Quedan pocos días para que se cumplan dos años de aquel acto en la Casa Histórica de Tucumán, donde Javier Milei selló junto a gobernadores, ex presidentes y representantes sectoriales el Pacto de Mayo. El documento prometía diez compromisos para «refundar» las bases económicas del país, entre ellos el equilibrio fiscal, una reforma laboral moderna, una reforma previsional sostenible y la rediscusión de la coparticipación federal. A esta altura, los datos disponibles permiten medir qué tan lejos o cerca está el Gobierno de cumplir esas promesas.
La reforma previsional, todavía en el papel
El punto más demorado del Pacto es, sin dudas, la reforma jubilatoria. El propio Fondo Monetario Internacional confirmó que Milei buscará avanzar en esa dirección, aunque la fecha estimada para su implementación es diciembre de 2027, un año después de lo previsto originalmente. En los hechos, eso significa que dependerá de que el Presidente sea reelecto.
Mientras tanto, el deterioro del poder adquisitivo jubilatorio es concreto. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la fórmula de movilidad que reemplazó por decreto a la Ley 27.609 resultó, en el acumulado, inferior a la que derogó: en junio de 2026 la jubilación mínima se ubica unos $87 mil por debajo de lo que hubiera correspondido con la normativa anterior.
A eso se suma el congelamiento del bono compensatorio en $70.000 desde marzo de 2024, que según el mismo informe debería haber escalado a casi $210.000 si hubiera acompañado el aumento de los haberes. El propio FMI reconoció en su última revisión que los cambios en la fórmula «moderaron el gasto» previsional, confirmando que el objetivo central fue fiscal.
A esto se agregan dos vetos presidenciales a leyes que buscaban recomponer ingresos jubilatorios y la no renovación de la moratoria previsional, lo que dejó a la mayoría de las mujeres y a buena parte de los varones en edad de jubilarse dependiendo de la Prestación Universal para Adultos Mayores, una prestación menor y no pensionable.
Coparticipación: ajuste para las provincias, billetera para los aliados
El segundo eje crítico del Pacto es la relación fiscal entre Nación y provincias. Un informe de la UNTREF y el Senado bonaerense, coordinado por Roberto Feletti, calcula que el compromiso de limitar el gasto público consolidado al 25% del PIB —uno de los puntos centrales del Pacto de Mayo— implicaría un recorte adicional de unos u$s 25.000 millones sobre los presupuestos provinciales y municipales, que históricamente representan el 15% del PIB.
En paralelo, la coparticipación efectiva muestra signos de retroceso: tras un crecimiento del 8,3% interanual en mayo, el acumulado de los primeros cinco meses del año arrastra una caída del 2,5%. Frente a esa caída, el Gobierno recurrió a mecanismos de auxilio financiero —anticipos de coparticipación con una tasa del 15% anual— para sostener a provincias como Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, mientras que distritos como Buenos Aires no recibieron ese tipo de asistencia.
Algo similar ocurre con los Aportes del Tesoro Nacional, distribuidos de manera marcadamente desigual: Misiones figura desde 2024 como una de las provincias más beneficiadas, en sintonía con el respaldo legislativo de sus representantes al oficialismo, mientras que distritos como Córdoba o La Rioja quedaron prácticamente al margen del reparto.
Empleo: la promesa incumplida
El octavo punto del Pacto comprometía «una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal«. Sin embargo, los indicadores disponibles muestran la tendencia opuesta. Un informe de Misión Productiva, sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, señala que el 59% de los subsectores económicos privados perdió empleo formal entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, con la construcción, la industria y el transporte como los más afectados. Otro estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-Conicet) ubica en 314.000 los puestos asalariados registrados perdidos desde el inicio de la gestión libertaria.
A esto se suma un dato metodológico que pone en discusión la lectura oficial de «pleno empleo»: la informalidad laboral trepó al 44,2% en el primer trimestre de 2026, con una suba de 2,2 puntos respecto del año anterior, mientras la subocupación también creció. La definición estadística de «ocupado» —que alcanza con haber trabajado una sola hora en la semana de referencia— permite sostener una tasa de desocupación estable del 7,8%, pero oculta el deterioro en la calidad del empleo que reflejan la informalidad y la subocupación.
A dos años de la firma en Tucumán, el balance que surge de los distintos informes muestra un patrón común: los objetivos fiscales del Pacto de Mayo avanzaron con mayor velocidad que los compromisos sociales y productivos que lo acompañaban en el papel.
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