El proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que se está tratando en éste momento en las comisiones del Congreso de la Nación, prevé el traspaso al Tesoro Nacional del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La disolución de éste fondo significa un golpe a los jubilados, ya que es el principal instrumento para garantizar sus haberes y para financiar créditos y proyectos productivos en su beneficio. En cambio, desde el Tesoro éste fondo podrá ser utilizado a discrecionalidad de Javier Milei.
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¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?
El FGS se creó en el 2007 por medio del Decreto 897 después de que las AFJPs se fundieran y el Estado debió hacerse cargo del sistema previsional para proteger las jubilaciones. Fue concebido como un fondo que, a través de las ganancias obtenidas con inversiones y capitalización, busca respaldar las jubilaciones.
Se trata de un mecanismo contracíclico cuyo objetivo es sostener y garantizar el pago de las jubilaciones aún en los periodos de crisis económicas donde el Estado no pueda hacer frente a las cuotas de los jubilados.
Básicamente, el FGS tiene inversiones en distintas empresas, como por ejemplo el Grupo Clarín, Cablevisión, Edenor, Banco Macro, Molinos Río de La Plata y Ledesma, entre otras. Si el Estado empieza a tener problemas para pagar las jubilaciones, la Jefatura de Gabinete puede autorizar a que el FGS financie al ANSES para que ningún jubilado se quede sin su jubilación.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está compuesto por títulos públicos, plazos fijos, fondos comunes de inversión y demás activos fiscales para asegurar su crecimiento. Además, fue usado para invertir en proyectos de infraestructura como el programa Procrear y los créditos a los jubilados.
¿Por qué eliminar el FGS?
Los primeros que podrían estar interesados en que se disuelva el Fondo de Garantía de Sustentabilidad son algunos de los grandes empresarios de Argentina. Que el estado invierta en el Grupo Clarín, Cablevisión, Edenor, Banco Macro, Molinos Río de La Plata y Ledesma significa que el Estado tiene participación de éstas empresas, y aunque en muchos casos es una participación minoritaria, a estos dueños puede convenirles sacar al Estado de la mesa accionaria y repartirse sus acciones.
Pero también puede haber un plan a mediano plazo. No es un secreto que Javier Milei trabajó para una AFJP y hasta ponderó este sistema de capitalización privada que tanto sufrimiento dio a los jubilados en el pasado. No es descabellado pensar que el presidente tenga pensado establecer las condiciones para el regreso de las AFJPs.
De hecho, el Decreto de Necesidad y Urgencia que se encuentra vigente declara la emergencia del sistema previsional, habilitando al Poder Ejecutivo gestionar y tomar decisiones sobre éste sistema sin necesidad de pasar por el congreso.
Ésto es exactamente lo mismo que hizo el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo a principio de los 90, cuando declaró en quiebra a las jubilaciones, creó las AFJPs y modificó la formula jubilatoria por una que dejaba afuera a quienes fueron estafados por un empleador que los subcontrató o contrató en negro y perjudicaba con una jubilación más baja a quienes llegaban más sanos a la edad jubilatoria.
El problema es que, si regresan las AFJPs, se necesitará que los trabajadores estén dispuestos a pasar sus aportes del sistema estatal al sistema privado, y los trabajadores pueden ser más reacios a hacer éste traspaso si existe un Fondo de Garantías de Sustentabilidad, ya que éste fondo les dará la seguridad de que, pase lo que pase, el Estado siempre podrá hacerse cargo de su jubilación.
Si desaparece el FGS, ésta seguridad deja de existir, por lo que más personas estarán dispuestas a pasar sus aportes a un sistema privado de jubilaciones.
Jubilaciones para pagar deuda
Dentro de la Ley Ómnibus que Javier Milei envió al congreso existe un capítulo que incluye el traspaso de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, y todos los títulos que estén en manos de organismos públicos, al Tesoro Nacional.
Se trata del capítulo VII, artículo 226. Además, la ley habilita al Poder Ejecutivo a adoptar “las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto”, con lo que podría ser usado para cancelar deuda intra estado.
En definitiva, esto implica que los fondos de los jubilados podrían ser utilizados a criterio del Poder Ejecutivo para pagar deuda, siempre y cuando los acreedores de la misma no sean entes privados ni internacionales.
El problema es que, si el gobierno impulsara medidas para estatizar deudas de las empresas, como podría ser el caso de los bonos del BOPREAL, éste dinero podría ser utilizado indirectamente para financiar éste traspaso de deuda, utilizando la plata de los jubilados para pagar deuda de empresas.
Sumado a ésto, el traspaso del FGS incluye las acciones que el fondo utiliza para su capitalización. Estas acciones pueden venderse a bajo costo en beneficio de los accionistas y éste dinero ya no estaría afectado por el artículo y podrían ser utilizado con el mismo fin.
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