La tensión en el ámbito educativo provincial sumó un nuevo capítulo de fricción política tras salir a la luz los planes concretos del oficialismo en la Legislatura. El malestar y el estado de alerta generalizado en los diferentes sectores de la docencia correntina se profundizaron luego de que la diputada provincial de Vamos Corrientes, Ana Améndola, confirmara públicamente que se encuentra abocada a la redacción de un proyecto de ley para modificar el Estatuto del Docente, una estructura normativa que rige la actividad laboral en las aulas del Taragüí desde el año 1982.
La confirmación por parte de la legisladora oficialista se dio en el marco de una entrevista radial donde intentó alinear su agenda legislativa con los mandatos del Poder Ejecutivo. «Estamos trabajando intensamente con mi equipo en todo lo que tiene que ver con el Estatuto Docente; es una tarea ardua. Tiene que dinamizarse, precisamente en este punto específico del que habla el Gobernador sobre la modernización», argumentó Améndola sin rodeos.
Para la parlamentaria provincial, los cambios estructurales resultan impostergables de cara a la digitalización de los procesos estatales. «Tenemos el Instituto de Innovación y Modernización, y todas las políticas de Estado se van a tener que modernizar y entender que hoy existe una dinámica de vida totalmente distinta. Esta reforma es una herramienta fundamental para agilizar todos los procesos administrativos del sector», fundamentó.
El alerta de los Autoconvocados: «No es para mejorar»
La reacción del arco educativo frente a las definiciones de la diputada oficialista —cuyo mandato en la Cámara de Diputados concluye en 2027— fue inmediata y destiló una fuerte desconfianza respecto de las verdaderas intenciones de la flexibilización normativa.
Desde el espacio de Docentes Autoconvocados salieron a cruzar los argumentos de la modernización técnica y pusieron la lupa sobre el secreto con el que se maneja el borrador de la ley.
«El problema central no es actualizar o dotar de modernidad al Estatuto; el verdadero problema radica en que la comunidad educativa nunca fue informada ni convocada para debatir una reforma que impactará de forma directa en la vida laboral de miles de docentes de la provincia», alertaron a través de un documento de posicionamiento.
El dirigente docente Saúl Martínez, integrante activo de este sector, impugnó las formas del oficialismo: «Están queriendo avanzar con esta modificación de fondo sin consultar absolutamente nada a los docentes, que somos los actores principales del sistema educativo».
«Lo están haciendo deliberadamente a espaldas de los trabajadores y entre gallos y medianoche. Siempre que el poder político actúa de esa manera corporativa, sabemos que no es para mejorar las condiciones de las escuelas, sino todo lo contrario», fustigó con dureza.
SUTECO agita el fantasma de la judicialización y exige paritarias
En sintonía con el malestar de las bases, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) endureció su postura institucional y ratificó su absoluto rechazo a lo que consideran un intento de «desmembramiento» de sus conquistas históricas mediante un trámite exprés en la Cámara baja.
Desde el gremio mayoritario recordaron que el Estatuto es la garantía legal de la estabilidad laboral, la carrera profesional y los mecanismos transparentes de acceso a los cargos, por lo que su alteración unilateral carece de toda legitimidad democrática. «Su abordaje bajo ningún punto de vista se puede simplificar bajo el lema vacío de ‘modernización’, mucho menos cuando el manoseo de la norma fundamental se hace en la oscuridad y en el más absoluto de los silencios», dispararon desde la conducción sindical.
La respuesta gremial
Como contrapropuesta regulatoria, SUTECO intimó al Ejecutivo provincial a reglamentar y activar la paritaria provincial docente, un instrumento de negociación colectiva que fue aprobado por la Legislatura correntina hace ya 15 años pero que la administración provincial mantiene bajo llave sin instrumentar.
Para la entidad gremial, resulta inadmisible que las energías legislativas se enfoquen en desarmar el Estatuto mientras las escuelas públicas de Corrientes atraviesan una crisis estructural crónica, caracterizada por el déficit de infraestructura edilicia, la falta de alimentos en los comedores escolares, la escasez de mobiliario básico y un deterioro sostenido del salario docente frente a los índices inflacionarios.
Ante este escenario, desde SUTECO lanzaron una advertencia final y tajante de cara al debate en las comisiones: de avanzar el proyecto oficialista sin el consenso y la firma de las organizaciones sindicales, la reforma docente será inmediatamente judicializada en los tribunales litoraleños.
Fuente: Perfil
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