El presidente Javier Milei envió este domingo al Congreso el Presupuesto 2025 en el que se autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3.8 billones y, en caso de ser aprobado, habilitaría un esquema de auditorías con el que el Ministerio de Capital Humano podría suspender las transferencias.
En diálogo con Radio Sudamericana el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, “la duda que tenemos porque hasta ahora no se realizó el veto del Presidente, el presupuesto universitario lejos está de modificar esa meta inflacionaria, tampoco los indicadores macroeconómicos del presupuesto”.
“Nosotros cuando hicimos la propuesta representaba un 0,14% del recupero de todos los créditos fiscales que estarían proyectados dentro del presupuesto, o sea que no habría modificaciones”, explicó.
A su vez, Larroza aseguró que “el Presupuesto que se presentó ayer es la mitad de lo que nosotros habíamos proyectado. Desde el análisis primario que estamos haciendo tenemos un presupuesto asignado un 36% menos de lo que habíamos proyectado, esto será un punto que tendremos que discutir”.
“En un análisis global, la inflación acumulada entre el 23 y el 25 es del 598,8% y el aumento se dio 429% están por debajo del 130% si es que se hace por índices inflacionarios. Nosotros como Universidad no estamos en esas estimaciones siendo que han sido pautas de redistribución que hemos priorizado”, añadió.
Presupuesto 2025: Milei insiste con apropiarse de la facultad de auditar a las universidades
En ese sentido, con el fin de controlar el gasto, el Gobierno pidió a través del Presupuesto 2025 poder auditar el envío de fondos a las universidades nacionales, una facultad que actualmente recae sobre la Auditoría General de la Nación (AGN), bajo aprobación del Congreso.
El artículo 17 fija como crédito para «financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de PESOS TRES BILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS ($3.804.260.408.806), de acuerdo con el detalle de la Planilla Anexa al presente artículo».
A continuación, el proyecto indica que las Casas de los Altos estudios «deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente de la Secretaría de Educación del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto».
Luego propone que el ministerio que conduce Sandra Pettovello «podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma».
Además señala que cada universidad deberá indicar para cada ejercicio fiscal «la clasificación funcional de Educación y Cultura; Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional».
Y, en cuanto a las plantas de personal docente y no docente sobre las que se aplicarán los aumentos salariales en el año 2025, aclara que «serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2024», salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Fuente: Radio Sudamericana.
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