La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para este martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad Juan Mahiques, en el marco de la continuidad del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.
Asimismo, en una ampliación de invitados, resolvió citar al procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La comisión se reunirá en el Anexo A de la Cámara baja. Será la vigésima reunión desde que, el 26 de enero pasado, se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político.
Marcelo D’Alessandro es sospechado de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Silvio Robles, director general de la vocalía del supremo Horacio Rosatti, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
El exministro porteño estaba convocado -inicialmente- para el martes pasado. Sin embargo, a través de una carta enviada a la comisión, avisó que no podía concurrir por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita.
“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, escribió D’Alessandro en la nota dirigida a Gaillard, la presidenta de la Comisión.
Juicio a la Corte: La citación de Mahiques
La convocatoria a Mahiques se debe a que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, D’Alessandro y Robles llegaron juntos, como amigos, al festejo del cumpleaños del camarista, el 15 de agosto del año pasado, en el restaurante ‘El Secreto’, del Hotel Four Seasons.
Robles evadió la mayoría de las preguntas
Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti y que concurrió el martes pasado a la comisión, se negó a contestar la mayoría de las preguntas. En ese sentido, el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”.
El testigo se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos. Este artículo establece que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”.
Además, en el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.
Desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionan la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quiénes interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.
Fuente: Télam
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