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Martes 23 de abril de 2024
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El supremo: Nayib Bukele y su guerra contra los derechos humanos

El estado de excepción que exhorta al gobierno de Bukele de brindar garantías constitucionales a los detenidos está siendo criticado por los organismos de Derechos Humanos, que hoy son las únicas instituciones capaces de presentar una oposición al discurso oficial.

El estado de excepción que exhorta al gobierno de Bukele de brindar garantías constitucionales a los detenidos está siendo criticado por los organismos de Derechos Humanos, que hoy son las únicas instituciones capaces de presentar una oposición al discurso oficial.

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El 27 de marzo el presidente de El Salvador Nayib Bukele declaró la “guerra a las pandillas” instando al Congreso a aprobar el estado de excepción, una medida que por un periodo de 30 días estipula la suspensión de la libertad de asociación, derecho a la defensa y plazo de detención administrativa, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

El régimen de excepción se basa en el artículo 29 de la Constitución Nacional de El Salvador, que permite a la Asamblea Legislativa suspender por 30 días algunos derechos constitucionales en ciertas circunstancias extremas, tales como una invasión extranjera o “graves perturbaciones al orden público.

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En concreto, si el 26 de marzo una persona era detenida debía ser presentada ante un juez que evaluara los motivos de su detención, tiempo durante el cual debía comunicarse a su familia el estado de su detención. Desde el 27 de marzo en adelante, toda persona detenida en El Salvador podía ser puesta en “vías de investigación” durante 15 días, sin ser presentado a un juez y sin tener derecho a asistencia legal o comunicarse con su familia.

El día anterior al pedido de Nayib Bukele, el país registró una alarmante cifra de sesenta y dos homicidios que, en apariencia, habían sido cometidos por pandillas. Según información oficial, esta fue la mayor tasa diaria de homicidios en varios años.

Pero a pesar de la preocupación y el descontento que produjo en la población, los organismos internacionales que desde hace décadas vienen trabajando en El Salvador advierten que esta no es razón suficiente para eliminar las garantías constitucionales.

Las violaciones a los derechos humanos

Aprovechando el descontento general de la población que estaba sufriendo la violencia de las pandillas en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele hizo de éstas violaciones constitucionales una insignia de batalla. Tan solo una semana después de instaurarse el Régimen de Excepción, el presidente indicó en su twitter que se habían logrado 12.000 detenciones de personas que presuntamente pertenecerían a las maras.

Las violaciones de los derechos constitucionales se replicaron también dentro de los centros de detenciones. En los medios nacionales e internacionales se mostraron imágenes y declaraciones de los detenidos afirmando que, en vez de aumentar los recursos ante la nueva superpoblación carcelaria, se había racionado los alimentos, limitado el acceso a espacios comunes y hasta sustraído los colchones para obligar a los internos a dormir en el suelo.

Lejos de defenderse, el Presidente justificó estas medidas como mensajes hacia los pandilleros que aún no habían sido capturados y hacia quienes pensaban unirse a una. El 26 de abril la Asamblea amplió el régimen de excepción por 30 días más.

Organismos Internacionales

Varios organismos internacionales se declararon en contra de las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el régimen de excepción de El Salvador, denunciando que, entre los miembros de las pandillas, el Gobierno detiene a muchas personas que no forman parte de las mismas.

La organización CistoSal declaró que el incremento de homicidios ocurrido una semana antes de la declaración no constituye un hecho suficiente para instaurar el régimen y pidieron restaurar las garantías constitucionales que ayuden a determinar el nivel de arbitrariedad de las detenciones.

Por su parte, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que “niños y niñas entre 12 y 16 años pueden recibir condenas de hasta 10 años de prisión, las personas de comunidades marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a defensa jurídica, las personas presas pueden estar recluidas sin alimentos y aire suficientes, y las y los periodistas pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas”.

Cabe destacar que el estado de excepción se da en un contexto en que el Gobierno de Nayib Bukele controla todas las instituciones estatales que deberían fiscalizar sus acciones. De acuerdo a un informe de Human Rights Watch, desde que el partido oficialista logró la mayoría en la Asamblea Legislativa, han cooptado la Corte Suprema, reemplazado al fiscal general por un aliado del gobierno y aprobado leyes para destituir a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores.

Por ende, los organismos de Derechos Humanos son por hoy las únicas instituciones que pueden hacer un seguimiento objetivo de las políticas llevadas adelante por el gobierno. Sin embargo, el presidente ha contestado a sus declaraciones con polémicos tweets que lo enfrentan contra los organismos, diciendo que al exigir garantías constitucionales igualitarias están defendiendo a los delincuentes y no a sus víctimas.

El investigador salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson, especialista en el accionar de las maras, fue uno de los nombrados por el presidente, que utilizó su embestidura para tildar sus planteos de “absurdos” y a él de “basura”. El investigador afirma haber recibido cientos de ataques de funcionarios políticos y trolls después de este episodio.

 

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