La provincia de Formosa se posiciona como una referencia en materia de desarrollo sostenible. Así lo sostuvo la especialista en Cambio Climático Mónica Casanovas, quien durante la Jornada de Difusión sobre Bioeconomía y Huella de Carbono realizada en el Centro de Inclusión Digital (CID), organizada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, resaltó que la provincia construyó una estrategia ambiental basada en la planificación, la producción y la participación comunitaria.
La disertante, integrante de la Dirección de Análisis Financiero del Ministerio de Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, remarcó que el principal diferencial de Formosa es haber definido primero un marco normativo y una visión de desarrollo para ejecutar políticas ambientales.
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En ese sentido, destacó que la Ley Provincial Nº 1.742 de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático constituye una herramienta central para ordenar las acciones vinculadas al desarrollo productivo, la protección de los ecosistemas y la adaptación frente a los efectos del calentamiento global.
«Formosa desarrolla una planificación de desarrollo productivo y territorial. Parte del concepto de lo que es la sostenibilidad: trabajar hoy sin afectar a las generaciones que vienen, de una manera planificada», afirmó.
Un modelo que apuesta al desarrollo sostenible
Durante la jornada, Casanovas explicó que el cambio climático exige que los gobiernos cuenten con estrategias de adaptación sustentadas en información científica, planificación territorial y políticas públicas de largo plazo.
Precisamente, el encuentro tuvo como objetivo difundir herramientas vinculadas a la bioeconomía, la medición de la huella de carbono y las oportunidades que ofrecen las finanzas verdes para agregar valor a la producción provincial.
La actividad tiene como marco distintas iniciativas que buscan potenciar los servicios ecosistémicos de Formosa, impulsar proyectos productivos sostenibles y consolidar a la provincia como un actor estratégico dentro de la economía verde. La articulación entre el Gobierno provincial y organismos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI) apunta, además, a ampliar el acceso a financiamiento climático y fortalecer un modelo de crecimiento resiliente.
Comunidad, conocimiento y tecnología
Otro de los aspectos que la especialista destacó fue la articulación entre el conocimiento científico y los saberes de las comunidades. En ese marco, valoró el trabajo conjunto entre la comunidad Pilagá y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), al considerar que la combinación entre conocimiento ancestral e investigación académica permite diseñar mejores estrategias para adaptarse a los cambios ambientales.
«Muchos de los jóvenes de estas comunidades y de los productores están llevando esos conocimientos a una agenda común. Son saberes que nacen del territorio y fortalecen las acciones«, explicó.
Por ello, elogió el rol del Centro de Inclusión Digital como un espacio donde la innovación tecnológica se desarrolla junto a la comunidad. «El Centro es una muestra de que se practica lo que se predica. Todas las actividades planificadas se hacen con la gente adentro. La comunidad forma parte de la ecuación y cuenta con espacios de participación y expresión», sostuvo.
El negacionismo y la necesidad de una justicia climática
Durante su exposición, Casanovas también advirtió sobre el impacto de los discursos que niegan o minimizan el cambio climático.
Según explicó, la desinformación actúa como un factor que dificulta la construcción de respuestas colectivas frente a una problemática cuyos efectos ya se reflejan en la producción, la disponibilidad de energía, la biodiversidad y la calidad de vida.
Finalmente, planteó que las políticas ambientales deben avanzar bajo el principio de Justicia Climática, reconociendo que los países y sectores sociales que menos contribuyeron al calentamiento global son quienes enfrentan las mayores consecuencias. «La mitad de las emisiones acumuladas históricamente provienen de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sin embargo, los países en desarrollo y los sectores más vulnerables son quienes sufren con mayor intensidad los impactos del cambio climático», señaló.
Ilustró este dato recordando que el 10% más rico de la población mundial genera cerca de la mitad de las emisiones globales, mientras que el 50% más pobre aporta apenas el 12%, aunque es el que se encuentra más expuesto a los eventos climáticos extremos.
Con una planificación que integra producción, ambiente, ciencia y comunidad, Formosa busca convertir la acción climática en un motor de desarrollo. En ese contexto, la Ley 1.742 y las iniciativas de bioeconomía impulsadas por la provincia marcan un camino que apuesta a proteger el patrimonio natural, agregar valor a la producción y posicionar al territorio como una referencia nacional en desarrollo sostenible y finanzas verdes.
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