La crisis política que atraviesa Manuel Adorni por las revelaciones sobre su patrimonio parece lejos de apagarse. Lo que comenzó como una polémica por la presentación de su declaración jurada derivó en una combinación explosiva de cuestionamientos judiciales, dudas sobre la trazabilidad de sus bienes, críticas de especialistas y un rechazo masivo en redes sociales que golpea uno de los principales activos discursivos del Gobierno de Javier Milei: la bandera anticasta.
Un informe nacional elaborado por la consultora Horus sobre 10.000 comentarios publicados en Facebook e Instagram entre el 10 y el 11 de junio reveló que el 97% de las intervenciones fueron críticas hacia Adorni y el Gobierno nacional. El estudio detectó que predominan sentimientos de enojo, indignación, burla y sarcasmo, mientras que palabras como «corrupción», «chorro», «vergüenza», «ladrón» y «casta» aparecen entre las más repetidas. La magnitud del rechazo digital encuentra explicación en una serie de revelaciones que fueron acumulándose durante las últimas semanas. En medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni presentó su declaración jurada de 2025 y rectificó las correspondientes a 2023 y 2024. Las correcciones modificaron sustancialmente el patrimonio informado originalmente.
Un análisis periodístico publicado por el medio Chequeado reveló que el jefe de Gabinete pasó de declarar un patrimonio neto de apenas 26,7 millones de pesos al asumir en 2023 a reconocer actualmente un patrimonio de más de 627 millones de pesos. Medido en términos reales, descontando la inflación, el incremento supera el 415%. El eje de la defensa de Adorni se basa en dos argumentos principales: una herencia familiar informal y ganancias obtenidas mediante inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. Sin embargo, esas explicaciones están siendo objeto de crecientes cuestionamientos.
Uno de los críticos más contundentes fue el exjuez federal Guillermo Tiscornia, quien calificó públicamente el relato del funcionario como «inconsistente y autocontradictorio». El exmagistrado advirtió que si efectivamente existieron operaciones con criptomonedas por cientos de miles de dólares, deberían existir registros, comprobantes, movimientos bancarios y documentación que permitan reconstruir cada transacción.
Las dudas se profundizan porque en declaraciones públicas realizadas años atrás, el propio Adorni se había mostrado escéptico respecto a las inversiones en criptomonedas, una postura que parece chocar con la versión actual según la cual habría obtenido importantes ganancias gracias a ese mercado. A ello se suma otro elemento llamativo: especialistas en activos digitales señalaron inconsistencias en la forma en que las criptomonedas fueron declaradas en los documentos oficiales. Algunas denominaciones utilizadas no coinciden con activos existentes y las valuaciones consignadas generan interrogantes sobre la precisión de la información presentada.
Las rectificaciones también incorporaron bienes que no figuraban originalmente. Entre ellos aparecen una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito. Ambas propiedades quedaron bajo la lupa debido a diferencias entre la información patrimonial, las operaciones registradas y los costos de adquisición o remodelación conocidos hasta el momento.
Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando y las explicaciones brindadas por el funcionario podrían transformarse en una pieza central de la investigación. Tiscornia sostuvo que la estrategia defensiva de atribuir el crecimiento patrimonial a actividades desarrolladas antes de ingresar al sector público busca evitar una eventual acusación por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, advirtió que la falta de documentación verificable podría terminar complicando aún más la situación procesal.
El escándalo ya trasciende la figura de Adorni. Para numerosos analistas, el caso impacta directamente sobre la credibilidad del Gobierno nacional. El informe de Horus señala que muchos usuarios interpretan la adhesión del funcionario a la denominada Ley de Inocencia Fiscal como una herramienta para regularizar activos que permanecieron sin declarar durante años, una percepción que alimenta las acusaciones de doble discurso.
La erosión de la confianza también comienza a reflejarse en los sondeos de opinión. Una encuesta de Management & Fit reveló que el 42,1% de los consultados cree que Javier Milei no desplaza a Adorni del Gobierno porque el jefe de Gabinete tendría información sobre presuntas irregularidades de la gestión. Además, un 21,9% atribuye su continuidad a la estrecha relación que mantiene con los hermanos Milei, mientras que apenas el 19,6% considera que es inocente de las acusaciones que enfrenta. Otro 6,8% sostuvo que su permanencia responde específicamente a una decisión de Karina Milei. Los datos muestran que la controversia ya no afecta únicamente la imagen personal del funcionario, sino que comienza a proyectarse sobre el círculo más cercano al Presidente.
En ese contexto, el caso Adorni dejó de ser únicamente una discusión sobre cifras, declaraciones juradas o inversiones en criptomonedas. Se convirtió en un problema político para un Gobierno que construyó gran parte de su identidad sobre la promesa de transparencia y el combate contra los privilegios de la dirigencia tradicional.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Adorni intentó justificar su patrimonio millonario con ahorros “en negro” y bitcoins
«Inocente me has contado»: Adorni se refugia en la inocencia fiscal antes de mostrar su patrimonio
