AALa provincia del Chaco volvió a ser noticia nacional por un femicidio que impactó a todos: una adolescente wichí de 16 años fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en el cementerio de la localidad de El Sauzalito. Si bien el principal sospechoso ya se encuentra detenido, la investigación judicial tiene diversas hipótesis sobre el crimen.
El femicidio de Jorgelina Reinoso causó gran conmoción en la comunidad wichí. Organizaciones de mujeres de pueblos originarios advirtieron que necesitan políticas públicas que las protejan ya que, estadísticamente, sufren el doble de violencia que las mujeres criollas.
Asimismo, ser asesinadas no es la única problemática que preocupa a las mujeres originarias, también el matrimonio temprano (menores de edad), embarazos adolescentes, abuso sexual y violaciones, discriminación en el acceso a la salud, educación y justicia, consumos problemáticos. Ese combo de vulneraciones las hace potencialmente víctimas de la violencia de género.
Detalles de la causa por femicidio
Jorgelina Reinoso murió por un traumatismo craneoencefálico, con desprendimiento de mandíbula. Su cuerpo fue hallado en el cementerio de la localidad donde vive y, la fiscalía solicitó una autopsia para confirmar si previo al asesinato, fue víctima de violencia sexual. El principal sospechoso es un criollo de 24 años que esperaba en libertad un juicio por cometer abuso sexual agravado.
También están investigando a un adolescente wichí de 14 años, presuntamente novio de Jorgelina. El lunes allanaron su vivienda y secuestraron ropas con manchas de sangre. Es por eso que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia resolvió constituirse como querellante en la causa a través del área de Litigios Estratégicos.
Además, un equipo del Gobierno provincial, entre ellos la Subsecretaria de Justicia de la provincia, viajaron a El Sauzalito para reunirse con la familia y conocer otros detalles del caso y de la relación que existe entre este femicidio y el contexto social que viven las comunidades originarias de esa localidad.
El pedido de las madres por el femicidio
Lo notorio del femicidio fue el mal tratamiento que realizaron algunos medios de comunicación, que en sus notas estigmatizaron a la víctima, violaron su intimidad y privacidad, y hasta publicaron imágenes del cuerpo de Jorgelina. Esto motivó al Estado y a las organizaciones de mujeres a exigir “responsabilidad” a los periodistas.
Madres Protectoras contra el Abuso sexual en las Infancias del Impenetrable fue una de las organizaciones que puso en discusión esto. “Cuando se trata de una niña, pobre y originaria pública visceralmente un video. Lo que hizo TAMBIÉN ES ABUSO CONTRA LA NIÑA AÚN DESPUÉS DE ESTAR SIN VIDA CUÁNTAS VECES MÁS VAN A ABUSAR DE NUESTRAS NIÑAS??? (sic)”, denunciaron.
El femicidio de Jorgelina Romero es el segundo que ocurre en lo que va del año en Chaco. En 2021, fueron 9 los femicidios y un transfemicidio registrados por la organización MuMaLá Chaco, quiénes advirtieron que Chaco es una de las provincias con tasa más alta de femicidios por cada 100.000 mujeres.
❌ 1.439 niños y adolescentes se quedaron sin su madre ❌
¡Muchas gracias por la difusión! @primeraedicionw https://t.co/lSKxy2L2MK
— MuMaLá (@MuMaLaNacional) March 25, 2022
Violencia sexual
La violencia sexual contra las niñas y adolescentes de las etnias qom, wichí y moqoit que habitan el territorio chaqueño es tema de estudio y preocupación por parte de organizaciones de mujeres, de justicia, de derecho indígena. Según afirman, el racismo estructural es una de las principales causas de la violencia sexual.
El caso LNP -llamado así para proteger a la víctima- marcó un antes y un después en el abordaje que debe realizar la Justicia en un caso de violación a una niña originaria. A LNP la violaron en 2003 tres varones criollos en El Espinillo, Chaco. Los denunció pero también la maltraron en el centro de salud y en la comisaría.
Aunque se había probado el acceso carnal, la Justicia absolvió a los imputados con una sentencia que llegó a la Corte Interamericana de la OEA por sus irregularizadas, prejuicios de género y discriminación racial. En 2008, los gobiernos nacional y provincial reconocieron su responsabilidad, debieron pedirle perdón a LNP e incorporar nuevas perspectivas en los procesos judiciales que involucran a mujeres indígenas.
EL CASO LNP MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL TRATAMIENTO QUE LA JUSTICIA DEBE HACER EN UN CASO DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS INDÍGENAS
Cifras alarmantes
La violencia sexual y la naturalización de los abusos trae consigo el embarazo adolescente -como el de Jorgelina Reinoso- y la desprotección de niñas y adolescentes originarias. Según el Ministerio de Salud de la Nación en 2018 hubo en la Argentina 685.394 nacimientos, de los cuales 87.118 fueron de niñas y adolescentes menores de 20 años.
2.350 de esos partos correspondieron a niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. De acuerdo a fuentes extraoficiales, la mitad de las niñas menores a 15 años embarazadas pertenecen a las comunidades qom, moqoit y wichí.
En provincias del NEA como Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones uno de cada cinco nacimientos corresponden a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. El acceso a la información sobre ESI, IVE e ILE son escasos en relación a las niñas criollas de esa edad; las organizaciones de DDHH insisten en que esas líneas de acción deben llegar también a las niñas indígenas.
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