En Paraguay, la violencia machista no da tregua y sigue cobrándose vidas que con apuro están engrosando los números del 2026. El Ministerio Público confirmó 14 víctimas de feminicidio en apenas 7 meses, además de 24 tentativas, cosa que evidencia la violencia extrema que pueden llegar a sufrir las mujeres. Aunque el número absoluto todavía es menor al total registrado durante todo 2025 (cuando la Fiscalía contabilizó 37 feminicidios), la comparación con el año anterior muestra que la problemática no cede.
De hecho, ya en noviembre de 2025 las organizaciones feministas advertían que los asesinatos de mujeres venían en aumento respecto de 2024 y denunciaban que la respuesta de la Justicia estaba siendo lenta e insuficiente. No alcanzó, en el 2026 la tendencia no se revirtió y en tan solo el primer mes del año hubo 6 feminicidios registrados. El caso más reciente ocurrió en Guarambaré, donde una joven madre de 30 años fue asesinada por su pareja. Su muerte elevó a 14 la cantidad de víctimas de feminicidio en lo que va del año y volvió a poner en discusión la capacidad del Estado para prevenir este tipo de crímenes antes de que ocurran.
La violencia que deja más que víctimas fatales
Detrás de cada feminicidio existe un entramado de violencia que afecta a mucho más personas que a la víctima. Afecta a familias, amigos y todas las personas que la conocían. Esto lo confirman los datos recientes del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público que registraron que 10 de las víctimas eran madres. Entre las 14 mujeres asesinadas dejaron 26 hijos e hijas huérfanos, de los cuales 19 son menores de edad. Además de los feminicidios consumados, la Fiscalía registra 24 intentos de feminicidio, 3 causas por tentativa de homicidio contra víctimas colaterales (entre ellas un niño) y 6 casos de agresiones graves cometidas por exparejas.
La mayoría de los ataques ocurrieron dentro del ámbito doméstico. 11 de los 14 feminicidios fueron perpetrados en viviendas y solamente 3 sucedieron en la vía pública. En cuanto al vínculo entre víctima y agresor, 5 eran parejas, 5 exparejas, mientras que los restantes casos involucraron a un padrastro, un hijo y 2 conocidos. Estos números reiteran lo que tantas veces se ha dicho, que el mayor riesgo para muchas mujeres continúa estando dentro de sus propios hogares y que la violencia de género responde a patrones reiterados que las instituciones conocen desde hace años.
Medidas que existen, pero no alcanzan
Frente al impacto que generaron los 6 feminicidios registrados durante los primeros 13 días de enero, la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM) convocó a una reunión extraordinaria para analizar la situación. El espacio, integrado por organismos como el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional, Salud Pública y otras instituciones, revisó los mecanismos de prevención previstos en la Ley 5777/16 y retomó el debate sobre un proyecto para declarar el Estado de Emergencia por Feminicidio.
En los papeles, la articulación institucional busca coordinar políticas públicas, fortalecer protocolos de atención y mejorar la protección de mujeres en situación de violencia. Sin embargo, la continuidad de los asesinatos demuestra que las respuestas todavía resultan insuficientes para modificar una realidad que se repite año tras año. El propio desarrollo de los casos expone esas limitaciones. Uno de los feminicidios ocurridos estas semanas tuvo como víctima a Letizia Marlene Martínez, quien fue asesinada presuntamente por su expareja pese a que el agresor tenía una orden judicial de alejamiento vigente. Este es uno de los grandes problemas de las medidas de protección, que muchas veces llegan tarde o directamente no se hacen cumplir.
Las críticas apuntan a la inacción estatal
Las denuncias hacia el Estado paraguayo no son nuevas. En noviembre de 2025, durante la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas reclamaron mayor celeridad judicial, políticas públicas integrales y mecanismos efectivos de prevención. Desde la Articulación Feminista de Paraguay sostuvieron que «el sistema de Justicia no está dando respuestas» y que las medidas de protección no resultan efectivas. También denunciaron demoras judiciales, incumplimiento de órdenes de protección y un progresivo silenciamiento institucional de las políticas de género.
Las críticas también alcanzan al ámbito educativo. Diversas organizaciones consideran que la eliminación del enfoque de género en materiales escolares y la falta de educación sexual integral dificultan la prevención temprana de las violencias y alimentan patrones culturales machistas que terminan naturalizando las agresiones contra las mujeres. Ya en el manifiesto del 8 de marzo de 2024, la Articulación Feminista advertía que el Estado minimizaba los feminicidios y cuestionaba que el Presidente Santiago Peña no hubiera impulsado la declaración de emergencia por feminicidios, reclamada por distintos sectores sociales. También señalaba que una ley por sí sola no alcanza si no está acompañada por recursos, prevención y políticas públicas sostenidas. El aumento de los casos durante los primeros meses de 2026 confirma que Paraguay continúa enfrentando enormes dificultades para frenar la violencia machista antes de que desemboque en asesinatos.
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