El presidente Javier Milei se refirió a su plan de ajuste como “motosierra” (recorte de gastos del estado), y “licuadora” (baja del poder adquisitivo de las jubilaciones y salarios). El plan, ejecutado desde el 10 de diciembre con la baja de contratos y devaluación de la moneda, tuvo como resultado miles de millones de dólares en “ahorro” del estado que no se está utilizando para asistir a la gente de mayores necesidades.
De acuerdo al Ministro de Economía Luis Caputo, el primer bimestre cerró con un superávit primario de 3,243 billones y un resultado financiero de $856.000 millones, la mejor performance desde el 2011.
Esto es el resultado de un recorte del gasto público del 38%, explicado mayormente por la baja de los salarios, corte de la obra pública y envíos a las provincias y eliminación de subsidios a la energía que resulta en facturas de gas y de luz mucho más caras para la población.
Según la consultora Econviews, “El desplome real de jubilaciones y pensiones contributivas (-38%), otras prestaciones sociales (- 17%) y salarios del sector público (-23%) significó 54% de la caída total del gasto primario en enero y febrero”. Además, “la reducción de subsidios económicos y transferencias a provincias es 19 por ciento. El otro 20% corresponde al gasto de capital, que está prácticamente frenado”.
En términos nominales, el plan significó un ahorro estatal de $5,5 billones. $1.873.000 millones de éstos fue posible sobre las espaldas de los jubilados y pensionados, que vieron sus pensiones reducidas un 38%. $748.000 millones corresponden a la eliminación de la inversión estatal directa, y $385.000 millones corresponden a la pérdida del 23% de los salarios públicos.
Este ahorro se produce en un contexto en el que el estado nacional insiste en despedir y cerrar organismos, se niega a realizar aportes a los comedores y merenderos da de baja prácticamente todas las partidas destinadas a los más afectados por la crisis. Esto lleva a preguntarse, si la gente no está siendo beneficiada por el ahorro estatal (sino, más bien, perjudicada), ¿Quién se está llevando lo que el estado ahorra?
La patria financiera
No todo el país está a la baja. Mientras los salarios e inversiones productivas bajan, el sector financiero arroja números en alza. Los bonos y acciones argentinos suben durante la gestión de Milei y el riesgo país, que expresa la confianza en la capacidad de un estado para pagar sus deudas, esta en su nivel más bajo en los últimos dos años.
Si el ajuste se lleva a cabo en un contexto de recesión, cabría preguntarse qué tipo de inversiones serían atractivas en un país donde se produce y consume cada vez menos.
La respuesta está en el dólar: después de la brutal devaluación que Javier Milei realizó en diciembre para licuar los salarios, se mantuvo pisado y subiendo a una tasa de 2% mensual, muy por debajo de la inflación, mientras que las tasas de interés cerca del 8%.
Esto habilitó una bicicleta que pueden aprovechar las entidades bancarias y financieras. Si el dólar se mantiene barato, pueden pasar su inversión a pesos, capitalizarse y volver al dólar. Como el gobierno mantiene una variación del dólar menor a la de las tasas bancarias, termina siendo un negocio redondo para las financieras.
Siempre la misma bicicleta financiera, ya lo vivimos, pero tenían que repetir la historia los ignorantes.
“Quién olvida su historia esta condenado a repetirla” pic.twitter.com/ySRhYkfDkE
— Srlemd (@srmaxlemd) March 30, 2024
El ajuste eterno
La motosierra y la licuadora son señales que el gobierno da a los mercados de que tiene cintura para pagar las tasas de interés. El “ahorro” que realiza sobre las espaldas de los jubilados y salarios estatales se ve reflejado en la baja del riesgo país. Si el estado baja sus gastos, tendrá más cintura para pagar lo generado por las tasas de interés cual si fuera un banco pagando lo generado en plazo fijo.
El problema es que este ajuste provoca una recesión, marcada por la baja del poder adquisitivo de los argentinos que enfría el mercado y baja el consumo. Una baja en el consumo significa una reducción en la capacidad de recaudación del Estado que le da menos capacidad para pagar sus deudas.
Esto hace que, si el estado insiste en mantener esta bicicleta sin emisión monetaria, debe continuar con el ajuste a jubilados y asalariados para pagar las ganancias a entidades financieras. Esto aumenta la recesión, reduciendo aún más la recaudación y necesitando un ajuste cada vez mayor.
La patria productiva vs. la financiera
El otro conflicto se encuentra del otro lado de la ventanilla, cuando las financieras y bancarias vuelven a los dólares. Si los dólares se mantienen baratos, es también sobre la espaldas de los pequeños ahorristas, que están vendiendo sus dólares para pagar las subas de las prepagas, alquileres y servicios.
Por otro lado, también se encuentra la deuda comercial del Banco Central con las empresas por importaciones, que se encuentra en los 25 mil millones de dólares. Esta deuda se acumula debido a que, para llegar al superávit, el gobierno fue pagando a cuenta gotas la deuda contraída en el 2023 (a través del Bopreal) y pateó el pago de toda importación producida desde diciembre.
Pero la mayor presión al precio del dólar se producirá este mes, con la posibilidad de venta de la cosecha gruesa de granos. El gobierno tiene expectativa de mantener la bicicleta y hasta de juntar los dólares suficientes para levantar el cepo con la recaudación de las retenciones.
Sin embargo, un dólar muy por debajo de la inflación compromete las ganancias anuales de los sojeros, que podrían especular y quedarse con sus silobolsas hasta que el dólar vuelva a devaluarse. Esto genera una puja de intereses entre los financistas, que quieren seguir ganando con un dólar barato, y el sector productivo, que quiere ganar con un dólar caro.
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