Entre los puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Omnibus que el presidente Javier Milei envió al congreso, se destacan una serie de puntos que modifican la Ley de Contratos de Trabajo con el objetivo de imponer una flexibilización laboral.
Por un lado se limitan las medidas de fuerza en muchas áreas estratégicas y por el otro se perjudica tanto la recaudación como la capacidad de negociación de salarios de los sindicatos. Además, se amplía el periodo de prueba a 8 meses y se reduce la indemnización por despido.
Esto se plantea dentro del pensamiento de que la carga social (aportes jubilatorios, ART y seguro de salud) junto a posibles indemnizaciones son las responsables de que empresarios y PYMEs no contraten o blanqueen a sus empleados. Sin embargo, la historia argentina demuestra que, cuando se aplicaron políticas de flexibilización laboral, las tasas de desempleo subieron en vez de bajar.
La reforma durante la dictadura
Gran parte de la literatura especializada concuerda en que las políticas aplicadas por el ministro de Economía de la última dictadura militar Martínez de Hoz consistió en una “revancha clasista” que apuntó contra los derechos de los trabajadores y la participación de su salario sobre las ganancias de las empresas, que durante el peronismo había llegado a su punto más alto.
La reforma laboral aplicada por la junta militar no es del todo igual, pero mantiene similitudes importantes con la que se encuentra aplicando Javier Milei y en algunos casos hasta pueden verse como medidas más a fondo que las actuales.
Por ejemplo, mientras que de la mano de Patricia Bullrich el presidente impulsa un “protocolo antipiquetes” para disciplinar la protesta social, bajo la excusa de la “emergencia económica” la dictadura eliminó con el Decreto-Ley 21.261 el derecho de huelga y realización de cualquier tipo de medida de fuerza que afecten la producción. Años después la Ley 21.400 incluso transformaría la huelga en un delito penal sancionado con prisión.
1. Hilo en caliente sobre el impacto en materia laboral del DNU, con una aclaración previa: la república y la democracia tal como las conocíamos hasta ahora no existen más
— Luis Campos (@luiscampos76) December 21, 2023
La mayor flexibilización laboral se dió en el Estado. Mediante la Ley 21.260 se autorizaba a los distintos poderes, gobernadores e interventores a dar de baja “por razones de seguridad” a empleados que pudieran estar vinculados a “actividades de carácter subversivo o disociadoras” y, en 1976, la Ley 21.274 pone en marcha un “régimen de prescindibilidad”, que así como propone Javier Milei, prescinde a empleadores a pagar la indemnización en éstos casos.
A diferencia de Milei, los dictadores sabían muy bien que la flexibilización laboral no incentivan contrataciones, sino por el contrario, facilitan despidos, y por eso la utilizaron para reducir la planta estado y de las empresas estatales. La planta estatal pasó de 951.195 en 1976 a 747.431 en 1982, mientras que en las empresas estatales bajó de un 424.923 en 1975 al 288.828 en el 82, casi el 50% menos.
Para el ámbito privado no hizo falta reforma, sino que se optó por la eliminación de la política de sustitución de importaciones por una liberalización de las importaciones y exportaciones, igual que lo está haciendo Javier Milei en la actualidad. Esto hizo retroceder la industria nacional, provocando el cierre de gran cantidad de Pymes y expulsando la mano de obra industrial.
Estos trabajos, especializados y de buenos salarios, fueron absorbidos por actividades mucho menos productivas y por el sector informal urbano. Como consecuencia, si bien la tasa de desempleo hacia finales de la dictadura militar no superaba el 3%, el empleo informal había crecido diez puntos para llegar a un 20%.
Los 90s
Los de más edad recordarán que los 90s estuvieron marcados por lo que se conoció popularmente como “contratos basura”. El principio de ello comenzó cuando entró en vigencia la Ley 24.013, habilitando modalidades de contratación que disminuían o eliminaban la indemnización por despido, habilitó una mayor polivalencia y movilidad funcional y legalizó la violación del límite máximo de jornada laboral de 48 semanales.
El objetivo, así como lo está planteando Javier Milei, era el de incentivar las contrataciones eliminando la estabilidad laboral para reducir la carga económica del empleador. Sin embargo, el resultado fue adverso, ya que la tasa de desempleo que se posicionó en el 6.0 en 1991 fue creciendo y llegó al 12,20 en 1994, el doble en solo tres años.
El gobierno de Carlos Saúl Menem respondió a ésto con mayor flexibilización laboral. Mediante la ley 24.465 aumentó los periodos de prueba hasta 6 meses, tres menos que los que intenta establecer Milei, habilitó los contratos parciales con contribuciones patronales reducidas y creó la modalidad “de fomento del empleo”, que flexibiliza aún más los contratos a varones mayores de 40 años y mujeres de cualquier edad.
Pero como dice una frase que difunden los propios libertarios, no se puede esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, y así también pasó con ésta nueva flexibilización. El desempleo continuó subiendo y llegó a picos históricos de 17.30 para 1996.
1. ¿Son altas o bajas las indemnizaciones por despido en Argentina? Hilo para no abogados a propósito de un nuevo intento de instalar que ese es un problema central del sistema de relaciones laborales https://t.co/Ix5QJUBdZa
— Luis Campos (@luiscampos76) June 14, 2022
Pero lo peor pasó un año después, cuando a pesar de ésto el desempleo baja hasta el 13.70. Convencidos de que se trataba de un resultado tardío de la ley 24.465, el gabinete de Menem decide ir más a fondo y promulgar la Ley 25.013, que aplicaba la misma flexibilización de la ley anterior a todos los trabajadores, además de reducir más aún las indemnizaciones por despido, y convalidar los despidos discriminatorios. El resultado fue que el desempleo volvió a subir, haciendo que el gobierno de La Alianza herede una tendencia que lo llevaría a su pico histórico.
La flexibilización de Patricia Bullrich
El gobierno de Fernando De La Rua heredó una alta desocupación fruto de las políticas de flexibilización laboral del menemismo, y para combatirla, aplicaron políticas que flexibilizaron aún más los contratos de trabajo.
Con la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich en el cargo de Ministra de Trabajo, el gobierno de La Alianza logró sancionar la ley 25.250 (popularizada como Ley Banelco) que permitía una ampliación de 6 o 12 meses a los periodos de prueba y tácitamente eliminó los convenios colectivos.
No contentos con ésto, comenzaron a aplicar una serie de reformas que posteriormente hicieron aprobar con la Ley de Reforma Laboral en febrero del 2001, como que las vacaciones puedan ser fraccionadas y que el empleador pueda sancionar a los trabajadores sin necesidad de sumario.
Logicamente, el desempleo subió aún más, llegando al 18.30 para el 2001 en el año que concluyó con la renuncia del presidente Fernando De La Rua
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