La Justicia de Corrientes hizo lugar a una presentación del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial y ordenó al Instituto de Obra Social para Abogados y Procuradores (IOSAP) dejar sin efecto el aumento del aporte obligatorio aplicado desde mayo de 2026.
La resolución dispone que el valor del aporte vuelva a los $12.000, luego de que el organismo lo elevara a $15.000. El fallo consideró que el incremento resultaba desproporcionado e injustificado en relación con los índices oficiales de inflación.
La Justicia frenó el incremento aplicado por el IOSAP
El Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Corrientes, a cargo de la jueza Graciela Liliana Lisceiko, resolvió hacer lugar a una medida autosatisfactiva promovida por el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial. La decisión ordena al IOSAP dejar sin efecto el aumento del aporte obligatorio que había comenzado a regir el 1 de mayo de 2026.
La controversia surgió cuando la obra social decidió elevar el valor de la denominada Unidad de Aporte de $12.000 a $15.000, una suma que deben abonar los profesionales en determinadas actuaciones vinculadas al ejercicio de la profesión. Frente a esa medida, el Colegio de Abogados inició una acción judicial urgente para cuestionar la legalidad y razonabilidad del incremento.
En su planteo, la entidad profesional sostuvo que el aumento resultaba “irrazonable, excesivo y lesivo” para los abogados matriculados. Además, advirtió que la medida podía afectar las condiciones económicas del ejercicio profesional, especialmente para quienes desarrollan su actividad de manera independiente.
El Colegio también argumentó que el incremento podía tener consecuencias sobre el acceso a la Justicia, ya que el aporte se exige en cada primera intervención profesional dentro de un expediente.
El análisis judicial y la referencia al IPC
Al analizar el caso, el tribunal examinó la evolución histórica de los aportes en comparación con los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
A partir de esa evaluación, la magistrada concluyó que el aumento aplicado por el IOSAP no guardaba una relación razonable con la evolución de los indicadores económicos utilizados como referencia.
La resolución judicial consideró que fijar el aporte en $15.000 resultaba una medida desproporcionada e injustificada. En los fundamentos del fallo también se señala que la suma exigida podía adquirir un carácter confiscatorio, teniendo en cuenta la obligatoriedad del pago y su incidencia sobre el ejercicio profesional.
Retrotraer el aporte y asumir las costas
Como consecuencia de la decisión judicial, el IOSAP deberá retrotraer el valor del aporte obligatorio a $12.000, monto que estaba vigente desde agosto de 2025 y que no había sido objeto de cuestionamientos en el expediente. De esta manera, el incremento dispuesto para mayo quedó sin efecto.
Además, la jueza resolvió imponer las costas procesales a la entidad demandada. Esto significa que el organismo deberá afrontar los gastos derivados del proceso judicial iniciado por el Colegio de Abogados.
La discusión sobre los aportes vinculados al IOSAP no es nueva en Corrientes. En los últimos años se presentaron iniciativas legislativas y reclamos de distintos sectores de la matrícula para revisar el sistema de aportes y afiliación de los profesionales. Incluso, en 2025 la Legislatura provincial avanzó con modificaciones normativas orientadas a eliminar la obligatoriedad de determinados aportes dentro del régimen.
En ese contexto, el fallo adquiere relevancia porque vuelve a colocar en agenda el debate sobre la sustentabilidad del sistema, la carga económica que afrontan los abogados y la necesidad de encontrar mecanismos que garanticen tanto la cobertura de salud como condiciones razonables para el ejercicio profesional.
Exhortación al diálogo entre las partes
Más allá de la resolución concreta sobre el aporte, la magistrada incluyó una exhortación dirigida tanto al Colegio de Abogados como al IOSAP. En sus fundamentos, instó a ambas instituciones a trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones que beneficien al conjunto de los afiliados y aportantes.
Por el momento, el fallo representa un alivio para los abogados alcanzados por el incremento. Sin embargo, el debate sobre el financiamiento de la obra social y el esquema de aportes continuará siendo un tema central para el sector profesional correntino.
La resolución judicial ya ordenó la inmediata vuelta al valor de $12.000, aunque el caso podría tener nuevas derivaciones institucionales o judiciales. En adelante, la atención estará puesta en la respuesta del IOSAP y en las eventuales instancias que puedan abrirse para redefinir el sistema de aportes de los abogados en Corrientes.
Fuente: Corrientes Hoy
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