En apenas 27 meses de gestión de Javier Milei, la Argentina perdió 24.437 empresas y 357.044 puestos de trabajo registrados. Traducido a la vida cotidiana: cerraron 30 empresas por día y se destruyeron 434 empleos diarios desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026. El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El golpe fue contundente: la construcción perdió 75.238 puestos laborales, la administración pública otros 56.169 y la industria manufacturera 55.575 empleos registrados. Mientras el discurso oficial celebra la «motosierra» y el equilibrio fiscal, los sectores que históricamente funcionaron como motores de empleo aparecen hoy entre los más devastados. La construcción, además, lidera el derrumbe con una caída del 16% en trabajadores registrados.
Pero quizá el dato más revelador sea otro: el 99,71% de las empresas que desaparecieron eran firmas de hasta 500 trabajadores. Es decir, el ajuste golpeó de lleno al entramado pyme, al comercio barrial, a pequeños transportistas, talleres, constructoras y emprendimientos medianos que sostienen gran parte del empleo argentino. Mientras tanto, dos de cada tres puestos destruidos provinieron de grandes empresas. El «reordenamiento» económico prometido terminó traduciéndose en cierre de negocios, despidos y precarización.
El informe del CEPA deja algo claro: el mercado laboral argentino no atravesó una simple desaceleración, sino una contracción profunda y sostenida. El sector más castigado en cantidad de empresas fue el transporte y almacenamiento, con 6.193 empleadores menos. Le siguieron el comercio, los servicios inmobiliarios y la industria manufacturera. No son rubros marginales: son actividades centrales para el movimiento económico diario del país.
La situación también expone una contradicción del discurso libertario. El Gobierno insistió en que la flexibilización y el ajuste generarían «confianza» e inversiones. Sin embargo, los datos muestran menos empleadores, menos trabajadores registrados y una expansión implícita de la informalidad.
Uno de los indicadores más sensibles es el empleo en casas particulares. Allí se perdieron 29.231 puestos registrados en poco más de dos años. El trabajo doméstico suele funcionar como termómetro social: cuando las familias dejan de poder sostener ese gasto, el deterioro económico ya llegó a la vida cotidiana. Y cuando esas trabajadoras pasan a la informalidad, el ajuste deja de ser una discusión macroeconómica para convertirse en supervivencia.
El ajuste dejó de ser una discusión técnica para convertirse en un problema social de enorme magnitud. Porque cuando cierran pymes, cae la construcción y se destruye empleo registrado, no sólo se enfrían los indicadores: se deteriora la vida de millones de argentinos.
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