Un día antes del feriado por el día del trabajador, el gobierno logró una media sanción al nuevo Proyecto de Ley Bases, obteniendo 142 votos positivos en la Cámara de Diputados de la Nación y debiendo ahora seguir su debate en la Cámara de Senadores.
En sus 70 páginas y dividido en 8 títulos y 102 artículos, el proyecto propone una serie de delegaciones al Poder Ejecutivo así como un paquete fiscal con grandes incentivos a empresas y megaproyectos, en un contexto en el que el gobierno deroga derechos adquiridos y aumenta impuestos a monotributistas y pymes.
Como una versión invertida del personaje inglés Robin Hood que “robaba a los ricos para dárselo a los pobres”, analistas como Jorge Elizondo, Mayra Mendoza o incluso diputados como Julia Strada e Itai Hagman advierten que el proyecto propone un país en donde gran parte de la carga fiscal termine sostenida por trabajadores y pequeñas empresas, mientras se dan beneficios a las grandes fortunas.
Un día antes del 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores, 142 diputados aprobaron la #LeyBases de entrega de la Argentina y ahora es responsabilidad del Senado poner un freno a este proyecto que contempla la pérdida de derechos, de soberanía y de dignidad para todos. pic.twitter.com/o4DU9zQv1T
— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) April 30, 2024
Riqueza y monotributo
Dentro del paquete fiscal del proyecto de Ley Bases, uno de los cambios más importantes que busca implementar es una reducción del impuesto a bienes personales, que se aplica a quienes tengan una valuación patrimonial, sea en el país o en el exterior, superior a un monto establecido.
En el proyecto de Ley Bases, el gobierno propone subir el piso de este monto mínimo, pasando de 27 a 100 millones de pesos pero además reduce mucho el impuesto. Mientras que en la actualidad las alícuotas van del 0,5% al 1,75% para los bienes en el país y del 0,7% al 2,25% para los bienes en el exterior (una de las alícuotas más bajas en el mundo para un impuesto de éstas características), el gobierno propone una sola alícuota de 0,25% anual.
Lo que llama la atención es que, dentro del mismo paquete fiscal, propone un aumento del impuesto integrado de importes que pagan mensualmente los monotributistas y elimina el monotributo social, destinado generalmente a los trabajos de menor ingresos como cartoneros o la agricultura familiar, que pasarán a pagar un mínimo de $26.000 por mes para poder facturar.
Esto significa que para poder facturar por su trabajo y tener cobertura médica y aportes, un cartonero, empleada doméstica, agricultor o vendedor ambulante, pagarán un total de $312.000 pesos al año, mientras que alguien que tiene bienes tasados en 100 millones de pesos estará pagando $250.000.
Aportes y Jubilados
Dentro de la Ley Bases se encuentra un capítulo dedicado a la reforma laboral. Con el pretexto de incentivar a las empresas a contratar empleados, el capítulo incluye una flexibilización de los contratos de trabajo y establece que se perdonen multas por no registrar trabajadores, no registrar parte del salario o no registrar indemnizaciones.
Lo grave es que esto recae en el trabajador, ya que si un empleador no registra a su empleado, o subregistra su salario, éste trabajador no estará percibiendo sus aportes jubilatorios, por lo que a la hora de jubilarse, podría pasar el resto de su vida con una jubilación más baja de la que le correspondería o peor, no llegar con los aportes suficientes para jubilarse.
Y lo peor de esto es que el capítulo también deroga la posibilidad de la moratoria aprobada por ley en marzo del 2023, que le da la posibilidad a jubilados y jubiladas de realizar los aportes después de haber alcanzado la edad jubilatoria.
Estos son los que bajaron el impuesto a los bienes personales de los ricos y subieron el impuesto a las ganancias de los laburantes!
👇🏻pic.twitter.com/JRJUNAzEdY— Juan Facundo Marocco 🇦🇷❤✌🏻 (@MaroccoJFacundo) May 3, 2024
En cambio, la reemplazará por una Prestación de Retiro Proporcional para hombres y mujeres que no cuenten con 30 años de aporte a los 65 años. Quienes entren dentro de éste sistema pasarán a cobrar un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que es el 80% de la jubilación mínima.
