El financiamiento que las provincias reciben por fuera de la coparticipación federal atraviesa una de sus bajas más críticas. De acuerdo con un análisis del politólogo Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, las transferencias no automáticas cayeron un 85% en comparación con 2023, una reducción que modificó de manera sustancial la relación financiera entre la Nación y los gobiernos provinciales.
Para el especialista, el cambio no se limita al volumen de recursos enviados, sino también a la forma en que se distribuyen. Mientras que anteriormente existían programas contemplados en el Presupuesto nacional, la administración de Javier Milei reemplazó ese esquema por un modelo de negociaciones puntuales con cada provincia, donde la asistencia depende de «acuerdos bilaterales». Este proceso comenzó con la eliminación de fondos que históricamente llegaban de manera regular a las jurisdicciones, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), partidas destinadas a salud y recursos para obras públicas. De esta manera, la discusión dejó de darse en un marco colectivo para transformarse en una negociación individual entre la Casa Rosada y cada gobernador.
Pegoraro sostiene que el actual esquema responde a una lógica de fuerte discrecionalidad política. Según explicó, el criterio para otorgar recursos ya no responde a programas generales sino a la conveniencia del Gobierno nacional en cada negociación. En ese sentido, resumió el mecanismo con una frase que refleja el funcionamiento actual: «La Nación dice vení, sentate, vemos en qué me servís y en base a eso veo qué te puedo ofrecer».
Uno de los aspectos más cuestionados por el analista es el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que se constituyen con el equivalente al 1% de la masa coparticipable y cuya finalidad es asistir a las provincias ante situaciones extraordinarias o emergencias. Pegoraro considera que los ATN representan «lo más discrecional de todo lo discrecional» dentro del sistema de financiamiento federal. Según explicó, la administración nacional no está utilizando estos recursos exclusivamente para atender contingencias, sino que los administra de acuerdo con las necesidades políticas del momento, habilitando o restringiendo su distribución según el respaldo que obtenga.
Esta fuerte reducción de las transferencias no automáticas fue uno de los factores que permitió al Gobierno nacional exhibir resultados positivos en materia fiscal. Sin embargo, Pegoraro cuestionó la sustentabilidad de ese superávit al señalar que se construye, en parte, mediante el incumplimiento de obligaciones asumidas por la Nación. Entre los ejemplos mencionó el financiamiento de las cajas previsionales provinciales, cuyos recursos —afirmó— no fueron girados a la mayoría de las provincias durante junio.
El especialista también advirtió que el modelo económico nacional concentra sus incentivos en sectores vinculados a la exportación de recursos naturales, como la minería y el petróleo, mientras deja relegadas a las economías regionales, que constituyen el principal motor productivo de gran parte del país. Como consecuencia de este esquema, Pegoraro sostiene que comenzó a consolidarse una mayor diferencia entre las provincias con recursos asociadas al extractivismo y aquellas que dependen principalmente de actividades productivas regionales.
Las jurisdicciones con ingresos provenientes de regalías petroleras o mineras cuentan con mayores herramientas para amortiguar la caída de los envíos nacionales. En cambio, las provincias cuya economía se sostiene en la producción regional enfrentan mayores dificultades para compensar la pérdida de recursos. El analista citó el caso de Misiones, donde la caída en la recaudación de impuestos provinciales —como Ingresos Brutos— incluso superó la pérdida ocasionada por la disminución de la coparticipación federal y hoy tiene una crisis yerbatera a raíz de la desregulación del sector.
En ese contexto, concluyó que el nuevo modelo de financiamiento profundiza las asimetrías entre los distritos argentinos y deja a muchas provincias cada vez más condicionadas por la discrecionalidad del Gobierno nacional para acceder a recursos extraordinarios.
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