La licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada la privatización más importante del Gobierno de Javier Milei, quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que trascendiera un informe reservado elaborado por especialistas internacionales que señala múltiples irregularidades en el proceso de adjudicación.
Según el documento, difundido por el medio Ámbito Financiero, el pliego diseñado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) habría favorecido al consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul y la empresa local Servimagnus, mediante criterios de evaluación cuestionados, conflictos de interés y condiciones que limitaron la competencia entre oferentes.
El informe sostiene que la licitación estuvo marcada por un cronograma acelerado para una obra de enorme magnitud. Los expertos cuestionaron que la evaluación técnica de casi 5.000 páginas de documentación se realizara en apenas dos semanas, cuando una etapa previa del análisis había demandado seis semanas de trabajo.
Uno de los puntos más sensibles se refiere a la descalificación de gran parte de la experiencia internacional presentada por la empresa DEME, uno de los principales competidores. Los especialistas consideran que esa decisión debilitó la competencia y permitió que el consorcio ganador obtuviera una ventaja decisiva en la puntuación final.
Además, el documento advierte sobre un posible conflicto de interés dentro de la comisión evaluadora. Según la denuncia, algunas certificaciones utilizadas para acreditar la experiencia técnica de la oferta ganadora fueron emitidas por un funcionario que posteriormente participó en la evaluación de las propuestas.
Otra observación relevante apunta a la exigencia de depósitos millonarios para presentar impugnaciones. El mecanismo obligaba a las empresas a inmovilizar hasta 10 millones de dólares por cada instancia de reclamo, una condición que, según los expertos, desalentó cualquier cuestionamiento formal al proceso.
Las críticas también alcanzan la oferta técnica presentada por Jan De Nul-Servimagnus. El informe señala presuntas deficiencias en los planes de dragado, limitaciones en la documentación sobre recursos humanos especializados y vacíos en materia ambiental, incluyendo la falta de medidas concretas para mitigar impactos ecológicos y avanzar en una transición energética.
Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos es la denominada «tarifa piso» establecida en el pliego. Los especialistas sostienen que la fijación de un peaje mínimo eliminó la posibilidad de una verdadera competencia de precios y favoreció la presentación de ofertas alineadas con ese valor. Incluso, afirman que una propuesta presentada en una licitación anterior anulada por el propio Gobierno contemplaba una tarifa hasta un 17% más baja.
El informe también alerta sobre posibles sobrecostos en las tareas de dragado. De acuerdo con los cálculos realizados, existirían discrepancias significativas en distintos componentes presupuestarios que podrían representar incrementos de hasta 26% en los costos totales del proyecto, equivalentes a más de 1.600 millones de dólares durante la concesión.
Mientras la Justicia ya analiza denuncias vinculadas al proceso, el caso suma presión sobre el Gobierno nacional y abre interrogantes sobre la transparencia de una obra estratégica para el comercio exterior argentino. Las conclusiones del documento podrían convertirse en un elemento clave dentro de las investigaciones en curso y poner en revisión una adjudicación que prometía convertirse en un símbolo de transparencia y competitividad.
Fuente: Ámbito Financiero
ADEMÁS EN NEA HOY:
Todos contra Adorni: Villarruel y una larga lista de nombres criticó su declaración jurada
Comenzó en Paraguay el juicio por contrabando contra el exsenador Edgardo Kueider
