Hace algunos días se realizó el “Primer Encuentro Nacional de Cazadores” en Corrientes, motivado por el “descontento” que generó el cambio en la regulación de la actividad, dispuesta por la Dirección de Recursos Naturales. NEA HOY recogió sus argumentos y conversó con el ambientalista Luis Martínez para conocer el impacto que podría suponer una mayor flexibilización en la caza de animales.
El evento se realizó en el balneario municipal de Perugorría, que se encuentra a casi 240 kilómetros de la capital provincial y, aunque no tuvo mucha difusión a nivel local, se propuso “generar un espacio de debate y puesta en conocimiento sobre los derechos que poseen quienes se dedican a la actividad”.
El factor que lo motivó fue el cambio en la Disposición 1305, establecido por la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia en noviembre del año pasado, por el cual, aseguraron, “unos 400 cazadores dejaron de venir a Corrientes y se fueron a cazar a Entre Ríos”.
Al respecto, Luis Martínez respondió los dichos de los autoconvocados y mencionó que “algo muy importante de la nueva disposición es que los propietarios deben contar con los permisos correspondientes y, a su vez, se le responsabiliza por cualquier negligencia o caza no autorizada de ejemplares silvestres nativos” que ocurra en su propiedad.
En ese marco, el ambientalista sostuvo que esta regulación no existía anteriormente o no se respetaba y agregó que “muchas veces, las personas cazan en áreas protegidas o campos que no están autorizados para esta actividad”.
Así también, explicó que existen casos en los que llevan a menores de edad a presenciar estas actividades: “Recordemos el caso de la nena de 12 años que murió en junio del 2021, que había salido de caza junto con su padre y su hermana de 15 años, y otros dos hombres, en un campo cercano a la localidad de Sauce y terminó en tragedia”.
La queja de los cazadores consiste en que “antes, la policía rural tenía la autoridad de certificar a los cazadores para permitirles cazar en los campos, el precinto te servía todo el fin de semana y volvías de cazar sin ningún tipo de problema con esa licencia”.
Pero ahora, con la nueva normativa, “le sacaron a la Policial de Seguridad Rural y Ecológica (PRIAR) la potestad de generar certificados. El dueño del campo tiene que inscribir a su territorio como ‘sin fines de lucro’ ante Recursos Naturales y presentar la documentación que pruebe que es el propietario del lugar”, fueron las palabras de Roberto Méndez, uno de los organizadores del evento en Perugorría.
Además, explicó que, con la nueva disposición, para la práctica “deben ubicar el lugar por geolocalización y solo pueden ingresar hasta 10 cazadores, con datos de todos ellos. Y cualquier cosa que le pueda llegar a pasar es responsabilidad de los propietarios”.
Según Méndez, estas nuevas restricciones generan molestias a quienes se dedican a la caza deportiva y turística: “Ningún dueño de campo se tomará la molestia de realizar todos estos trámites. Menos querrán hacerse cargo de las consecuencias si el cazador llegase a sufrir algún daño físico”.
El ambientalista Luis Martínez remarcó que lo destacable de la nueva disposición es “evitar la caza de ejemplares silvestres nativos que no estén autorizados”.
Aunque existen especies habilitadas para la caza en Corrientes, como es el caso de los ciervos axis, que “son ejemplares exóticos y están provocando daños negativos en la fauna y flora nativa”, también existen especies silvestres nativas que son cazadas de forma ilegal.
Esto, resaltó Martínez, “ocurre frecuentemente en estos tipos de actividades” y sirven como pruebas las innumerables oportunidades en las que se dio a conocer la caza de animales en peligro de extinción que habitan la región.
Uno de estos tantos casos fue informado en febrero del año pasado, en la localidad formoseña de Clorinda, donde un cazador publicó en sus redes sociales las imágenes de un yaguareté que fue víctima de la actividad ilegal. El hombre fue acusado por la Justicia local y obligado a pagar una multa de $3.770.000.
Otro caso, más reciente, sucedió hace algunas semanas, en la localidad correntina de San Miguel, donde un joven cazador se fotografió con un cierto de los pantanos que mató ilegalmente. El sujeto fue imputado por “Supuesta Depredación de fauna y violación a la ley 22.431“.
Vale señalar que, el Ciervo de los Pantanos, además de otras especies como el Oso Hormiguero Grande, el Aguará Guazú, el Lobito de Río, el Yaguareté, el Venado de las Pampas y el Mono Carayá, entre otras, fueron declaradas “Monumento Natural” en la provincia de Corrientes.
En sintonía con lo manifestado por Martínez, y de acuerdo a los casos mencionados, la flexibilización de la caza en Corrientes y demás provincias del NEA podría contribuir a la profundización en la violación de normas que buscan preservar la fauna autóctona y que representa un grave impacto para el ecosistema.
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