A orillas del lago Urugua-í, cinco familias mbya guaraní hacen lo que sus antepasados hicieron durante siglos: pescar, cuidar el monte y criar a sus hijos entre árboles. Pero desde diciembre, esa vida cotidiana está atravesada por el miedo. La comunidad Tekoa Okä Porã denuncia que la empresa multinacional Arauco intenta expulsarlos del territorio sin orden judicial, con amenazas directas y presencia policial.
Javier Martínez tiene 26 años y es el cacique de la aldea. En diálogo con NEA HOY, relató lo que ocurrió el 6 de febrero pasado: «Llegó personal de Arauco con dos policías. Dijeron que estábamos en propiedad de ellos y que teníamos que salir sí o sí«. Según Martínez, los visitantes no presentaron ningún papel que avalara sus dichos. «Querían que firmara un acta para que nos fuéramos. Les pedí que me mostraran el título y no trajeron nada, solo decían que no podíamos estar ahí».
No fue la única vez. El cacique contó que en los últimos tres meses se registraron al menos cuatro visitas de ese tipo. «Siempre están cerca de nosotros. Nos graban cuando pasamos. No llegan hasta adentro de la comunidad, pero están ahí».
Un territorio con historia
El lugar que hoy habita Tekoa Okä Porã no es un asentamiento cualquiera. Allí existió durante décadas la comunidad Tekoa Chéiro, hasta que la construcción de la represa Urugua-í —inaugurada en 1990— inundó gran parte del territorio. Los antiguos pobladores abandonaron el lugar empujados por el agua que fue ganando terreno a medida que avanzaban las obras. El cementerio quedó bajo el lago.
Décadas después, descendientes e integrantes del pueblo mbya guaraní decidieron volver. Martínez explicó que llevan aproximadamente cinco años en el lugar, establecidos en un sector más elevado que el asentamiento original. «La comunidad antigua quedó bajo el agua. Nosotros estamos un poquito más arriba, en un cerro, más protegidos», dijo.
Ese retorno no responde solo a una necesidad de vivienda. Para la comunidad, recuperar ese territorio significa también proteger lo que queda del monte nativo frente al avance de los monocultivos. «Arauco no puede plantar más cerca de nosotros, ni pino ni nada. Nosotros queremos marcar y plantar árbol nativo, recuperar la selva de a poco», afirmó el cacique.
Incendios y culpas cruzadas
Las tensiones se agudizaron luego de dos principios de incendio registrados en áreas colindantes de plantaciones de eucaliptos. Según Martínez, la empresa intentó responsabilizar a la comunidad. «Dijeron que fuimos nosotros los que prendimos fuego para destruir el cañaveral de ellos. Pero nosotros no hacemos eso«. Los incendios generaron un clima de angustia que persiste. «Ese día del incendio nos asustó mucho. Casi no dormíamos. Tenemos miedo de que pase algo de noche mientras dormimos«.
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), organización que acompaña a comunidades indígenas en la provincia, advirtieron que esta situación no es aislada. Señalaron que el mismo patrón —representantes de empresas llegando con uniformados policiales para presionar a familias indígenas— se repite en otros territorios, como Puente Quemado II.
El caso se da en un contexto de mayor vulnerabilidad para los pueblos originarios: en 2024, el gobierno nacional derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que prohibía los desalojos de comunidades sin consulta previa y había sido un escudo legal fundamental durante casi dos décadas. Desde entonces, situaciones como la de Tekoa Okä Porã se multiplican en todo el país.
🚨Nuevas denuncias contra la empresa forestal Arauco
⚠️ En Puerto Libertad, Misiones, la comunidad mbya guaraní Tekoa Okä Porã denuncia hostigamientos y amenazas en el marco de un conflicto territorial con la empresa forestal Arauco.
🔥 Desde diciembre de 2025 reportan… pic.twitter.com/bXvo2jeOcV
— EcoNews en español (@econewsES) March 3, 2026
Sin luz, sin agua y sin personería
La comunidad vive en condiciones de extrema precariedad. No tienen acceso a energía eléctrica ni agua potable, situación que se agrava especialmente para los niños y los ancianos. Martínez viajó más de 260 kilómetros hasta Posadas para gestionar ante la Dirección de Asuntos Guaraníes la personería jurídica de la aldea, requisito indispensable para acceder a servicios básicos. «Sí o sí necesitamos ese papel para poder bajar luz y agua», explicó.
Desde el organismo provincial se comprometieron a analizar la situación y coordinar una visita al territorio, pero aún no hay respuestas concretas. También se acercó a Aty Ñeychyrõ, organización tradicional mbya, cuyo referente Mario Borjas confirmó que acompañarán el proceso.
El cacique también planea reunirse con el Intendente local, con la esperanza de encontrar documentación sobre la comunidad antigua que le permita fortalecer el pedido de reconocimiento legal. Mientras tanto, las cinco familias siguen en su territorio. Pescan, cuidan a sus hijos y esperan. «Quiero que nos ayuden a que no nos molesten, que no asusten a los chicos. Nosotros no le hacemos mal a nadie», resumió Javier Martínez.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Las caciques mujeres de la comunidad Mbya Guaraní y sus historia
