Las provincias del Norte Grande decidieron dejar atrás los reclamos aislados y avanzar hacia una estrategia regional común frente a la crisis que atraviesa el programa Incluir Salud. En un encuentro realizado en Santiago del Estero, ministros, secretarios y equipos técnicos de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Salta, Tucumán, Chaco y Misiones coincidieron en un diagnóstico común: el desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional obliga a los gobiernos provinciales a sostener con recursos propios prestaciones que, en teoría, deberían estar garantizadas por Nación.
Por Corrientes participaron el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, y el coordinador provincial del programa, Javier Fernández. La reunión, encabezada por la ministra santiagueña Natividad Nassif, tuvo como principal característica la unanimidad de los planteos: más allá de las diferencias presupuestarias de cada jurisdicción, todas las provincias remarcaron que vienen afrontando con fondos locales la provisión de medicamentos esenciales, las sesiones de diálisis, los traslados sanitarios y los tratamientos de alta complejidad, con el objetivo de que miles de pacientes no vean interrumpida su atención.
Del encuentro surgió un documento consensuado y la decisión de impulsar la creación de una Mesa Federal permanente de seguimiento del programa, integrada por representantes de las provincias y del Ministerio de Salud de la Nación. La idea es establecer mecanismos estables de monitoreo sobre la ejecución de los fondos, de manera que la asistencia a los pacientes no quede sujeta a decisiones discrecionales ni a negociaciones circunstanciales. Esa propuesta se presentará durante la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), prevista para agosto, donde el Norte Grande buscará hablar con una sola voz para exigir mayor previsibilidad, equidad y calidad en las prestaciones.
La mirada desde las provincias
Consultado por NEA HOY, el ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, explicó que el problema con Incluir Salud lo viene enfrentando desde el inicio de su gestión. Aclaró primero un punto que suele generar confusión: «es un instrumento, es un programa, no es una obra social, como muchas personas piensan«. Se trata, dijo, de un programa federal creado en 2011 —aunque con antecedentes desde 1996— destinado a personas con pensiones no contributivas.
El programa tiene un mecanismo similar al de una obra social. Las provincias reciben de nación un monto de dinero (cápita) por cada pensionado que resida en su territorio. Ese dinero debe destinarse a cubrir los distintos tratamientos necesarios para estos beneficiarios, que pueden ser desde medicamentos raros o de alto costo, sillas de ruedas, trasplantes oseos, diálisis, etc.
El eje del reclamo, según Lanari, es que la cápita que reciben las provincias por cada afiliado no se actualiza desde marzo o junio de 2022. Ese monto, congelado hace más de tres años, resulta insuficiente para cubrir insumos como marcapasos, reemplazos de cadera, sillas ortopédicas y órtesis, además de los medicamentos de alto costo para tratamientos oncológicos o para hemofilia. A esto se suma un sistema de auditoría y control de pedidos que, sobre todo en pacientes de diagnóstico reciente, genera demoras «habitualmente excesivas» en la llegada del tratamiento.
El ministro precisó que esos retrasos rondan entre dos y tres meses, y que incluso afectan a pacientes crónicos que ya venían recibiendo su medicación con normalidad. Según explicó, la compra de medicamentos se realiza a través de una compulsa de precios individual para cada paciente, en lugar de compras colectivas, lo que encarece los costos para Nación y alarga los tiempos de entrega.
Lanari fue claro en remarcar que, pese a estas dificultades, Corrientes mantiene un diálogo fluido con las autoridades nacionales, y que el objetivo del reclamo regional no es cuestionar ese vínculo ni «destruir» el programa, sino dotarlo de mayor agilidad en beneficio de los pacientes.
En cuanto al alcance de la problemática en la provincia, el funcionario detalló que Incluir Salud cubre a aproximadamente 45 mil personas en Corrientes, por las cuales el Estado provincial recibe una cápita de alrededor de 600 pesos por afiliado.
Esa diferencia entre lo que se transfiere y lo que efectivamente cuestan las prestaciones —particularmente la diálisis, que no admite demoras por tratarse de situaciones de emergencia— es absorbida por el presupuesto provincial, al igual que ocurre en el resto de las jurisdicciones del Norte Grande.
Lanari también se refirió a otros programas nacionales que atraviesan cambios. Señaló que Nación modificó las características del plan Remediar, que antes proveía un botiquín regular de hasta 60 medicamentos para centros de atención primaria y hospitales de baja complejidad, y que ahora fue reemplazado por un esquema más acotado, orientado a la prevención de enfermedades cardiovasculares. En contraste, destacó que el plan SUMAR se desarrolla con normalidad en la provincia gracias a una buena administración y a un diálogo fluido con Nación, y expresó su expectativa de recibir definiciones adicionales durante julio.
Con el documento consensuado y la Mesa Federal como principales resultados del encuentro, el Norte Grande apunta ahora a instalar su reclamo en la agenda nacional. La cita clave será en agosto, cuando la región busque trasladar al COFESA una posición unificada que exija previsibilidad en los fondos y respuestas concretas para los miles de pacientes que, mientras tanto, siguen dependiendo del esfuerzo presupuestario de cada provincia.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Gobernadores del Norte Grande se reunirán en Misiones en agosto
Sin recursos de Nación, Misiones lanza ayuda para sostener centros de discapacidad
