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Domingo 19 de mayo de 2024
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Recorte a las provincias ¿De dónde salen los fondos discrecionales que Milei se niega a transferir?

Parte del caldeamiento de la relación entre las provincias y el gobierno nacional gira alrededor de la negativa de Javier Milei a transferir los fondos con los que las provincias cuentan para pagar sueldos a médicos y docentes.

Parte del caldeamiento de la relación entre las provincias y el gobierno nacional gira alrededor de la negativa de Javier Milei a transferir los fondos con los que las provincias cuentan para pagar sueldos a médicos y docentes.

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El gobierno nacional ya había adelantado en diciembre que las provincias sufrirían un ajuste, ya que en su objetivo de reducir el déficit fiscal, aplicaría una serie de medidas en las que se incluiría la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales.

Esto se precipitó aún más cuando, como si se tratara de una venganza por la caída de la Ley Ómnibus, el gobierno nacional decidió suspender estas transferencias así como los subsidios de transporte.

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El problema es que éstas transferencias, que al gobierno nacional le significa menos de un punto del PBI, en algunas provincias llega a cubrir cerca del 50% de sus gastos, incluido sueldos o costos de mantenimiento de servicios públicos como la salud y la educación.

En la presente nota se desarrolla de donde salen las transferencias discrecionales, cómo se recaudan y qué inconvenientes tiene que el Tesoro Nacional no se lo gire a las provincias. 

¿De donde vienen los fondos?

Dentro de todos los impuestos que utiliza la nación para recaudar fondos, se encuentran los denominados “impuestos coparticipables”. Estos son, por ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto a los Bienes Personales, el impuesto al Cheque, el impuesto a las ganancias, el Monotributo, etc.  

Se llama coparticipables porque su recaudación debe ser repartida entre las provincias de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal aprobada en 1988. Esto es así porque, a diferencia de impuestos de carácter nacional como el de las importaciones o exportaciones, se entiende que estos impuestos son recaudados por la nación pero son cobrados por actividades productivas realizadas en las provincias.

Es decir que, si un monotributista formoseño factura a una empresa en Formosa para después comprar bienes en un supermercado de Formosa, está pagando IVA e impuestos al monotributo por actividades realizadas en Formosa. Sin embargo, como un ente recaudador es nacional que recolecta los de todo el país, luego son repartidos de vuelta a las provincias. 

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De acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal, el 42,34% del total de los impuestos coparticipables son para el gobierno nacional y el 56,66% debe repartirse automáticamente entre las provincias. Estas son las “transferencias automáticas”, que se transfieren a las cajas provinciales sin necesidad de autorización del presidente.

El 1% restante se recauda en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para repartirse de forma discrecional. Estos son los fondos que el gobierno de Javier Milei está reteniendo, correspondiente al 1% de la recaudación total de los impuestos por actividades productivas realizadas en las provincias.

¿Para qué se utilizan?

En 1993, cinco años después de la sanción de la Ley de Coparticipación Federal, el Ministro Domingo Cavallo transfirió a las provincias la responsabilidad de la gestión de la educación y la salud pública. Así, aunque el estado nacional se queda con el 42,34% de los principales impuestos recaudatorios, las provincias tienen la responsabilidad de pagar los sueldos a los maestros, policías, jueces, médicos, etc.

Para aliviar ésta situación, se generaron fondos específicos como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que compensa el salario docente y aliviana la carga a muchas provincias, pero este fondo también el gobierno nacional también se negó a transferir.

De acuerdo a un análisis de Nadin Argañaraz, las transferencias discrecionales cayeron un 98% en términos reales durante el primer mes de gobierno de Javier Milei. De continuar así, las provincias tendrán problemas para pagar o aumentar los sueldos de personal de salud, educación y seguridad.

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