Si hay algo que caracteriza al Gobierno de Javier Milei es su alineación total con el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Esta alianza sumó un nuevo capítulo con la firma de una carta de intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur estadounidense. La idea y presentación del convenio viene de parte de la Embajada de Estados Unidos como parte del programa “Protecting Global Commons” (Protección de Bienes Comunes Globales), una iniciativa, aparentemente, orientada a fortalecer la seguridad marítima mediante cooperación tecnológica, capacitación e intercambio de información.
Según trascendió, el acuerdo contempla la incorporación de equipamiento para tareas de vigilancia y monitoreo, además de entrenamiento conjunto y asistencia técnica. También prevé la llegada de aeronaves destinadas al control marítimo. Sin embargo, el contenido total del documento no se puede saber con certeza porque el Gobierno Nacional no difundió oficialmente el contenido completo de la carta de intención. Lo que sí hizo, fue reabrir la discusión histórica sobre el control del Atlántico Sur y el papel que deben tener las potencias extranjeras en una de las zonas estratégicas más importantes para la Argentina.
Qué son los “bienes comunes globales”
Lo curioso es que la forma de presentar el acuerdo es lo que generó buena parte tanto de las críticas como los respaldos. En el ámbito internacional, los “bienes comunes globales” son espacios que trascienden las fronteras nacionales y cuyo uso o protección involucra a múltiples países. Habitualmente se incluyen dentro de esta categoría la alta mar, la atmósfera, el espacio ultraterrestre o el ciberespacio. La idea detrás del término es que varios Estados puedan hacer frente a ciertos desafíos que requieren cooperación global, como la contaminación, la pesca ilegal, etc. Sin embargo, algunos especialistas señalan que aplicar este concepto al Atlántico Sur puede ser una amenaza contra la soberanía argentina.
Justamente, porque se trata de áreas donde Argentina ejerce derechos soberanos reconocidos por el derecho internacional, como la Zona Económica Exclusiva, la plataforma continental o todo lo que compete a la cuestión Malvinas. Otro punto importante en el debate es la importancia geopolítica que ganó el Atlántico Sur en las últimas décadas. La región concentra algunos de los principales recursos pesqueros del planeta, posee potencial para la explotación de hidrocarburos offshore y constituye una vía clave de acceso hacia la Antártida.
A ello se suma la disputa de soberanía por las Islas Malvinas y la creciente competencia internacional por recursos naturales considerados estratégicos. De hecho, una de las razones con las cuales el Gobierno Nacional y el estadounidense justifican el acuerdo es la actividad pesquera extranjera en el límite de la Zona Económica Exclusiva argentina, especialmente en la denominada milla 201, donde operan centenares de embarcaciones provenientes de distintos países. La cuestión es delicada, ya que muchos señalan que el tema de la pesca es sólamente una excusa para que Estados Unidos tenga una mayor vigilancia y control en territorio que también le es ajeno.
Las críticas al acuerdo
Es por eso que entre quienes cuestionan la iniciativa aparece la preocupación de que la tal llamada cooperación internacional avance sobre áreas consideradas estratégicas para el ejercicio de la soberanía nacional. El ex Ministro de Defensa Jorge Taiana sostuvo que la noción de bienes comunes globales no debería extenderse a espacios sobre los cuales Argentina posee derechos soberanos, porque el Atlántico Sur es una región central para cualquier estrategia de desarrollo nacional dada la riqueza de sus recursos renovables y no renovables. “Este acuerdo es una muestra más de la política exterior de alineamiento automático y subordinado con los Estados Unidos impulsada por el Gobierno de Milei”, agregó.
En una línea similar, la ex Ministra de Seguridad Sabina Frederic planteó que la Zona Económica Exclusiva argentina no constituye un bien global y advirtió sobre los peligros que podría tener el intercambio de información estratégica con una potencia extranjera. “La zona económica exclusiva dentro del Mar Argentino no es un bien global: es territorio soberano argentino. Con lo cual, Estados Unidos no tiene por qué entrometerse en la vigilancia de ese espacio”, dijo.
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Cooperación internacional y capacidades propias
También desde organizaciones de excombatientes de Malvinas surgieron cuestionamientos vinculados al rol que debería desempeñar el Estado argentino en la protección de los recursos y espacios marítimos bajo su jurisdicción. “El Gobierno implementa un ajuste brutal sobre las Fuerzas Armadas, hace gala de un discurso nacionalista cuartelero y no pasa ni cerca de la defensa soberana. Como hubo durante la dictadura un plan sistemático de desaparición de personas, hoy hay un plan sistemático de entrega”, opinó Ernesto Alonso del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Lo irónico, es que uno de los argumentos que tiene el Gobierno Nacional para el acuerdo es el ajuste sobre las Fuerzas Armadas. Insisten con que el control efectivo de un espacio marítimo tan extenso requiere inversiones sostenidas en buques, aeronaves, radares, infraestructura y tecnología. Sin embargo, muchos especialistas señalan que la prioridad debería ser desarrollar medios propios, no profundizar la dependencia externa cediendo soberanía.
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