Lo que hasta hace pocos años parecía una escena improbable hoy se convirtió en política oficial: efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas podrán trabajar como conductores de aplicaciones de transporte, repartidores de delivery o personal de seguridad privada para completar ingresos que ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos de una familia.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Defensa, que flexibilizó las restricciones que impedían al personal militar desarrollar actividades laborales fuera del servicio. Lejos de anunciar una mejora salarial para el sector, el Gobierno de Javier Milei optó por habilitar que soldados, suboficiales y oficiales busquen un segundo trabajo en sus horas libres.
La medida fue presentada oficialmente como una ampliación de las libertades laborales de los efectivos. Sin embargo, para numerosos sectores vinculados a la defensa, representa una admisión implícita de una realidad incómoda: los salarios militares quedaron muy por detrás de la inflación y del costo de vida.
Del discurso de la jerarquización a la realidad del pluriempleo
Durante la campaña presidencial, Javier Milei prometió recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas, fortalecer su rol estratégico y mejorar las condiciones de quienes integran la institución. A más de dos años y medio de gestión, la imagen que deja esta resolución parece ir en sentido contrario.
En lugar de una política destinada a recomponer haberes, profesionalizar carreras y fortalecer capacidades operativas, el Gobierno habilita que personal altamente capacitado deba salir a manejar un automóvil para una aplicación o repartir pedidos para llegar a fin de mes.
La contradicción resulta evidente. Mientras desde la Casa Rosada se reivindica permanentemente la importancia de las Fuerzas Armadas para la defensa nacional, miles de efectivos enfrentan una pérdida sostenida del poder adquisitivo que los obliga a buscar ingresos adicionales fuera de la actividad para la que fueron formados.
El ajuste también llegó a los cuarteles
La resolución se enmarca en un contexto de fuertes recortes presupuestarios impulsados por la administración libertaria bajo la bandera del déficit cero. Defensa no quedó al margen de esa política.
Diversas asociaciones de militares retirados, pensionados y personal en actividad vienen denunciando desde hace meses el atraso salarial y la reducción de recursos destinados al funcionamiento de las fuerzas. La nueva normativa aparece, en ese escenario, como una solución transitoria que traslada el problema a los propios trabajadores en lugar de resolverlo desde el Estado.
La pregunta que surge es inevitable: si un militar necesita manejar para Uber o realizar repartos después de cumplir su jornada de servicio, ¿el problema es la falta de libertad para trabajar o la insuficiencia de su salario? Las Fuerzas Armadas cuentan con personal especializado en logística, comunicaciones, transporte pesado, planificación operativa, inteligencia y numerosas áreas técnicas que demandan años de capacitación y experiencia.
La nueva disposición permitirá que esos mismos profesionales alternen sus responsabilidades estratégicas con actividades completamente desvinculadas de su formación. Para muchos analistas, la situación refleja un proceso de precarización que excede al ámbito militar y se replica en distintos sectores del empleo público bajo la gestión libertaria.
Más allá del debate administrativo, la imagen es contundente: hombres y mujeres encargados de funciones vinculadas a la defensa nacional deberán buscar un segundo empleo para compensar la pérdida de ingresos provocada por el ajuste.
Una señal política difícil de ocultar
El Gobierno sostiene que la medida amplía oportunidades y brinda herramientas para que los efectivos mejoren sus ingresos. Pero las críticas apuntan a otro aspecto: cuando un trabajador necesita dos empleos para sostenerse, el problema de fondo sigue siendo el salario.
La autorización para que militares trabajen como choferes de aplicaciones, repartidores o vigiladores privados deja al descubierto una realidad que golpea a amplios sectores de la sociedad argentina. En este caso, además, alcanza a una institución que Milei prometió revalorizar y convertir en una pieza central de su proyecto de país.
Lejos de la prometida jerarquización, la postal que deja esta resolución es la de una fuerza obligada a multiplicar jornadas laborales para sostener ingresos cada vez más deteriorados. Una imagen que sintetiza, quizás como pocas, el impacto del ajuste sobre trabajadores que hoy deben elegir entre servir al país o salir a buscar un ingreso extra para llegar a fin de mes.
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