Una de las primeras medidas de Javier Milei como presidente fue sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció la transformación de todas las empresas del Estado en Sociedades Anónimas, entre ellas el Correo Oficial de la República Argentina. Este DNU entró en vigencia desde el 29 de diciembre del 2023.
Esta no es ninguna novedad para el Correo, que ha tenido un vaivén privatización-estatización desde su conformación, pasando por la dictadura, Menem y finalmente por Macri.
Breve Historia
El correo en argentina existe desde el Virreinato del Río de la plata, de hecho, jugó un papel importante en la Revolución de Mayo ya que mediante este servicio se repartieron órdenes de la Primera Junta.
Hasta ese momento, el correo seguía dependiendo del reino de España, es el presidente Bernardino Rivadavia (si, el del sillón) quien nacionalizó el servicio convirtiéndolo en la “Dirección General de Correos, Postas y Caminos”.
En 1949 Juan Domingo Perón pasó la jurisdicción del Correo a la recién creada “Secretaría de Correos y Telecomunicaciones de la Nación”, que luego pasó a ser la “Secretaría de Estado de Comunicaciones”.
La Dictadura y Menem
Empieza el baile en 1972 con el presidente de facto Lanusse, cuando se crea la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) en el que se permitía la actividad privada en servicios de correos y encomiendas.
20 años más tarde, en 1992, el gobierno de Carlos Menem la convierte en la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA) y la hace una Sociedad Anónima, que es el paso previo a la privatización.
Era el año 1997 y el menemismo ya había logrado vender las joyas de la abuela, habían privatizado la mayoría de los servicios públicos y uno de los que le quedaban era el Correo Argentino.
Ese mismo año logró venderlo y se unió a la corta lista de países en el mundo (Nueva Zelanda, Holanda y el Congo) que tenían el servicio de correos privatizado.
Macri entra a la cancha
Llega el 26 de agosto de 1997 y mediante el decreto 840/97, se otorgó la concesión del Correo a un grupo formado por dos empresas pertenecientes al grupo Macri (Itron S.A., Sideco América S.A.) y el Banco Galicia, que se hace cargo del servicio a partir del 1 de septiembre.
“Vamos a tener un correo de avanzada, de primer nivel. Tengo la más absoluta certeza” dijo Carlos Menem ese año. No sucedió.
Como pasó con el resto de las privatizaciones, la gestión privada por sectores empresariales en servicios públicos terminó reportando ganancias millonarias para los dueños. ¿Pero el resto? Los usuarios debieron afrontar aumentos de tarifas y malas prestaciones mientras ocurrían despidos masivos para abaratar costos.
Las condiciones y los números
La concesión otorgada a los Macri era por 30 años y tenía las siguientes condiciones: los licenciatarios debían abonar más de 51 millones de pesos semestrales, invertir una suma no inferior a 25 millones de pesos anuales durante los primeros diez años y, a partir de allí y hasta la finalización del contrato, destinar el 1% de la facturación total del ejercicio contable anterior.
Nada de esto se cumplió.
Para el año 2000 ya no pagaban más el canon semestral, tampoco cumplieron la parte de las inversiones, ya que el grupo Macri consideró como inversiones los $126 millones correspondientes a las indemnizaciones de más de 10.000 empleados, maniobra que el gobierno aceptó como válida. Todo esto en el 1 a 1.
Cuando se privatizó el correo contaba con casi 20.000 trabajadores. Con la administración del Grupo Macri se perdieron 10.900 puestos de trabajo y más de 100 sucursales fueron cerradas.
Todo esto incluía: carteros, administrativos, recepcionistas, etc. en una época donde el país aún dependía muchísimo de las cartas. Ni hablar de los paquetes, que hoy en día siguen utilizando la infraestructura del Correo Argentino, como lo hace MercadoLibre.
Para colmo, la gestión fue deficitaria: La caída de participación en el mercado fue del 48% (en 1997) a 35% (en 2001).
Tuvo pérdidas contables superiores al 9% de su facturación anual en el primer año de gestión y en el 2000 llegaron a ser del 50% del patrimonio neto de la empresa.
Las tarifas para los usuarios aumentaron un 750%.
Familia, negocios y escándalos
En septiembre del 2001 la empresa Correo Argentino ingresa en concurso de acreedores, al no poder afrontar sus obligaciones financieras. Comienza la causa judicial.
Dos años más tarde el Presidente Néstor Kirchner le rescindió al Grupo Macri el contrato de concesión y denunció que la empresa solo había cumplido con el pago del canon durante el primer año, por lo que en 2001 la deuda del Correo con el Estado ascendía a 296 millones de pesos, es decir 296 millones de dólares.
La empresa, en cambio, planteó que el Estado debía pagarles por los servicios prestados.
En el 2015 el hijo de Franco Macri, Mauricio, fue elegido presidente de la Nación. En junio del 2016 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia del Correo Argentino con los acreedores para lograr un acuerdo y saldar la deuda.
Es decir, Macri estaba negociando con Macri. Los representantes del Estado aceptaron la propuesta de la empresa, que ofreció pagar el 100% del capital verificado (296 millones de pesos) en 15 cuotas anuales y consecutivas a abonarse desde fines de 2017.
El 14 de febrero de 2017 el fiscal Juan Pedro Zoni lo imputó a Mauricio, por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri en relación con la deuda del Correo Argentino.
¿Por qué? Porque en ese acuerdo el Estado aceptó una quita del 98,82% de la deuda, en beneficio de Correo Argentino S.A., propiedad de la familia presidencial.
¿Cómo terminó todo?
El reclamo es cruzado, el Estado reclama el canon impago y la empresa reclama los bienes confiscados.
En el 2021 Correo Argentino propuso pagar 1.011 millones de pesos a modo de ultimátum, cifra que la fiscal Gabriela Boquín dictaminó cinco veces menor al monto de la deuda. La propuesta fue rechazada por la procuración y la jueza decretó la quiebra.
La causa tiene 22 años y ahora está frenada en la Corte Suprema, ya que luego de que finalmente se decretara la quiebra de Correo en la Justicia Nacional, hicieron una maniobra para derivar el caso a la Justicia porteña.
Lo que sostiene el Grupo Macri es que el Estado les debe las supuestas “inversiones” que hicieron al Correo (Entre las que están los despidos, recordemos) que les quitó al cancelar la concesión del servicio postal después de incumplir el contrato.
En resumen: Buscan cobrar una indemnización.
La historia es un círculo y el ciclo de privatización-estatización que promete cada gobierno neoliberal que hemos tenido trae los mismos nombres.
No sería raro que esta nueva Sociedad Anónima en la que se ha convertido el Correo Argentino con el DNU de Milei traiga a colación un nuevo negociado de los Macri.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Cronología de la crisis del 2001: las políticas que impulsaron a Argentina al abismo
El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 15 de febrero
