El Gobernador Jorge Capitanich y la Vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto a la Ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, presentaron un proyecto de ley de asociación de las fuerzas de seguridad que “garantiza el derecho a peticionar salarios, condiciones laborales y defensa de intereses profesionales”.
Chaco tuvo un año complicado en materia de seguridad y rol de la policía. En mayo, cuando la provincia atravesaba la primera crisis sanitaria con un brote de contagios en la comunidad qom de Resistencia y 150 personas fallecidas a causa del COVID-19, un episodio de violencia policial contra jóvenes qom alcanzó las tapas de diarios nacionales.
La situación dejó a cuatro agentes policiales detenidos -hoy en libertad-, una causa judicial contra ellos y, como consecuencia, la renuncia del Jefe de la Policía del Chaco. Además, reaparecieron viejos reclamos de las fuerzas policiales como sus condiciones laborales en la calle, hechos de violencia hacia los agentes, salarios, etc.
“En una sociedad abierta, plural y democrática la reparación de los intereses de cada sector debe ser efectivamente ejercida”, aseguró Capitanich en la presentación del proyecto. Allí estuvieron presentes el nuevo Jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña, el Presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Hugo Sager y otros funcionarios provinciales.
El proyecto, ya fue enviado a la Legislatura chaqueña y, esta semana, ingresó a las comisiones de Legislación General, Justicia y Seguridad; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, donde los diputados tratarán la iniciativa. El objetivo del Gobierno Provincial es terminar el 2020 con el proyecto aprobado.
¿Qué establece el proyecto de ley?
El eje principal del proyecto es brindarle a las fuerzas de seguridad de la provincia “la capacidad de asociarse que hoy no se encuadra en la Ley N° 23.551 de asociaciones sindicales ya que corresponden a otra categoría de trabajadores”, detalló la Ministra de Seguridad, Gloria Zalazar.
Lanzamos el Proyecto de Ley de Derecho de Asociación de las Fuerzas de Seguridad.
Una iniciativa para regular y propiciar la representación de las fuerzas de seguridad ante el Poder Ejecutivo en materia de salario, condiciones de trabajo y defensa de intereses profesionales. pic.twitter.com/MMloqQzBqZ
— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) November 10, 2020
Un dato no menor es que el proyecto de ley de asociación de la Policía se enmarca en la Convención Americana de Derechos Humanos y en pactos internacionales como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Derechos Civiles y Políticos. Siguiendo así una línea de políticas públicas ya aplicadas por el Gobierno Provincial al crear la Defensoría Policial y la Dirección de Control Policial.
El proyecto de ley estipula que los trabajadores y las trabajadoras puedan realizar reclamos en forma activa en periodos o intervalos de tiempo que no excedan el término de 15 minutos por día, con un tiempo máximo de 45 minutos en la semana, debiendo ser programados a fin de no afectar la esencialidad del servicio.
También crea una Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, un ámbito de discusión de los intereses profesionales del personal policial y penitenciario ante el Poder Ejecutivo provincial. Sesionará en reunión plenaria dos veces al año, y el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá informar y notificar las fechas de sesión.
En este contexto, se autoriza la creación de una asociación civil de representantes de los trabajadores de la Policía provincial que revistan categoría de “activos”, así como una asociación civil representante del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la provincia.
Las asociaciones -una por la Policía y otra por el Servicio Penitenciario– podrán contar con personería jurídica y elegirán representantes por voto secreto, libre y obligatorio. Cada representante durará un año en sus funciones y no podrán ser reelectos y no pueden tener antecedentes disciplinarios ni estar imputados en causas penales. Su función será participar obligatoriamente en todas las sesiones de la Comisión de Política Salarial.
Como se puede percibir, los miembros de las fuerzas de seguridad provinciales podrán asociarse pero con límites bien marcados; otra de las limitaciones es la prohibición de manifestarse públicamente con armas y uniformes, ni obstaculizar el normal desarrollo de las actividades de los ciudadanos.
“Evaluamos la posibilidad de esta forma de asociarse para la Policía, teniendo en cuenta que existen en otros lugares del mundo sindicatos. Eso no es un sindicato, pero es una asociación civil, que es una gran diferencia. El derecho a asociarse que tienen todos los ciudadanos que tienen en defensa de intereses particulares va a estar garantizado”, afirmó a NEA HOY, Gloria Zalazar.
