La administración de Javier Milei eliminó del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba modificaciones al régimen de extranjerización de tierras rurales. La decisión llegó luego de que gobernadores aliados anticiparan reparos y pusieran en riesgo la aprobación de la iniciativa en el Senado.
El cambio mantiene abierto el debate sobre la política de tierras en Argentina, especialmente en provincias del Norte Grande donde la concentración territorial, los recursos naturales estratégicos y las zonas de frontera forman parte de una discusión histórica.
El oficialismo dio marcha atrás para sostener el proyecto en el Senado
El Gobierno nacional decidió retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales del proyecto que busca modificar aspectos vinculados a la propiedad privada, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
La modificación del texto ocurrió después de que varios gobernadores aliados al oficialismo anticiparan que no acompañarían el capítulo sobre tierras en su redacción original. El Ejecutivo buscó evitar una derrota parlamentaria y decidió retirar esa parte para conservar apoyo al resto del proyecto.
La iniciativa original planteaba cambios profundos sobre la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que establece límites a la participación extranjera en la propiedad de tierras productivas. Entre ellos, fija un tope del 15% del territorio rural en manos extranjeras y restricciones adicionales por nacionalidad y superficie.
El rechazo de algunos sectores políticos y sociales estuvo vinculado principalmente al impacto que podría tener una flexibilización de esas reglas sobre territorios estratégicos, especialmente aquellos ubicados en zonas fronterizas o con acceso a recursos naturales como agua, bosques y minerales.
La Ley de Tierras vuelve al centro del debate nacional
El proyecto del Gobierno había generado cuestionamientos porque proponía modificar las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros. Según sus impulsores, la eliminación de límites permitiría atraer inversiones y ampliar la llegada de capitales al sector productivo.
Desde sectores críticos, en cambio, advertían que una apertura sin controles podía favorecer la concentración de tierras y poner en discusión la soberanía sobre espacios considerados estratégicos. Actualmente, distintos análisis señalan que alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, aunque con diferencias importantes según cada región.
La decisión del Gobierno no implica el cierre definitivo del debate. El oficialismo dejó abierta la posibilidad de continuar trabajando una nueva redacción del capítulo para buscar consensos legislativos.
En el NEA crece la preocupación por el control de los recursos estratégicos
La modificación del proyecto vuelve a poner en agenda una discusión central para el Norte argentino: quién controla la tierra y los recursos naturales estratégicos. En provincias con extensas zonas rurales, áreas protegidas y territorios de frontera, el debate involucra aspectos productivos, ambientales y vinculados a la soberanía territorial.
En el NEA, donde la actividad agropecuaria, la conservación ambiental y la presencia de recursos como agua y bosques tienen un peso relevante, la discusión sobre la propiedad de la tierra mantiene una sensibilidad particular. Sectores productivos, organizaciones sociales y dirigentes políticos vienen planteando distintas miradas sobre el equilibrio entre inversión, desarrollo y protección del territorio.
La marcha atrás del Gobierno representa una señal de que la iniciativa encontró límites políticos incluso dentro de sectores aliados al oficialismo. Sin embargo, el debate sobre la normativa continuará abierto entre quienes defienden una mayor apertura para atraer inversiones y quienes reclaman mantener controles sobre el acceso a tierras consideradas estratégicas.
Fuente: El territorio, INFOBAE, Noticias Argentinas
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