El ajuste de la gestión de Javier Milei también se siente sobre el asfalto. El presupuesto destinado a las rutas nacionales alcanzó en 2026 su nivel más bajo desde, al menos, 1995, mientras el deterioro de la red vial avanza y las provincias quedan cada vez más expuestas a las consecuencias del repliegue del Estado nacional.
Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Dirección Nacional de Vialidad dispone este año de unos $563.000 millones, un monto que representa una caída real del 79% respecto de 2023. La reducción no solo afecta a las grandes obras: también golpea al mantenimiento de las rutas existentes.
En 2023, Vialidad ejecutó el equivalente a $2,7 billones a valores actuales. En 2024 el gasto cayó a $811.000 millones y en 2025 a $783.000 millones. Para 2026, el crédito vigente se ubica en apenas $563.000 millones.
El programa específico de Mantenimiento en Rutas Nacionales también sufrió un fuerte ajuste. Pasó de unos $828.000 millones en 2023 a $248.000 millones previstos para este año, una reducción real cercana al 70%.
El ajuste golpea con más fuerza a las provincias
El recorte tampoco se distribuye de manera pareja. Entre 2023 y 2025, cuando se pueden comparar recursos efectivamente ejecutados, algunas jurisdicciones registraron desplomes de hasta el 85%.
Buenos Aires y Chubut encabezan la caída, mientras que Chaco sufrió un recorte del 83% y Formosa del 77%. También aparecen entre las provincias más afectadas Santa Fe, con una reducción del 73%, y Córdoba, con el 72%. El dato resulta especialmente preocupante para las provincias del Norte argentino, donde las rutas nacionales cumplen un papel central para conectar localidades, trasladar producción y sostener el transporte de bienes y personas.
A esto se suma otro dato revelador: de los 179 proyectos que originalmente tenían partidas previstas para 2026, 112 quedaron con un crédito vigente de apenas $1 o directamente en cero, según un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina).
La ejecución también permanece muy por debajo de lo esperado. Al 31 de julio, cuando ya había transcurrido el 58,3% del año, Vialidad había devengado apenas el 32,6% de su presupuesto vigente.
Menos inversión y rutas cada vez más deterioradas
El ajuste presupuestario ocurre mientras los propios indicadores oficiales muestran el deterioro de la red. Según datos de Vialidad recopilados por Fepevina, el 57,5% de los kilómetros relevados se encuentra en estado malo o regular.
El 31,8% fue calificado como malo y otro 25,7% como regular. Apenas el 42,4% aparece en buenas condiciones.
La situación resulta todavía más preocupante porque el Índice de Estado alcanza solo al 49% de los 40.643 kilómetros que integran la red vial nacional. Es decir, más de la mitad de la red no cuenta actualmente con una medición comparable.
Además, el deterioro se profundizó en los últimos años: los tramos considerados en mal estado pasaron del 23% en 2022-2023 al 31,8% en 2024-2025, mientras que los kilómetros en buenas condiciones retrocedieron del 55% al 42,4%.
El Estado se retira y las rutas se deterioran
El escenario forma parte de un cambio más profundo impulsado por el Gobierno de Milei: el repliegue del Estado nacional de la obra pública y el traslado de cada vez más responsabilidades hacia empresas privadas y gobiernos provinciales. Mientras Vialidad dispone de su presupuesto más bajo en tres décadas, el Gobierno avanza con concesiones de corredores nacionales por 20 años. El nuevo esquema contempla que los privados asuman tareas como mantenimiento, conservación, señalización y reparación de las rutas.
El problema es que el deterioro no desaparece porque cambie quién administra una ruta. Si durante años se recortan los recursos destinados a conservar la infraestructura, el costo termina apareciendo en forma de baches, caminos deteriorados, mayores tiempos de viaje, daños en vehículos y riesgos para quienes circulan.
En definitiva, la llamada «motosierra» no solo recorta una partida del Presupuesto. También reduce la capacidad del Estado para sostener una infraestructura estratégica para el desarrollo del país, mientras las rutas nacionales acumulan deterioro y las provincias quedan cada vez más solas frente a las consecuencias.
Con información de La Nación
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