A principios de julio, el Gobierno de Bolivia denunció que agentes involucrados en el golpe de estado del 2019 habrían recibido ayuda del gobierno de Mauricio Macri para derrocar a Evo Morales. Así quedó plasmado en una carta del comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, enviada a quien fuera embajador argentino durante el gobierno anterior, Normando Álvarez García.
La carta, en la que se agradece al embajador argentino, tiene fecha del 13 de noviembre del 2019. Dos días después se produjo la masacre de Sacaba, en la que un operativo conjunto entre la policía y el ejército cobró la vida de diez personas. El 19 de noviembre se produjo la masacre de Senkata, con los mismos resultados.
El presidente argentino, Alberto Fernández, escribió una carta oficial de disculpas al gobierno de Bolivia. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta Mayta, dijo que los hallazgos son «indignantes» para el gobierno de ese país. «Esto me recuerda al Plan Cóndor, hecho en dictaduras para eliminar lo que ellos llamaban el enemigo interno«.
Medios del exterior informan que CIA instruyó a jefe de Agencia Federal Argentina-AFI, en Bolivia, José Sánchez, recopilar información sobre Evo Morales, sus ministros y diplomáticos cubanos, venezolanos y nicaragüenses para desestabilizar al gobierno boliviano y a los del Alba. pic.twitter.com/SuOaQbzZOn
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 11, 2021
El fiscal Carlos Navas Rial decidió impulsar la investigación contra Macri, con base en una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic. La Fiscalía también incluyó en la causa a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Óscar Aguad.
El rol de la OEA en el golpe de Estado
Además de las acusaciones a gobiernos que participaron del golpe, funcionarios del actual Gobierno de Bolivia vienen denunciando a la Organización de Estados Americanos (OEA) de crear en plena crisis un falso discurso de fraude sobre las elecciones, lo que allanó el camino para el golpe.
Tal es el caso del Ministro de Justicia Iván Lima, quien aseguró que el secretario general de la OEA aceleró el proceso de convulsión en Bolivia al entregar en la madrugada del 10 de noviembre un informe preliminar que indicaba que existieron irregularidades en el proceso electoral. «Estaba claro que Almagro y la OEA tenían un rol en esta construcción del golpe de Estado; había que darle un discurso moral a la oposición boliviana”, agregó.
En diálogo con NEA HOY, la diputada argentina del Parlasur, Julia Perié confirmó que, al contrario de la OEA, el Parlamento del Mercosur desde un principio denunció que el desplazamiento de Evo Morales se había tratado de un golpe de Estado.
Lawfare
Las denuncias del Parlasur fueron la contracara a los comunicados de la OEA, que en plena crisis denunciaba a los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) por fraude en las elecciones. Según Perié, esta denuncia no tenían fundamentos. “Desde el Parlasur a través del observatorio de la democracia fuimos a observar las elecciones, y pudimos ver como se sucedían las cosas”, aseguró.
La parlamentaria enmarcó al golpe en Bolivia dentro de los métodos de lawfare: “Estas causas armadas para perseguir a dirigentes políticos, que es lo que viene sucediendo desde hace varios años en los países de Latinoamérica.”
«Recuperar» organismos para fortalecer la región
A su vez, Perié afirmó que la Organización de Estados Americanos no está cumpliendo su rol de mediador para evitar estos hechos o lo está haciendo con una parcialidad muy clara. “No escuchamos a Almagro hacer ningún tipo de acusación cuando se estaban matando jóvenes en Chile y si lo escuchamos acusando a Evo Morales de fraude”, afirmó.
“Hace pocos días el presidente de México, Lopez Obrador, habló claramente de la OEA. Dijo: ‘Ojalá se pueda crear un organismo que sea menos lacayo que la Organización de Estados Americanos en el estado en que está’”, concluyó la parlamentaria.
Por esta razón, remarcó la importancia de “recuperar” organismos como la CELAC o la Unasur y el crecimiento del Parlasur para que éstos puedan cumplir sus roles de observar los procesos democráticos en Latinoamérica.
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