La llegada de Karina Milei y Diego Santilli a Resistencia para participar del Segundo Consejo Regional de Seguridad Interior coloca al fenómeno de El Niño entre las prioridades de la agenda nacional. El Gobierno presentará el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia destinada a coordinar la respuesta de las provincias frente a inundaciones y otros eventos climáticos extremos.
Sin embargo, el anuncio llega en un contexto marcado por una fuerte contradicción. Mientras la Casa Rosada plantea fortalecer la coordinación ante futuras emergencias, gran parte de la infraestructura necesaria para reducir sus consecuencias permanece paralizada como resultado del freno a la obra pública impulsado por la administración de Javier Milei.
Cronograma de la jornada
- 9:30: Acreditación de autoridades.
- 10:00: Fotografía institucional y acto de apertura.
- Presentación: Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 para enfrentar el fenómeno de El Niño.
13:00 (aprox.): Conferencia de prensa de Hugo Matkovich y Alejandra Monteoliva. - Por la tarde: Paneles sobre migraciones, fronteras, crimen transnacional, transporte aéreo irregular y exposiciones de los ministros de Seguridad del NEA.
- 16:00: Cierre del Segundo Consejo Regional de Seguridad Interior.
El Nordeste es una de las regiones históricamente más vulnerables a los excesos hídricos. Las crecidas de los ríos, los anegamientos urbanos y rurales y el aislamiento de numerosas localidades dependen, en buena medida, de la existencia de defensas, terraplenes, canales, reservorios, sistemas de escurrimiento y otras obras capaces de amortiguar el impacto de lluvias extraordinarias. Sin embargo, desde fines de 2023 el Gobierno nacional paralizó miles de obras públicas en todo el país, entre ellas proyectos hídricos considerados estratégicos para distintas provincias, obligando a muchas jurisdicciones a sostener con recursos propios intervenciones prioritarias o directamente postergarlas por falta de financiamiento.
A esta situación se suma otro aspecto esencial para cualquier plan de prevención y respuesta ante emergencias: el estado de las rutas nacionales. Son las vías que permiten evacuar poblaciones, trasladar equipos sanitarios, fuerzas de seguridad, maquinaria vial y asistencia humanitaria cuando ocurre una catástrofe climática. También constituyen el principal corredor para sacar la producción agrícola y ganadera de las provincias del NEA. Sin embargo, la decisión del Gobierno nacional de reducir la inversión en obra pública también impactó sobre la conservación y el mantenimiento de estas rutas, muchas de las cuales presentan un marcado deterioro y reclamos permanentes por parte de gobernadores, transportistas y usuarios.
La paradoja es evidente. Mientras el Ejecutivo nacional convoca a las provincias para coordinar respuestas frente a un fenómeno climático que podría provocar nuevas inundaciones, los gobiernos provinciales vienen advirtiendo que la prevención requiere mucho más que mesas de trabajo: necesita infraestructura, mantenimiento e inversión sostenida.
Pero el impacto de un nuevo fenómeno de El Niño no se limita a las inundaciones. En el NEA, cada evento climático extremo golpea de lleno a las economías regionales. Miles de pequeños y medianos productores enfrentan pérdidas de cultivos, mortandad de animales, caminos rurales intransitables y dificultades para trasladar su producción hacia los centros de consumo. Las consecuencias económicas alcanzan a toda la cadena productiva y terminan afectando el empleo, el comercio y la actividad local.
Al mismo tiempo, las consecuencias sociales son profundas. Cada crecida o temporal deja familias que pierden sus viviendas, muebles, electrodomésticos, herramientas de trabajo y pertenencias acumuladas durante años de esfuerzo. En muchos casos, la reconstrucción demanda meses e incluso años, especialmente cuando las condiciones económicas dificultan volver a empezar.
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Ese escenario adquiere una dimensión aún más crítica en el contexto que atraviesa el país. La recesión económica, la pérdida de puestos de trabajo registrados, la caída del consumo y los salarios que continúan rezagados frente al costo de vida reducen considerablemente la capacidad de recuperación de los hogares afectados por una emergencia climática. Para muchas familias y productores, afrontar las consecuencias de una inundación implica hacerlo con menores ingresos, mayor incertidumbre y un acceso cada vez más limitado al crédito o a recursos para reconstruir lo perdido.
En ese marco, especialistas coinciden en que enfrentar el fenómeno de El Niño no puede limitarse a protocolos de emergencia una vez que el desastre ya ocurrió. La prevención exige inversiones sostenidas en infraestructura hídrica, mantenimiento de rutas nacionales, defensas, canales, sistemas de drenaje y obras estratégicas que reduzcan el riesgo antes de que lleguen las lluvias.
Mientras el Consejo Regional de Seguridad también debatirá estrategias contra el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos transnacionales, la visita de Karina Milei y Diego Santilli deja planteado otro interrogante de fondo: si es posible construir una política eficaz de prevención frente a fenómenos climáticos extremos cuando la inversión nacional en infraestructura continúa en retroceso. La coordinación institucional representa una herramienta importante, pero para las provincias del Nordeste la experiencia demuestra que, sin obras y sin recursos, el costo de cada inundación termina recayendo sobre quienes menos posibilidades tienen de recuperarse: las familias, los trabajadores y los productores.
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