“LOS AGENTES POLICIALES SON TRABAJADORES, TIENEN DERECHOS Y NECESITAN SER REPRESENTADOS POR SUS PARES EN DISCUSIONES SOBRE SUS INTERESES”, GLORIA ZALAZAR, MINISTRA DE SEGURIDAD DEL CHACO.
“Lo que esta ley les permite es cumplir con un derecho constitucional que tienen las fuerzas policiales de asociarse”, aclaró la Ministra de Seguridad; y recordó que siempre se discute salarios y condiciones de trabajo con el jefe de cada fuerza de seguridad, ahora se va a sumar un representante por cada servicio.
“Lo que se pretende es reglamentar una facultad que tiene la Policía de discutir, pedir o manifestar inquietudes. Desde el punto de vista de impacto, es un salto de calidad en materia de discusión salarial y de condiciones laborales. Por eso pensamos en esta instancia formal donde los trabajadores policiales estén representados por sus pares”, analizó.
Ventajas y desventajas
En diálogo con NEA HOY, Kevin Nielsen, abogado y Secretario General de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Capítulo Chaco, aseguró que el proyecto de ley “tiene ventajas directas e indirectas”.
“La directa es que es un elemento democratizante. Tener la voz de representante de las y los trabajadores policiales y penitenciarios en una mesa de discusión donde van a poder transmitir sus inquietudes, es en sí mismo positivo”, dijo.
Para el especialista en materia legal, generalmente los trabajadores son quienes mejor conocen del “quehacer” de la Policía y las condiciones de trabajo cotidianas. Sucede que muchas veces tanto las conducciones políticas de las carteras de seguridad, así como las cúpulas policiales, llegan a un conocimiento superficial y filtrado por la verticalidad, afirma.
“Es una suerte de ‘teléfono cortado’, donde la subordinación impide la sinceridad. Las jefaturas de la Policía transmiten a las carteras de seguridad una parte, más no el todo de los intereses laborales de sus subordinados, esto es porque se sobreponen los intereses de conducción con los de los policías (son patronal y sindicato al mismo tiempo, se podría decir)”, advierte Nielsen.
“La ventaja indirecta es que introducir un elemento democratizante en lo laboral, puede llegar a impactar en democratizar otras áreas y facetas del quehacer policial”, agregó; y destacó que, la creación del Defensor Policial también es un avance porque le da un espacio de protección a los trabajadores de las fuerzas.
Recordando el conflicto ocurrido en mayo, cuando agentes policiales detuvieron y golpearon a jóvenes de la comunidad qom, lo que suscitó un conflicto dentro de la misma fuerza. El Secretario General de APP afirma que “ningún momento es malo para posibilitar que las y los policías se expresen mediante un sistema transparente”.
“LA VOZ DE LOS POLICÍAS EXISTE DE IGUAL MODO Y ES, ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN, QUE EMERGEN GRUPOS DE HECHO QUE SE ARROGAN REPRESENTACIONES QUE NUNCA ESTÁN CLARAS”, KEVIN NIELSEN, ABOGADO DE APP.
Para el abogado de APP, es perfectamente posible que la asociación de la Policía pretenda “traficar” como inquietudes laborales, exigencias reñidas con la ley, como ser la solicitud impunidad administrativa o judicial ante casos de violencia institucional, pero “esto está simplemente en el marco de lo no negociable en nuestro estado de derecho”.
“Va a pasar de igual modo y va a permitir develar problemáticas estructurales que tienen que ver con cuál es la perspectiva de los trabajadores de la Policía y el Servicio Penitenciario provincial, algo que hasta ahora solamente se puede intuir pero no confirmar”, señaló Kevin Nielsen.
Por otra parte, y en referencia a los prejuicios que se tiene sobre la perspectiva de los trabajadores policiales, el abogado de APP asegura que “si confirmamos nuestros prejuicios, tocará trabajar en la cultura policial o penitenciaria, pero con un diagnóstico claro. que hoy no se tiene”.
El proyecto de ley de asociación de agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario ya se encuentra en tratamiento dentro de las comisiones en la Legislatura. Su aprobación será un avance en materia de derechos laborales para los trabajadores de las fuerzas policiales de la provincia.
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