El expresidente de la Corte Suprema y ahora ministro del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, dirigió una carta al actual titular del cuerpo, Horacio Rosatti, para pedir el desplazamiento de su vocero y colaborador, Silvio Robles, con unas categorizaciones que tienen pocos antecedentes entre las internas de los miembros más encumbrados del Poder Judicial.
“Me dirijo a usted con el fin de solicitar el inmediato desplazamiento del Director General de su vocalía, Sr. Silvio Robles, por graves faltas éticas”, señaló Lorenzetti en una carta enviada el 22 de noviembre pero cuyo texto completo se conoció este lunes.
En el documento, Lorenzetti aclaró que si bien “respetó su decisión de paralizar todo tipo de decisiones hasta que terminen o el juicio político o el proceso electoral, incluyendo la situación del funcionario de su vocalía, Sr. Silvio Robles”, nunca entendió que “ello significara ocultar esperando que el paso del tiempo haga olvidar, porque la sociedad no olvida; siempre reclama”.
El conflicto entre Rosatti y Lorenzetti viene desde que el santafesino fue ungido presidente de la Corte, votándose a sí mismo y cuando Lorenzetti se encontraba de viaje.
Lorenzetti cuestionó el proceso que entronizó a Rosatti públicamente cuando ocurrió, en octubre de 2021, pero en privado sus colaboradores aclaraban que no impugnaban la figura de Rosatti sino la de su vocero, Robles.
Crisis en la Corte Suprema: ¿De qué se acusa a Robles?
En la extensa carta conocida este lunes, la principal acusación es que Robles mantuvo vínculos y comunicaciones con personas y funcionarios que participaban en expedientes que se tramitan en la Corte, como el caso del exministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio D’Alessandro.
“En esas reuniones habría transmitido información interna acerca del estado en el que están los expedientes, los votos que tiene cada uno de ellos y se habría comprometido a acelerar o demorar el procedimiento”, cuestionó el expresidente de la Corte, ahora ministro.
Para Lorenzetti, la conducta del vocero “es un enorme daño a la credibilidad y la noción de imparcialidad que una de las partes en un proceso judicial pueda tener acceso a información privilegiada y a la elaboración de una sentencia”. “Nada similar ha ocurrido en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó.
Fuente: Télam
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