Entonces, mientras permiten que un empleador mantenga a su empleado en negro para no pagar sus aportes, una persona que trabajó toda su vida para un empleador que no le pagó sus aportes será perjudicado pudiendo acceder solo al 80% de una jubilación mínima.
El caso es especialmente grave para las mujeres, que son estadísticamente quienes se desempeñan en trabajos con mayor informalidad. De acuerdo a un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizado en julio del 2022, el 75% de las personas que accedían a la jubilación a través de la moratoria eran mujeres. De aprobarse el proyecto de Ley Bases, estas mujeres no solo deberán esperar 5 años más para obtener su jubilación sino que además recibirán un 20% menos.

Blanqueo de capitales
El controversial segundo capítulo del proyecto de Ley Bases contempla una generosa posibilidad de blanqueo para los contribuyentes que no tienen sus activos declarados en el país, ya sea porque los tienen en el exterior para no pagar impuestos o porque no los ingresaron al mercado por no poder justificar su procedencia.
De aprobarse el proyecto, las personas tendrán la posibilidad de blanquear hasta 100 mil dólares sin pagar ningún tipo de penalización por bienes no declarados. Quienes superen esta cifra podrán pagar una alícuota del 5% sobre el excedente hasta el 30 de septiembre.
Mientras tanto, la AFIP anunció que controlará todas las transferencias bancarias que superen los $200.000 con la posibilidad de sancionar aquellas que no emitan una factura o comprobante por un monto equivalente dentro de las actividades como operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios.
De aprobarse esta Ley, Argentina se convierte en un país más desigual y más injusto.
Mi intervención en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de Ley Bases: pic.twitter.com/fcTDH9Ivjx— Julia Strada (@Juli_Strada) April 30, 2024
Locales contra multinacionales
Dentro de los capítulos más importantes del proyecto Ley Bases se encuentra el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”, conocido como RIGI. Se trata de una propuesta que impulsa la gestión de Javier Milei con el objetivo de atraer dólares a Argentina.
Se trata de una propuesta que incentiva el ingreso de grandes proyectos brindando amplios beneficios tributarios y cambiarios para inversiones mayores a los un mínimo de U$D 200 millones de capital. Además, el proyecto brinda a estas empresas una estabilidad fiscal por 30 años, lo que implica que sus estos proyectos no podrán ser afectados por cualquier ley o cambio que propongan, por ejemplo, las provincias en donde se realizan estas explotaciones.
El sistema está pensado para que las grandes empresas multinacionales generen proyectos de extracción de gas, minería o petróleo, dándoles los mismos beneficios que podrían tener empresas nacionales pero con el plus de que tengan una reducción del impuesto a las ganancias, exención de IVA, derechos de importación 0%.
Argentina va camino a ser una guarida fiscal:
Blanqueo, cesión de soberanía jurídica y beneficios impositivos y cambiarios escandalosos con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones de la ley Bases de Milei.
Mi nota del domingo en @pagina12
👇https://t.co/FSt9f0KmAq— Alfredo Zaiat (@AlfredoZaiat) May 5, 2024
Lo llamativo es que semanas antes, el gobierno nacional A través de la Resolución 30/2024 publicada por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, anunció la modificación de los parámetros de categorización que deben tener en cuenta Micro, Pequeñas y Medianas empresas a la hora de facturar para no perder beneficios fiscales.
Como esta actualización quedó por detrás de la inflación, muchas empresas estarán recategorizándose de manera forzosa a una categoría más alta. Entonces, mientras se le otorga beneficios fiscales a grandes proyectos, miles de Pymes estarán perdiendo beneficios de reducción de contribuciones patronales, impuestos al débito y crédito, eliminación del pago diferido en el IVA, planes de pago o de tasas de interés menos elevadas.
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