Frente a la Casa de Gobierno de Posadas, con cadenas y carteles, dos policías de la provincia de Misiones llevan más de una semana sosteniendo una medida extrema: no se irán hasta obtener una respuesta concreta del gobierno provincial. El cabo primero Adolfo Guirul y el oficial ayudante Diego Correa son dos de los ocho agentes que fueron detenidos en septiembre de 2024, acusados de sedición tras participar en las masivas protestas policiales que sacudieron a la provincia el año anterior.
Hoy, en plena vereda, con el expediente en la mano y la causa aún abierta en el Juzgado de Instrucción número tres de Posadas, esperan una audiencia que el gobierno no termina de conceder.
Ambos acumulan doce años de carrera dentro de la institución y aseguran que fueron dados de baja de manera ilegal, sin antecedentes disciplinarios previos ni causas judiciales anteriores. «Simplemente por hacer las cosas bien«, resumió Correa durante la entrevista brindada a este medio. Guirul, por su parte, fue categórico: nunca perteneció a ningún grupo de coordinación ni ejerció funciones de delegado en ninguna unidad regional, lo que vuelve aún más difusa la base de la acusación que recayó sobre él.
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De la mesa de diálogo al calabozo
El relato de los agentes se remonta a 2023, cuando denunciaron a jefes de la fuerza por presuntamente liberar zonas vinculadas a la venta ilegal de combustible. La respuesta institucional fue el silencio y la presión: el jefe de policía les ordenó que no cuestionaran a sus superiores. En 2024, en el marco de la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay, Correa actuó como delegado de Posadas en la mesa de diálogo que el gobierno habilitó para negociar con los manifestantes.
Según su testimonio, el entonces ministro de Coordinación, Kiko Llera, les ofreció una suma de dinero a cada uno para que levantaran la medida y se callaran. Ante la negativa, la amenaza fue directa: «Nos dijeron que no iban a meter preso porque ellos tenían el poder«.
Meses después, en septiembre de 2024, una denuncia presentada por otro efectivo policial —el oficial Juan Morel— derivó en la detención de ocho agentes. Girul y Correa estuvieron privados de su libertad durante once meses. Las condiciones que describen dentro del penal son perturbadoras: relataron que eran despertados en la madrugada, obligados a desnudarse, a arrodillarse, y amenazados con escopetas en la espalda.
«Nos decían que estábamos vivos porque los directores del servicio penitenciario así lo querían«, afirmó Correa. «Esto sabemos perfectamente que es una persecución por parte del gobierno provincial, en razón de que nosotros como funcionarios tratábamos de hacer nuestro trabajo«.
Sueldos retenidos, respuestas ausentes
Recuperada la libertad en septiembre de 2025, los agentes iniciaron una extensa ronda de gestiones administrativas: presentaron notas ante el gobernador, el vicegobernador, el ministro de Gobierno, el jefe de policía, la Contaduría. Por lo bajo, se enteraron que el decreto de baja no existe en los registros oficiales y que ambos siguen figurando como policías activos en el sistema.
El problema es financiero y burocrático a la vez. De acuerdo a los agentes, Contaduría liquida mensualmente sus sueldos, pero ese dinero queda retenido en la administración del servicio policial y no se acredita en sus cuentas bancarias.
Miedo institucional y malestar en la fuerza
De los 170 policías que enfrentaron algún tipo de consecuencia tras las protestas, 167 fueron pasados a disponibilidad y luego reincorporados. Solo tres recibieron el retiro obligatorio: Guirul, Correa y un tercer compañero. Los ocho que llegaron a ser efectivamente detenidos mantienen contacto entre sí, aunque la mayoría decidió no sumarse a la protesta frente a la Casa de Gobierno. La razón que esgrimen los manifestantes es el hostigamiento continuo: vigilancia de domicilios, seguimientos en la vía pública y fotografías de sus movimientos cotidianos.
«El gobierno llegó a su cometido: implantar el miedo para que nadie salga a las calles, para que nadie piense diferente«, sostuvo Correa. Y advirtió que la situación interna de la institución no mejoró desde aquellas protestas.
Los agentes estiman que aproximadamente el 20% de los efectivos activos atraviesa dificultades económicas severas, con cortes de servicios básicos en sus hogares. Las llamadas y mensajes de compañeros en activo que los contactan para alentarlos o para contarles su situación no paran, según describieron.
Apoyo ciudadano y reclamos cruzados
Vecinos, comerciantes y docentes —estos últimos también enfrentados al Estado provincial por causas similares de persecución sindical— se acercan a la vigilia, conversan con ellos y colaboran. Los productores yerbateros, que también se encuentraban protestando en la plaza 9 de julio, expresaron su respaldo y anunciaron que volverán en los próximos días.
El petitorio de los dos policías es puntual: reincorporación efectiva a la fuerza policial, acreditación de los salarios retenidos durante meses y cierre de la causa abierta en su contra. «Estamos dispuestos al diálogo, pero no hay predisposición por parte del gobierno provincial», concluyó Correa. Hasta que esa respuesta llegue, las cadenas frente a la Casa de Gobierno seguirán puestas.
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