Cada 25 de mayo, Argentina celebra el momento en que una generación decidió que estas tierras debían gobernarse a sí mismas. La fecha convoca escarapelas, actos escolares y discursos que invocan a los próceres con una familiaridad que rara vez se detiene a interrogarlos. Este año, sin embargo, el contraste entre aquel proyecto emancipador y la política exterior del gobierno de Javier Milei no es una abstracción: tiene nombres, fechas y coordenadas geográficas.
En las últimas semanas, la Armada Argentina firmó una carta de intención con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos para implementar el denominado «Programa de Protección de Bienes Comunes Globales«. El acuerdo, de cinco años de duración, habilita transferencia tecnológica, entrenamiento militar y capacidad de «apoyo» estadounidense para operaciones en el Atlántico Sur. Lo llamativo no es solo el contenido: el anuncio no lo hizo la Cancillería argentina sino la propia Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur, organismo dependiente del Departamento de Defensa de Washington.
La zona económica exclusiva del Mar Argentino es territorio soberano, no un bien global. Con este programa, Estados Unidos obtendrá información estratégica sobre una de las áreas más ricas en recursos renovables y no renovables del país, advirtieron especialistas y exfuncionarios.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic fue directa: «La zona económica exclusiva dentro del Mar Argentino no es un bien global: es territorio soberano argentino«. El exministro de Defensa Jorge Taiana sumó que la lógica de los «bienes comunes globales» implica relativizar la dimensión soberana de un espacio fundamental para el país, abriendo la puerta a una injerencia extranjera sobre áreas clave para su desarrollo. El acuerdo naval se inscribe, además, en la coalición militar «Escudo para las Américas«, que reúne a 17 naciones alineadas con la agenda de Donald Trump y a la que Milei se sumó en marzo pasado viajando personalmente a Washington para el lanzamiento.
Días después, según reveló la revista Foreign Affairs Latinoamérica, el gobierno argentino habría ofrecido el puerto de Ushuaia como activo estratégico dentro de una negociación para incorporarse a la «Junta por la Paz» impulsada por Trump —una suerte de ONU paralela cuya membresía, según los reportes, tiene un costo de mil millones de dólares. La intervención federal del puerto, dispuesta por el propio Milei, adquiere en ese marco un sentido político preciso: habilitarlo para usos militares y comerciales vinculados a la relación bilateral con Washington, en una zona que recibió más de 1.300 buques en las últimas dos temporadas y que representa uno de los principales accesos navales a la Antártida.
Todo esto obliga a volver a Mayo con una pregunta diferente. La Revolución de 1810 fue, ante todo, un acto de construcción de soberanía política. Los hombres de la Primera Junta no eran enemigos del Estado: eran sus arquitectos. Manuel Belgrano impulsaba la industria nacional. Mariano Moreno defendía una intervención política firme sobre la economía. La Junta regulaba el comercio y procuraba controlar los recursos estratégicos del territorio. Y entre sus debates centrales estaba uno que resuena hoy con incomodidad: cómo romper la dependencia española sin caer bajo la órbita británica. Muchos revolucionarios entendían que cambiar de amo no era emancipación.
En 1810, la libertad significaba autogobierno: la capacidad de un pueblo de decidir colectivamente su destino. En el proyecto libertario de Milei, libertad significa desregulación y mercado. Son dos definiciones del mismo término que apuntan en direcciones opuestas.
El contraste no es retórico. Mientras los revolucionarios construían instituciones para consolidar poder propio, el programa de Milei las achica. Mientras aquellos querían que la política local ordenara la economía, este gobierno propone que el mercado global y las alianzas con potencias occidentales ordenen internamente al país. El embajador estadounidense Peter Lamelas no disimuló el alcance de lo acordado: habló de una «alineación estratégica profunda«, superadora de la mera cooperación. Esas palabras, dichas a bordo del portaaviones USS Nimitz con Milei a su lado, describen con precisión el tipo de vínculo que el gobierno argentino eligió construir.
La Revolución de Mayo nació de una pregunta esencial: quién gobierna estas tierras y en beneficio de quién. El proyecto de Milei desplaza esa discusión hacia otro terreno, donde la soberanía nacional pierde centralidad frente a la lógica del mercado global y las alianzas geopolíticas. En ese desplazamiento —que hoy tiene acuerdos firmados, puertos negociados y flotas extranjeras patrullando el Atlántico Sur— se juega quizás la diferencia más profunda entre lo que Mayo fundó y lo que este gobierno propone. No es una traición a los próceres: es otra filosofía política. Pero conviene reconocerlo con honestidad, en lugar de cubrirlo con escarapelas.
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