En el 2016 después de casi 20 años de lucha por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos en Formosa, el Tribunal Oral Federal condenó al comandante principal retirado de Gendarmería Nacional Horacio Rafael Domato a la pena de 25 años de prisión, más inhabilitación perpetua para desempeñarse como empleado o funcionario público, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La causa contra Rafael Domato en la provincia es una de las más trascendentes por el enjuiciamiento por 72 hechos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y las desapariciones forzadas de Mirta Insfrán, Ricardo Borgne, Fausto Augusto Carrillo y Ramón Luciano Monchi Díaz.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, H.I.J.O.S., abogados querellantes de la causa contra Rafael Domato, detenidos y familiares de desaparecidos en Formosa, entre otros organismos de derechos humanos, en este marco, exigen la inmediata revocación de la prisión domiciliaria del genocida que operó durante la última dictadura militar en la provincia norteña, en su cargo de comandante principal en la Gendarmería.
La última denuncia que recayó contra Rafael Domato fue por un abuso sexual sin acceso carnal contra una mujer. El acusado está alojado provisoriamente en la dependencia de la Prefectura Naval Argentina en el puerto de Formosa hasta que se integre un tribunal para resolver su situación procesal.
Dardo Caraballo, abogado querellante en la causa del represor, aseguró a NEA HOY que Rafael Domato sabe dónde están los cuerpos de los desaparecidos en Formosa y que además sigue operando desde la clandestinidad.
En tanto, explicó que Rafael Domato violó el acuerdo de la prisión domiciliaria dispuesta por el Tribunal Oral Federal que lo condenó y ahora se suma la denuncia por otro hecho gravísimo contra la integridad de una mujer, el misma delito por el que también fue acusado durante el juicio por una de las testigos que estuvo secuestrada.
El letrado repudió la violencia sexual a la que fue sometida la mujer que denunció a Rafael Domato en julio de este año, pero valoró la valentía con la que actuó, “ya que no es facil denunciar a un represor. Además, porque sigue operando con una red de ciertos personajes conocidos en Formosa, hasta uno de los abogados que también participó en el juicio fue recientemente amenazado”, dijo.
Por la última denuncia contra la integridad sexual de una mujer, sumada a la condena por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, los organismos de derechos humanos en Formosa exigen la inmediata revocación de la prisión domiciliaria del genocida y que sea encarcelado en una unidad penitenciaria común.
La Fiscalía solicitó el revocamiento del beneficio que Domato obtuvo años atrás por su estado de salud. El represor se encuentra alojado en la base de la Prefectura Naval Argentina con asentamiento en Formosa. Ahora se espera la conformación de un tribunal de la Justicia de Formosa para investigar la denuncia de abuso sexual que recayó en el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4.
Rafael Domato y la dictadura en Formosa
Domato, de 74 años, fue condenado en el 2016 luego de corroborarse los tormentos agravados seguidos de muerte reiterados en cuatro casos, todos ellos en concurso material y configurados como de lesa humanidad en el marco de un plan genocida.
El gendarme retirado también fue considerado coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en concurso real con la privación ilegítima de la libertad agravada, reiterados en 26 hechos.
Mientras aún estaba como acusado por los delitos de lesa humanidad en la causa, Rafael Domato, estuvo desaparecido y era buscado junto con otros 30 represores.
Finalmente, fue capturado en la provincia de Córdoba y puesto a disposición de la justicia por la causa de desaparición forzada de personas.
Rafael Domato fue asignado al área militar 234 en agosto de 1976 bajo el grado de Segundo Comandante de Gendarmería Nacional, con sede en el Regimiento de Infantería de Monte número 29, en Formosa, donde funcionaba un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
En su alegato, la Fiscalía precisó que el acusado brindó un aporte esencial a la estructura represiva, que consistió en asignar apariencia legal a las privaciones ilegales de la libertad de los prisioneros políticos mediante la instrucción de falsas causas.
Como instructor sumariante de las causas abiertas a las víctimas por la presunta comisión de actividades subversivas, Rafael Domato obtenía confesiones mediante la aplicación de tormentos, que en algunos casos provocaron la muerte de los interrogados.
El reconocido abogado querellante en la causa Domato explicó que el represor se desempeñaba en el área de inteligencia de la Gendarmería Nacional con asiento en Formosa.
Para Caraballo es un personaje rutilante de la dictadura que operó en una suerte de cacería a personas que tenían un compromiso social o político como peronistas o empleados del Poder Judicial de Formosa. Unas 50 personas del organismo judicial fueron presos, secuestrados y torturados, mientras que aún cuatro continúan desaparecidos, detalló el abogado querellante en la causa Domato.
“Estoy seguro que Rafael Domato sabe donde están los cuerpos de los desaparecidos de Formosa. Nunca rompieron ese pacto de silencio escrito con sangre y tampoco muestran arrepentimiento”. Dardo Caraballo, abogado querellante en la causa.
Los fiscales Luis Benítez y Marisa Vázquez acusaron al exgendarme de los delitos de privación ilegítima de la libertad en 31 casos, aplicación de tormentos agravados en otros 27 y cuatro hechos de desaparición forzada de personas que tuvieron como víctimas a Mirtha Leónidas Insfrán, Ricardo Borgne, Fausto Augusto Carrillo Giménez y Luciano Ramón Díaz.
En estos últimos casos formularon la acusación alternativa de desaparición forzada en función de tormentos seguidos de muerte.
La APDH regional Formosa explicó que las características y gravedad de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Rafael Domato no constituyeron un obstáculo para que el Tribunal Oral Federal otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, sin la implementación del dispositivo de monitoreo electrónico y pese a la tenaz oposición de las querellas.
El aparato represor del que formó parte Rafael Domato en la provincia se orientó a aniquilar a importantes sectores de la población a través de la práctica constante de las desapariciones, las torturas, las violaciones, los asesinatos, los secuestros de niños y la desintegración familiar, y dentro del plan sistemático de aniquilación, la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres detenidas a través de la tortura, el abuso y la violación.
Estos no fueron sucesos aislados u ocasionales sino que constituyeron prácticas sistemáticas.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó los números de los juicios a genocidas al 10 de junio de 2021. Así, informó que existen 631 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 280 están en etapa de instrucción, 256 obtuvieron sentencia, 71 están elevadas a juicio y 24 están en debate.
Con estos datos, las personas condenadas por estos crímenes desde 2006 suman 1.030, mientras que hubo 159 absoluciones. Hay 625 procesadas, 595 solamente imputadas, otras 101 fueron sobreseídas y 168 con falta de mérito. Hay otras 44 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 las personas prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 742 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.
Estas variables desagregadas conforman el universo de 3.493 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. Hay 1.627 en libertad y 851 privadas de su libertad, de las cuales 635 tienen el beneficio del arresto domiciliario, modalidad de detención que predomina desde el 2016.
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