Este lunes el Gobierno de Javier Milei se enfrentará al Estado. Habrá una jornada de protesta en la que confluyen 2 de los sectores más representativos del empleo público, los docentes de todos los niveles y los trabajadores estatales. Aunque cada organización tiene demandas específicas, ambas están marchando por los salarios que perdieron poder adquisitivo, los fuertes recortes de presupuesto y la falta de respuestas oficiales.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente, medida a la que se sumarán también las federaciones universitarias CONADU y CONADU Histórica. La protesta coincide con el reinicio de las clases en varias provincias por lo que miles de estudiantes comenzaron el segundo semestre sin actividad escolar. Los sindicatos denuncian que el Gobierno mantiene paralizada la paritaria nacional docente, no restituyó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y continúa reduciendo el financiamiento destinado a la educación pública.
A la par, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza un paro nacional con movilización hacia el Ministerio de Economía. El sindicato reclama una recomposición salarial de emergencia, denuncia la continuidad de despidos en organismos nacionales y advierte sobre el vaciamiento de áreas estratégicas del Estado. La razón es que los salarios estatales acumulan una pérdida que ya resulta incompatible con el costo de vida y los aumentos registrados en servicios esenciales desde diciembre de 2023, según detallaron en sus comunicados. La educación y la administración pública sostienen servicios esenciales para millones de personas, el conflicto trasciende a todos los frentes y evidencia el costo social del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional.
Un conflicto que atraviesa a todo el Estado
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el recorte del gasto público se convirtió en uno de los pilares principales de su política económica. Esto afectó de manera directa a numerosos organismos públicos que se vieron alcanzados por la motosierra con la reducción de ministerios, el congelamiento de partidas presupuestarias, la eliminación de programas nacionales y la disminución de transferencias, entre otros.
Los trabajadores estatales sostienen que las negociaciones salariales quedaron sistemáticamente por detrás de la inflación y los docentes agregan que la ausencia de una paritaria nacional impide fijar un piso salarial común para todas las provincias, haciendo que haya más desigualdades entre jurisdicciones. Para el Gobierno, la prioridad continúa siendo sostener el equilibrio fiscal. Según ellos, la contención del gasto en salarios y transferencias constituye una herramienta para mantener el programa económico. Los sindicatos, en cambio, sostienen que ese equilibrio se consiguió trasladando el costo a quienes prestan servicios esenciales para la población.
La convocatoria nacional fue impulsada luego de que CTERA denunciara la «permanente negativa» del Gobierno de Javier Milei a convocar a la Paritaria Nacional Docente, ámbito que permanece paralizado desde el inicio de la actual gestión. Además de exigir la reapertura de la negociación salarial, las organizaciones docentes reclaman la restitución inmediata del FONID, que fue eliminado por el Gobierno Nacional al comienzo de la gestión. Esta es una herramienta que durante años complementó los ingresos de los trabajadores de la educación en todas las provincias. También demandan una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores partidas para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
El salario estatal
Más allá de las particularidades de cada sector, docentes y trabajadores estatales coinciden en que el salario perdió gran parte de su poder de compra desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Esa caída explica por qué los gremios confluyen en una misma jornada nacional de protesta. Un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) calculó que los trabajadores estatales son uno de los sectores más perjudicados por el ajuste. Según el estudio, los salarios de la administración pública quedaron un 22% por debajo del nivel que tenían al comienzo del actual Gobierno y cada empleado estatal acumula una pérdida equivalente a $14,1 millones desde diciembre de 2023.
En el sector privado, la caída del salario real también alcanza el 8%, con una pérdida acumulada cercana a los $2,5 millones por trabajador. El informe sostiene que esta reducción del ingreso significó una fuerte transferencia de recursos desde los trabajadores hacia otros sectores de la economía. En total, estima que la pérdida salarial acumulada asciende a $93,5 billones, una cifra que también impactó sobre la recaudación del Estado y el financiamiento de las obras sociales sindicales.
En paralelo, el incremento del costo de vida y de las tarifas de los servicios esenciales profundizó el deterioro del poder adquisitivo y elevó los niveles de endeudamiento de los hogares. Es por eso que tanto los gremios docentes como ATE sostienen que el ajuste fiscal promovido por el Gobierno nacional se apoyó, en gran medida, sobre el deterioro de los ingresos de quienes sostienen servicios públicos esenciales. Por eso, además de reclamar aumentos salariales, exigen la reapertura de las negociaciones paritarias, el cese de los despidos y una mayor inversión en áreas estratégicas del Estado.
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