Un 14 de mayo de 1989, Carlos Saúl Menem ganaba las elecciones presidenciales que lo llevarían a transformar —y devastar— la estructura económica argentina durante una década. Tres décadas y media más tarde, el país asiste a lo que algunos analistas denominan, con apenas disimulada ironía, la versión berreta de aquel experimento: privatizaciones negociadas en los pasillos del poder, fondos reservados utilizados como cajas paralelas, funcionarios con patrimonios inexplicables y un relato que, como entonces, promete modernización mientras vacía las instituciones.
La comparación no es caprichosa ni ornamental. El propio Javier Milei declaró públicamente que Menem fue «el mejor presidente de la historia argentina» e instaló su busto en la Casa Rosada. Luego se desdijo, pero la estructura de su gobierno ya lo había delatado: dos Menem en posiciones clave del armado político, funcionarios formados en los equipos del Ministerio de Economía de los noventa, y el regreso de prácticas que la justicia tardó veinte años en juzgar.
Las privatizaciones como negocio
El menemismo privatizó Aerolíneas, YPF, el correo, el agua, los teléfonos. Lo hizo en nombre de la modernización del Estado, y en muchos casos entregó activos estratégicos a empresarios cercanos al poder a precios muy convenientes. El mileísmo repite el esquema: la reciente transferencia de Transener a la familia Neus por 350 millones de dólares fue señalada por múltiples economistas como un regalo escandaloso. La diferencia es que en los noventa hubo al menos negociaciones formales, licitaciones con algún andamiaje jurídico. Hoy el proceso parece acelerado y con menos mediaciones.
Menem tuvo en Di Tella y Cavallo a cancilleres y ministros con peso propio, redes internacionales reales y criterio técnico —aunque lo usaran al servicio de una agenda que destruyó el entramado productivo nacional. Milei, en cambio, optó por la lealtad incondicional sobre la capacidad. El resultado es un gabinete que no puede explicar sus propios patrimonios: su vocero evitó negar en conferencia de prensa la existencia de sobresueldos, mientras enfrenta preguntas sobre deudas que superan ocho veces su salario anual declarado.
La austeridad como engaño
Durante los noventa, la justicia argentina condenó a Menem, a Domingo Felipe Cavallo y al entonces ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo por esa práctica. La condena a Cavallo fue de tres años y seis meses de prisión con inhabilitación absoluta perpetua. La Corte Suprema extinguió finalmente la causa por violación del plazo razonable —tardó veinte años en resolverse— pero el dato político quedó firme: el hombre que fue presentado como el gran modernizador de la Argentina fue condenado por corrupción sistemática en el pago de sueldos ilegales a funcionarios.
El daño de esa década fue profundo y medible. La desindustrialización acelerada, el endeudamiento externo irresponsable, la destrucción de las capacidades estatales y la concentración de la riqueza en un puñado de grupos empresariales que se beneficiaron de las privatizaciones dejaron una factura que el país pagó con la crisis de 2001. Más de la mitad de la población cayó bajo la línea de pobreza. Empresas construidas durante décadas fueron desguazadas. La deuda pública trepó de 65.000 millones a más de 145.000 millones de dólares.
Menem – Macri – Milei
Hoy el cuadro tiene diferencias de escala pero similitudes de lógica. El discurso de la austeridad convive con un sistema de pagos informales que nadie del oficialismo se anima a desmentir con claridad. El ajuste recae sobre jubilados, empleados públicos y provincias mientras los negocios privados se consolidan alrededor del Estado. La política exterior pasó de la construcción de relaciones Estado a Estado —como ocurrió en los noventa, donde Argentina mantuvo vínculos con republicanos y demócratas indistintamente— al seguidismo acrítico de una figura extranjera, con costos ya visibles en organismos internacionales donde Argentina votó junto a Nicaragua, Rusia y Bielorrusia en cuestiones de derechos humanos.
El problema central no es que los funcionarios cobren bien. El Estado serio paga salarios dignos, transparentes y acordes con la responsabilidad de quienes toman decisiones que afectan a millones de personas. El problema —hoy como entonces— es el recibo para mostrar y la caja paralela millonaria para sostener. Esa doble contabilidad no es solo una cuestión moral: es la señal de que el poder se ejerce sin control, sin rendición de cuentas y sin las reglas básicas que distinguen a una democracia funcional de una cleptocracia con buena prensa.
Treinta y cinco años después del primer triunfo de Menem, Argentina parece condenada a revivir sus peores capítulos. La tragedia, decía Marx, se repite como farsa. En este caso, la farsa tiene el mismo libreto, los mismos apellidos en algunos roles secundarios, y el mismo pueblo pagando la cuenta.
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