Más allá de lo que se afirme o se niegue desde un atril, el cambio climático ya es una realidad evidente. Sus efectos impactan actualmente a millones de personas, sin importar las narrativas que pretendan omitir su existencia.
Los datos son contundentes. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que 2025 fue uno de los tres años más cálidos jamás registrados, a pesar de haberse desarrollado bajo la influencia de un fenómeno de La Niña, que suele enfriar las temperaturas globales.
Los últimos once años (2015-2025) son directamente los once más cálidos de la historia registrada y los tres últimos años (2023, 2024 y 2025) son, sin excepción, los tres más cálidos en todos los conjuntos de datos analizados, con una media de 1,48 °C por encima de los niveles preindustriales.
Un estudio complementario publicado en «Advances in Atmospheric Sciences» confirma que el calor no se limita a la superficie. Los océanos también registraron temperaturas entre las más altas de la historia en 2025, absorbiendo la inmensa mayoría del exceso de calor del sistema climático. El análisis revela dos datos escalofriantes:
- La acumulación masiva: el contenido de calor oceánico en los primeros 2000 metros de profundidad aumentó en aproximadamente 23 Zettajulios entre 2024 y 2025. Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad de energía equivale a unas 200 veces la generación total de electricidad mundial en 2024
- Calentamiento generalizado: aproximadamente el 57% de la superficie oceánica global experimentó temperaturas que se encuentran entre las cinco más cálidas jamás registradas para esas zonas, incluidos los océanos Atlántico tropical y sur, y el mar Mediterráneo
A pesar de que La Niña moderó ligeramente la temperatura superficial del mar en 2025 en comparación con el récord de 2024, este año se mantuvo como el tercero más cálido en los registros para los océanos.
La amenaza a nuestros derechos
El avance del cambio climático no solo provoca una crisis ecológica; también amenaza de manera directa el ejercicio de los derechos humanos. Cuanto mayor es el deterioro ambiental, menores son las posibilidades de garantizar derechos básicos para millones de personas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se hizo eco de este mensaje en Ginebra este año y planteó una pregunta ante el Consejo de Derechos Humanos: «¿Estamos tomando las medidas necesarias para proteger a las personas del caos climático, salvaguardar su futuro y gestionar los recursos naturales de manera que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente?». Su respuesta fue muy sencilla: «No estamos haciendo lo suficiente».
Frente a estas evidencias, el Gobierno nacional elige la negación, como si desconocer el problema pudiera hacer descender la temperatura del planeta. Pero esta lógica no se limita al ambiente. También se expresa en las políticas hacia la ciencia y la tecnología, la universidad pública, la salud o las personas con discapacidad. La negación parece convertirse en una forma de gobernar.
Esto no pretende ser una queja, sino afirmar que existe otro camino. El que por ejemplo, eligió la provincia de Formosa: una estrategia de desarrollo que busca crecer sin descuidar el ambiente y, sobre todo, sin abandonar a su gente.
Esa afirmación también se sostiene con hechos. Formosa impulsa una política de transición energética reflejada en la instalación de parques solares y en el desarrollo de una industria biosiderúrgica que demuestra que es posible industrializar respetando el ambiente y gestionando responsablemente los recursos naturales. A ello se suma un modelo de ordenamiento territorial que no plantea una falsa dicotomía entre producir o conservar, sino que promueve el desarrollo económico preservando los bosques nativos, las comunidades originarias y sus saberes ancestrales.
Este enfoque también se expresa en su marco normativo. La provincia cuenta con una legislación ambiental que se anticipó a muchos de los debates actuales. La Ley Nº 426, sancionada hace más de cuatro décadas, fue pionera en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios; la Ley Nº 1660 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos consolidó una planificación sustentable del territorio; la Constitución Provincial dedica un capítulo específico a la protección del ambiente; y la Ley Nº 1742 promueve la bioeconomía como una estrategia de desarrollo basada en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. No es casual que otras provincias del norte argentino comiencen a mirar estas herramientas como una referencia para impulsar legislaciones similares.
La negación no cambiará el rumbo que nos conduce a la catástrofe. Por el contrario, solo acelera el camino hacia un destino al que no queremos llegar. Lo que puede modificar ese rumbo es la decisión de impulsar políticas públicas que pongan a las personas en el centro y entiendan que la economía solo tiene sentido cuando cierra con la gente adentro.
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Mitchell: “Formosa tiene tres condiciones fundamentales para desarrollar una bioeconomía”
