Manuel Adorni quedó nuevamente en el centro de la escena política luego de admitir que presentó una declaración jurada rectificativa para incorporar más de medio millón de dólares en activos que no habían sido informados previamente. La revelación no solo abrió nuevos interrogantes sobre la evolución de su patrimonio, sino que también expuso las contradicciones de uno de los principales defensores del discurso oficial sobre transparencia y ajuste.
Según explicó el propio funcionario, gran parte de su fortuna tendría origen en inversiones realizadas en Bitcoin desde 2013, cuando comenzó a incursionar en el mundo de las criptomonedas. De acuerdo con su versión, esas operaciones le permitieron acumular ganancias millonarias que mantuvo fuera de los registros formales durante años. Incluso reconoció que una parte de esos fondos correspondía a ahorros «en negro», una afirmación que generó fuertes cuestionamientos debido a su rol dentro del Gobierno nacional.
La controversia se profundiza al comparar esas explicaciones con las declaraciones juradas que presentó al asumir funciones en diciembre de 2023. En aquel momento, Adorni informó un patrimonio considerablemente menor, compuesto por dos departamentos, un vehículo y efectivo en pesos. No aparecían allí las criptomonedas que hoy asegura poseer ni tampoco un volumen significativo de dólares que permitiera explicar las posteriores inversiones inmobiliarias y gastos de alto nivel.
Las dudas aumentaron a medida que se conocieron operaciones vinculadas a la compra de propiedades, obras de construcción en un country privado y viajes realizados en condiciones que difícilmente podrían justificarse con los ingresos declarados. Distintas investigaciones judiciales y periodísticas señalaron movimientos por cientos de miles de dólares, mientras que en los documentos oficiales figuraban montos muy inferiores o directamente inexistentes.
Otro de los aspectos más cuestionados es la adquisición del departamento donde reside actualmente. Parte de la operación habría sido financiada mediante préstamos otorgados por dos jubiladas, una situación que despertó interrogantes acerca de la capacidad económica de las prestamistas y sobre la necesidad de recurrir a ese mecanismo si, como sostiene hoy el funcionario, ya disponía de importantes ahorros en moneda extranjera y criptomonedas.
En medio de la polémica, Adorni decidió adherirse al régimen de «Inocencia Fiscal», una herramienta impulsada por el propio Gobierno para regularizar activos no declarados. La medida podría resolver eventuales incumplimientos tributarios, pero no despeja las dudas sobre el origen de los fondos ni pone fin a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que continúa bajo análisis judicial.
La situación resulta especialmente incómoda para la administración de Javier Milei. Mientras el Gobierno exige sacrificios económicos a amplios sectores de la sociedad y sostiene un discurso de austeridad, uno de sus funcionarios más visibles reconoce haber mantenido ahorros fuera del sistema formal durante años y haber omitido activos relevantes en sus declaraciones patrimoniales.
La denominada «ruta del dinero Adorni» deja así más preguntas que respuestas. ¿Por qué esos activos no fueron informados oportunamente? ¿Cómo se financiaron determinadas adquisiciones y gastos? ¿Cuál fue el verdadero origen de los fondos utilizados durante más de una década? Hasta que esas incógnitas sean esclarecidas, el caso seguirá alimentando cuestionamientos sobre la transparencia de un funcionario que hizo de la crítica a la «casta» uno de los pilares de su discurso político.
Fuente: El Diario Ar
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