válidas, pero también es cierto que pecan de falta de solidaridad, y quien dice, estrategia. Porque lo que afecta a las 3 provincias, también afecta al resto del país y tal vez el reclamo sería más contundente si todos los gobernadores se pusieran de acuerdo y reconocieran el valor de todas las provincias.
La clave para el futuro de estas relaciones podría residir en la capacidad de Milei para escuchar y responder a las demandas de los gobernadores. La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno Nacional podrá adaptarse a esta nueva realidad o si, por el contrario, verá cómo se desploma el pacto que prometía un nuevo comienzo.
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