La provincia de Misiones puso en marcha un régimen extraordinario de asistencia para centros de discapacidad con el objetivo de sostener su funcionamiento frente a la interrupción de transferencias nacionales, una situación que se arrastra desde hace meses y que ya impacta en la atención de personas con discapacidad.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 657 y estará vigente hasta diciembre de 2026. El esquema contempla cubrir costos básicos como energía eléctrica y agua potable, en un contexto donde las instituciones advierten que la falta de financiamiento pone en riesgo su continuidad.
Desde el gobierno provincial sostienen que se trata de una respuesta ante una emergencia prestacional, aunque el trasfondo expone un problema mayor: la falta de recursos nacionales en un sistema que depende casi exclusivamente de esas transferencias.
Un sistema en crisis por la falta de financiamiento nacional
El origen del conflicto está en la interrupción de pagos desde Nación, lo que generó una fuerte caída en los ingresos de los centros de discapacidad. La situación afecta tanto a instituciones como a profesionales y transportistas que forman parte del sistema.
En los últimos meses, el sector viene denunciando deudas acumuladas, aranceles desactualizados y retrasos en las prestaciones, en un escenario donde la inflación agrava aún más el desfinanciamiento. La consecuencia es un funcionamiento cada vez más limitado.
A nivel país, la problemática refleja una crisis estructural del sistema de discapacidad, que depende de fondos nacionales que hoy no llegan en tiempo y forma, dejando a las provincias en una posición de mayor presión financiera.
Deudas, atrasos y servicios en riesgo
En Misiones, el desfinanciamiento ya alcanza cifras millonarias y compromete la atención de miles de personas. Muchos centros continúan operando con recursos propios o acumulando deudas, lo que vuelve insostenible la prestación en el mediano plazo.
La falta de pagos impacta directamente en la calidad del servicio y en la estabilidad laboral de quienes trabajan en el sector. En algunos casos, incluso se evalúa la reducción de prestaciones o cierre de instituciones.
Qué incluye el régimen de asistencia en Misiones
El programa establece un subsidio para cubrir servicios esenciales, con un tope de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua por mes para cada institución alcanzada. Los fondos serán transferidos directamente a las empresas prestatarias.
El beneficio está dirigido a centros habilitados que atienden a personas con discapacidad y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes son beneficiarios de programas públicos, lo que delimita el alcance de la medida.
La implementación quedará bajo la órbita de organismos provinciales, que deberán verificar el cumplimiento de los requisitos y garantizar la correcta aplicación de los subsidios.
Un sistema dependiente de Nación
El sistema de discapacidad en Argentina está sostenido por leyes que garantizan cobertura, pero en la práctica depende de transferencias nacionales que hoy presentan serias irregularidades.
En ese marco, la crisis expone una tensión creciente entre derechos reconocidos y recursos que no se ejecutan, lo que mantiene en una situación de incertidumbre a instituciones, trabajadores y familias.
Fuente: El Territorio, El Litoral
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