La decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de adherir junto a su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias volvió a colocar bajo la lupa la transparencia patrimonial de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente Javier Milei. El trámite fue realizado en la antesala de la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y en medio de cuestionamientos por la aparición de bienes que no habrían sido oportunamente declarados.
El régimen, impulsado por el propio Gobierno nacional bajo el paraguas de la denominada «Ley de Inocencia Fiscal», permite a los contribuyentes presentar declaraciones simplificadas y reduce significativamente el nivel de control sobre la evolución patrimonial de años anteriores. Aunque desde la Jefatura de Gabinete aseguraron que la adhesión no implica ningún blanqueo de fondos ni la regularización de activos ocultos, la coincidencia temporal con las investigaciones sobre el patrimonio de Adorni alimentó las sospechas.
La polémica se profundiza porque el mecanismo establece un «tapón fiscal» que limita la posibilidad de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revise ejercicios anteriores, salvo que detecte diferencias consideradas significativas. Para los críticos de la medida, se trata de una herramienta que, en la práctica, facilita la regularización de fondos o bienes que no habían sido exteriorizados previamente.
El pedido de adhesión de Angeletti fue presentado el 31 de mayo, mientras que Adorni completó el trámite esta semana. Ambos quedan alcanzados por un esquema que permite simplificar la carga impositiva y evita la presentación de la tradicional justificación patrimonial ante el organismo recaudador.
Especialistas tributarios consultados por distintos medios coinciden en que el régimen puede ofrecer una protección frente a eventuales cuestionamientos fiscales por períodos anteriores. Sin embargo, aclaran que no elimina la obligación de un funcionario público de informar detalladamente su patrimonio ni lo exime de responder ante eventuales investigaciones por enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.
Ese punto es precisamente el que genera mayor controversia. Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en la austeridad, la transparencia y la lucha contra los privilegios, la utilización de una herramienta que reduce los controles patrimoniales por parte de uno de sus principales funcionarios aparece como una señal contradictoria.
La situación adquiere aún más relevancia porque la normativa aprobada este año elevó los montos mínimos para configurar delitos tributarios y no estableció restricciones específicas para funcionarios públicos ni para sus familiares directos. Esto permitió que Adorni y su esposa pudieran acceder al beneficio en igualdad de condiciones que cualquier contribuyente.
Más allá de los efectos tributarios, la principal incógnita sigue siendo la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. La presentación de su declaración jurada será clave para despejar dudas sobre el origen de sus bienes y determinar si las explicaciones oficiales alcanzan para disipar las sospechas que hoy rodean a uno de los hombres más cercanos a Javier y Karina Milei.
Por ahora, la adhesión al régimen simplificado puede haber reducido riesgos ante el fisco, pero difícilmente logre cerrar el debate político y ético que abrió la decisión de acogerse a un mecanismo cuestionado precisamente cuando crecen los interrogantes sobre su patrimonio.
Fuentes: IProfesional y Bae Negocios.
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