El embarazo adolescente no planificado es una realidad instalada en nuestro país, y en el NEA, es uno de los principales obstáculos que atraviesan las jóvenes de entre 15 y 18 años. En la mayoría de los casos, se trata de relaciones sexuales sin planificación previa y sin la educación sexual necesaria para prevenir embarazos y enfermedades.
Es decir, los embarazos adolescentes ocurren, en la mayor parte de los casos por la falta de uso, mal uso o fallo de algún método anticonceptivo o por la falta de administración de la anticoncepción hormonal de emergencia en las horas posteriores al encuentro sexual. Ahí es cuando cobra importancia la aplicación de la Educación Sexual Integral en los niños.
Las estadísticas oficiales y estudios realizados por distintos organismos (Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF, INDEC, UNICEF, etcétera) afirman que son múltiples los factores que afectan: social, económico, educativo, territorial y sanitario.
Las cifras del embarazo adolescente en Chaco
De acuerdo al informe del Programa de Protección Social de la Nación, la provincia de Chaco es una de las que presenta los indicadores más alarmantes en relación al embarazo adolescente en la Argentina.
En la adolescencia temprana, entre 10 y 14 años, el embarazo suele ser producto de situaciones de abuso sexual infantil, violencia, incesto y maternidades forzadas, según UNICEF. Ese mismo informe revela que la tasa de fecundidad adolescente en este tramo etario se ubica, a nivel nacional, en valores cercanos a 2 x 10.001 personas. Esto implica que, cada año, cerca de 3.000 niñas menores de 15 años tienen hijos en Argentina.
La provincia de Chaco casi triplica el promedio nacional, con una tasa de fecundidad adolescente temprana que asciende a 5,5 x 1000 (según informes de 2015). De todas las provincias argentinas, en 2013 solo Formosa presentó una cifra superior. Las cerca de 300 adolescentes de 10 a 14 años que transitan situaciones de maternidad anualmente en Chaco representan, entonces, un primer grupo de riesgo prioritario.
Para atacar esta problemática, en la provincia se implementan acciones a través de los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud Pública y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Mediante el Plan ENIA se realizan asesorías y consejerías en escuelas y en ámbitos no escolarizados, diagnósticos situacionales, mapas de seguimiento, la promoción de la salud sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, entre otros mecanismos de abordaje territorial.
Las principales causas del problema
De acuerdo a informes del Ministerio de Salud de la Nación, el embarazo adolescente está relacionado con múltiples factores sociales, económicos y culturales. También la falta de información y de educación sexual integral (ESI) a edades tempranas y la iniciación sexual precoz inciden.
Asimismo, en los territorios alejados de las ciudades suelen presentarse obstáculos en el acceso a los servicios de salud como: falta de acceso a métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia e interrupción legal del embarazo (ILE) o interrupción voluntaria del embarazo (IVE); abandono escolar (previo o posterior al embarazo); violencia de género, abuso sexual o violación.
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— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) July 16, 2021
Las consecuencias del embarazo adolescente
Los embarazos no previstos en adolescentes se producen en todas las clases sociales, pero la maternidad adolescente se registra con mayor frecuencia entre las chicas con menos recursos económicos, sociales y culturales.
El embarazo, la maternidad o paternidad adolescente afecta la trayectoria educativa. Para 2015, sólo el 16% de las madres menores de 20 años tenían el secundario en Argentina. Esta realidad influirá en la posibilidad de su futura inserción en el mercado laboral y el desarrollo de un proyecto de vida. Un 67% de las personas jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo son niñas y adolescentes que cuidan niños/as en sus hogares.
Asimismo, el Código Civil reconoce a niños/as y adolescentes como titulares de sus derechos y una capacidad progresiva para ejercerlos con autonomía, de acuerdo a su madurez y posibilidad de comprensión.
En ese contexto, los y las adolescentes tienen derecho a gozar de una vida sexual plena, saludable, sin riesgos para su salud, sin embarazos no previstos, sin violencia, coerción o abusos. También deberían poder tomar sus propias decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, eligiendo si prefieren prevenir un embarazo por el momento o si quieren tener hijos.
Las leyes como la IVE, la de ESI y de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia establecen, entre otras cosas, la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la salud, la educación y la vida digna de los adolescentes.
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