El lunes a la mañana, efectivos policiales llegaron al territorio de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en el municipio de Garuhapé, y se llevaron detenido al mburuvichá Santiago Ramos. La orden, según relató el propio cacique, fue verbal: un llamado telefónico al juzgado bastó para que lo subieran a un patrullero. No hubo papel. No hubo intérprete. No hubo explicaciones claras.
Esa misma tarde, la situación escaló. Varios móviles policiales ingresaron nuevamente al predio y trasladaron a toda la comunidad a la comisaría de Garuhapé: hombres, mujeres y niños. En total, siete personas fueron detenidas y a todas les secuestraron los teléfonos celulares. A las mujeres las interrogaron por separado sobre datos personales y familiares. Antes de dejarlos ir, les hicieron firmar una notificación en la que constaba que no podían regresar al lugar.
El problema es que esa notificación no existía en ningún expediente. Cuando los abogados de la comunidad accedieron a la causa, comprobaron que no había ninguna orden judicial que avalara las detenciones, el desalojo ni la prohibición de retorno. El expediente, según denunció María Josefa Ramírez, integrante del Equipo Misionero Pastoral Aborigen (EMIPA), recién comenzó a existir el miércoles. Las detenciones habían ocurrido el lunes.
«No se sabe hasta el momento quién fue el responsable, si fue el secretario del juzgado o el juez mismo«, señaló Ramírez.
EMPRESARIO FORESTAL DENUNCIA NUEVA USURPACIÓN DE SUS TIERRAS Y ACUSA A UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE IMPULSAR A LOS MBYA A LA “TOMA MASIVA”
Alfredo Ruff, empresario forestal, denunció una nueva usurpación de sus tierras en Garuhapé y acusó a la organización Equipo Misiones de… pic.twitter.com/xsjoTlBFcd
— misionesonline.net (@misionesonline) May 16, 2026
Un territorio con respaldo legal propio
La comunidad Puente Quemado II lleva más de cincuenta años asentada en la zona. El territorio donde se registró el conflicto fue relevado en el marco de la Ley Nacional 26.160, que reconoce la ocupación ancestral de los pueblos originarios. En 2013 se realizó el relevamiento y en 2015 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitió la resolución con la carpeta técnica correspondiente.
Santiago Ramos lo tiene claro: «Tenemos un papel válido que habla del derecho de los pueblos indígenas. Por eso nosotros volvemos a ese lugar. No somos usurpadores. Somos los primeros habitantes, antes de que llegaran los españoles«.
La decisión de retornar al predio fue colectiva. Parte del territorio relevado estaba ocupado por la empresa forestal Arauco, que había desmontado selva nativa para plantar pinos y eucaliptos. Un incendio de grandes proporciones arrasó esa zona hace tres años, dejando las tierras abandonadas y destruyendo incluso las viviendas de varias familias. Ante ese panorama, la comunidad resolvió trasladarse hacia la otra parte del territorio relevado, donde aún queda monte nativo, y donde ahora opera el propietario Alfredo Ruff.
El propietario que denuncia y la historia que lo precede
Ruff, cuya residencia está en Río Negro, presentó una denuncia por usurpación ante el Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico. También acusó públicamente a EMIPA de haber trasladado personas al predio para «invadir» sus tierras, y describió escenas de supuesta violencia: indígenas apuntando con flechas, ramas bloqueando el camino.
Desde EMIPA respondieron con firmeza. Ramírez reconoció que la camioneta de la organización estuvo en el lugar, pero aclaró que llegaron después de enterarse de la recuperación. Sobre las flechas, la versión comunitaria es diferente: un niño estaba jugando con un arco cuando el propietario apareció en el lugar. Sobre las ramas en el camino, la comunidad explica que las pusieron para evitar que Ruff se llevara a un joven al que quería mostrarle unos papeles alejándolo de los demás.
Lo que sí está documentado es que Ruff ya tuvo antes roces con la comunidad. En 2019, cuando intentó llevar adelante un plan de aprovechamiento forestal en ese mismo predio, la comunidad presentó la carpeta técnica del relevamiento y el Ministerio de Ecología suspendió los trabajos. El año pasado lo intentó nuevamente, y nuevamente fue frenado.
Un conflicto judicial en curso y un contexto que lo agrava
Hace dos años, la comunidad inició un juicio contra el Estado provincial reclamando la titulación de las 600 hectáreas relevadas. Ese proceso sigue abierto y, mientras no haya sentencia, ningún juzgado tiene facultades para ordenar un desalojo, según explicó Ramírez.
El escenario, sin embargo, se ha vuelto más hostil. La derogación parcial de la Ley 26.160 mediante el Decreto 1083/2024 generó confusión sobre los derechos vigentes, aunque desde EMIPA insisten en que los relevamientos ya realizados conservan plena validez. A eso se suma un clima político que, según los referentes de la organización, envalentonó a sectores propietarios: «Se han organizado, tienen el mismo discurso, se autoconvocan. Es notable la diferencia con otros años«, afirmó Ramírez.
La comunidad, tras enterarse de que ninguna orden judicial avalaba su expulsión, regresó al territorio. Santiago Ramos y las familias de Puente Quemado II están nuevamente en el monte. El expediente judicial sigue su curso. Y la pregunta sobre quién tiene derecho a esa tierra sigue sin respuesta institucional.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Las Marías demanda a Misiones por la «aduana paralela»: el rol de Corrientes en la guerra yerbatera
